AUDITORÍAS EN EL ESTADO

"Este es el comienzo”, dijo el presidente Luis Lacalle Pou ayer cuando le presentó a su gabinete un grupo de informes realizados por la Auditoría Interna de la Nación que dan cuenta de irregularidades en 12 organismos del Estado.

Unos minutos después, en conferencia de prensa, la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, sostuvo que hubo “desidia” en el uso de los fondos públicos durante los gobiernos del Frente Amplio.

“Con estas primeras auditorías damos el inicio a un proceso de investigación. El Poder Ejecutivo a partir de hoy avanza con investigaciones administrativas en cada una de esas actuaciones y luego, de acuerdo a los elementos que surjan, se enviará a la Justicia lo que corresponda”, agregó la jerarca.

“Hemos encontrado un mal manejo de los fondos que son de todos los uruguayos; reglas que se apartan de la buena administración que uno haría en su casa con su plata. Hemos encontrado que muchas de estas actuaciones se apartaban de la normativa, estaban en contra de la normativa vigente o directamente no había una normativa que habilitara esas actuaciones. Hemos encontrado en muchos casos sistemas de control débiles y que no permiten un uso responsable, eficiente, prolijo de los recursos”, enfatizó Arbeleche.

Con respecto al monto que pudieron implicar para las arcas públicas esas presuntas irregularidades, señaló que es difícil de “cuantificar” y puso el ejemplo de un resonador en el Hospital Maciel “que está listo pero no se puede utilizar”. Y explicó: “Es difícil ponerle un precio a eso pero es algo por lo que se gastó US$ 1.000.000 y no se está pudiendo realizar el diagnóstico correspondiente”.

Luego de la presentación de Arbeleche, varios ministros informaron que hay más auditorías en curso. Luis Alberto Heber, de Transporte; Carlos María Uriarte, de Ganadería; y Pablo Da Silveira, de Educación y Cultura, comentaron que esperan informes con “irregularidades notorias”. Algunos organismos contrataron auditorías privadas que están en curso.

Durante la campaña electoral Lacalle Pou había anunciado que de ganar el gobierno ordenaría la realización de auditorías, con el fin de informarle a la ciudadanía sobre el estado de situación tras 15 años de gobiernos frenteamplistas.

El mandatario ya pidió a cada uno de los organismos acelerar los tiempos para tener todas ellas prontas antes de fin de año, y que en cada caso que lo amerite esto se envíe a la Justicia.

Sobre los datos que se dieron a conocer ayer, aquí se destacan las irregularidades que fueron constatadas en cada organismo.

En cuanto al Fondo Nacional de Recursos (FNR) lo que se evaluó fue la gestión y la ejecución del gasto para los procesos de otorgamiento de las prestaciones que tiene a su cargo el organismo, durante los ejercicios económicos 2018 y 2019. La conclusión a la que se llegó es que el FNR enfrenta “una situación de desfinanciamiento que compromete su liquidez al mediano plazo”. La razón: la “estabilidad de los ingresos y el incremento de los egresos, como consecuencia del aumento de los gastos por acto médico y de gestión”.

La auditoría advierte que para solucionar esta situación hay dos opciones: un aumento de la cuota de portación -que el FNR recibe de los aportes al Fondo Nacional de Salud (Fonasa)-, o la reducción de los gastos.

Otro hallazgo dentro del FNR tiene que ver con un posible “conflicto de intereses”. Por ejemplo, hay quienes forman parte de un Ateneo Médico y a la vez trabajan en una empresa evaluadora o IMAE. El País informó en enero pasado, por ejemplo, sobre una denuncia contra médicos del Hospital Pereira Rossell que derivaban a pacientes a sus propias clínicas privadas para tratamientos de fertilización que eran financiados por el FNR.

Otra de las irregularidades halladas en este organismo es que, mientras el artículo 21 de la ley 17.556 establece que no puede haber retribuciones salariales mayores al 60% de lo que percibe el presidente de la República, se encontraron casos que violan esta normativa. En algunos figuran “Premios por Metas” que no se computaron como parte de los sueldos. En dinero, esto se traduce en $ 299.354 para el año 2018 y $ 323.182 para 2019.

La auditoría realizada en el Centro Uruguayo de Imagenología Molecular (Cudim), detectó que al 22 de mayo de este año no se había instalado en el Hospital Maciel un resonador que valió $ 33.885.361 y que fue adquirido en 2019. Los auditores advirtieron la “falta de planificación y análisis” en cuanto a la “oportunidad” y “conveniencia de la inversión”.

También que el resonador “tendrá costos de mantenimiento asociados al período de inactividad”.

En un segundo caso, los auditores hallaron que el Consejo Honorario de Administración y Coordinación Académica (Chaca), que dirige al Cudim, aprobó un convenio por retiro incentivado que prevé que aquellos funcionarios que tengan una antigüedad ininterrumpida de 10 años, hayan cumplido 65 años y configurado causal jubilatoria, puedan cobrar una partida equivalente a una mensualidad nominal al momento de su retiro, por cada año de antigüedad. En este caso se advirtió sobre la “ineficiencia en el uso de recursos”.

