Gobierno desoye objeciones del Tribunal de Cuentas y avanza en compra de escáneres

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) resolvió este viernes "profundizar las acciones" que adelante el gobierno para combatir el narcotráfico y decidió avanzar en la compra de tres escáneres para que la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) los destine al control en puertos y pasos fronterizos.

Así, el Poder Ejecutivo resolvió seguir con el proceso licitatorio abierto el año pasado, pese que este proceso fue observado dos veces por el Tribunal de Cuentas (TCR). La última el 10 de enero, cuando luego de una primera objeción el ministerio pidió al organismo revisar la primera decisión, aprobada en octubre de 2022.

El gasto fue observado por los tres ministros del tribunal que responden al Frente Amplio, a los que sumó la presidenta del organismo, Susana Díaz, que permitió así aprobar el informe negativo en mayoría por cuatro votos a tres.

El ministerio, sin embargo, ratificó este viernes que el proceso fue "transparente y ajustado a derecho", avalado además por varios informes de la Asesoría Jurídica del propio TCR, que fueron "desconocidos" por la "mayoría política" en ese organismo de contralor, en una acción que la ministra Azucena Arbeleche calificó este viernes de "contraria a los intereses del país.

La jerarca, que sostuvo que el gobierno lleva adelante una "lucha sin pausa" contra el narcotráfico al entender que se trata de uno de los principales problemas de seguridad pública, insistió: los servicios jurídicos del ministerio también avalaron el proceso y afirman que fue ajustado a derecho, por lo que se decidió seguir adelante con la licitación.

En ese marco la ministra señaló que pedirá ser recibida en el Parlamento para informar "de primera mano" y fundamentar todo el proceso ante los legisladores.

Economía sostuvo que el objetivo es dotar a Aduanas de herramientas fundamentales para el combate al narcotráfico y el contrabando y recordó que la compra de estos elementos es un reclamo de varios años tanto del sector público como del privado.

Fue en octubre de 2020 que la empresa Ciemsa presentó la iniciativa privada (IP) para la instalación de escáneres en el puerto y en pasos fronterizos. La firma ofreció los equipos necesarios y un servicio que funcionaría durante las 24 horas del día y los siete días de la semana. El MEF aceptó la propuesta en junio de 2021 y en ese momento ordenó hacer estudios de factibilidad técnica. En febrero del año pasado estos estuvieron listos y entonces se llevó a cabo un llamado a licitación. Las ofertas se abrieron en abril.

Como Ciemsa había hecho la propuesta, se le dio una ventaja del 8% sobre el valor ofertado en la licitación. En febrero de 2022 se publicó el pliego y tres firmas se presentaron al llamado: Ciemsa (de Uruguay, que se asoció con fabricantes estadounidenses y británicos), Sonda (también de Uruguay, que se asoció a un fabricante chino) y S2 Global (de Estados Unidos).

Tras esto, en mayo del año pasado, la Comisión Asesora de Adjudicaciones declaró no admisible la oferta de la empresa estadounidense por aspectos formales y recomendó que se adjudicara a S2 Global, que ofertó 41,3 millones de dólares. Tras esto, Ciemsa presentó una serie de descargos en los que consideró que fue descalificada de forma ilegítima.

Cuatro meses después, en octubre de 2022, el Tribunal de Cuentas observó la adjudicación a S2 Global por incumplir el artículo 48 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf).

El argumento, según publicó en su momento Búsqueda, fue que cuando se evaluaron las ofertas “la administración adoptó un criterio disímil respecto al pliego y al tenor de las aclaraciones a las consultas referidas”. También señaló que S2 Global no cuenta con estados contables propios