En lo que respecta al Instituto Nacional de Cooperativismo (Inacoop), se halló que se efectuaron varios pagos sin una documentación que los respalde. De $ 8.477.000 ejecutados desde mediados de 2019 hasta fin de año en el marco de un convenio con la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas (Cudecoop), el 76% fue rendido sin comprobantes.

En el organismo que se encarga del control de la regulación del cannabis se hallaron varias irregularidades. Entre ellas, que no se hace un debido seguimiento de los excedentes de droga que quedan en las plantaciones. Aunque la ley advierte que estos quedan a disposición del Ircca, de visitas realizadas a las dos empresas licitatorias “se constató en ambas un volumen significativo de deshechos y productos psicoactivos”.

En la Unidad Centralizada de Adquisiciones (UCA) se vio que no existe una coordinación con los “organismos usuarios” -ASSE, MSP, INAU, Udelar, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, entre otros-, en cuanto a cuáles son los mecanismos de control que permiten disponer de información “relativa a las cantidades entregadas por los proveedores”. Es decir, no se tiene certeza de si lo que se compra tiene concordancia con lo que se entrega.

El informe presenta dos ejemplos: por un lado, la entrega de un proveedor de cantidades superiores a las adjudicadas. Si bien se le compraron 8.000 unidades de “placas mamográficas”, el proveedor entregó 50.800, y claro que cobró por todas ellas. Por otro lado, ya durante la pandemia de COVID-19, el documento advierte que “algunos proveedores desistieron de la entrega de insumos médicos -que supuestamente ya habían sido comprados-, aduciendo que las cantidades adjudicadas en la última licitación ya habían sido entregadas en tiempo y forma” a los distintos organismos.

La auditoría realizada en la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) arrojó siete “hallazgos”, cuatro de ellos con un nivel de criticidad calificado como “alto”.

Uno de ellos refiere, al igual que en el FNR, a las remuneraciones percibidas por algunos empleados de la agencia. Los auditores recuerdan también la ley 17.556, que marca que nadie puede ganar más que el 60% de lo que percibe el presidente.

Pese a esto, la auditoría encontró que en la ANII la remuneración promedio mensual del secretario ejecutivo superó este límite, en un 22% en 2018 y 16% el año pasado. “De no implementar las acciones pertinentes para las remuneraciones fijadas para el ejercicio 2020, las mismas superarían los topes”, sostiene el informe.

Para evitar infringir esta ley se sugiere “instrumentar las acciones que se entiendan pertinentes a efectos de que las remuneraciones se ajusten a la normativa vigente”.

En la Dirección General de Granja se constató la existencia de importantes fondos pendientes de ejecución: se trata de $ 300 millones. El problema con esto es la “pérdida de valor de los activos”. También se halló que los registros de la ejecución financiera del Fondo de la Granja son llevados en una planilla Excel, denominada “Planilla Banco”, donde se copian los movimientos bancarios de los estados de cuenta. Por tanto, no existe una contabilidad que brinde información sobre los saldos.

Otra de las auditorías analiza lo Dirección Nacional de Migración, y lo que sucede con sus tareas en los distintos puntos del país. En cuanto a Artigas, por ejemplo, se advierte que “no es posible realizar un control migratorio íntegro y eficiente”. Advierte que dadas las características de la frontera tan solo se realizan controles a aquellas personas que se presentan para efectuarlos. Además, el horario de atención es limitado, solo de 7 a 19 horas. Se señala, también, que “la lista de impedidos de Brasil no está disponible para su consulta”, por tanto es factible que entren al país personas que tengan impedimentos legales.

En el caso de la Dirección Nacional de Vivienda se evaluó el uso y administración del Fondo Nacional de Vivienda a lo largo de 2019. De la evaluación surgió que la administración y utilización del fondo "no se realiza de manera eficiente y económica lo que impacta en el logro de sus cometidos". "Esto se fundamenta principalmente en la falta de criterios definidos, debilidades de gestión, control y supervisión en las tercerizaciones realizadas, y en la ausencia de información que contribuya a un monitoreo adecuado de los programas habitacionales, así como de los gastos de funcionamientos realizados con el FNV", dice el informe.

En el caso de las soluciones habitacionales se destacan las "deficiencias en la selección de las empresas contratistas y debilidades de control respecto de la supervisión realizada por terceros" y "debilidades en la gestión de garantía de alquileres correspondiente al cobro de deudores y la recuperación de fincas arrendadas". En los gasto de funcionamiento mencionan la existencia de "servicio de vigilancia de inmuebles desocupados por períodos prolongados sin contar con criterios definidos y debilidades de control respecto al servicio prestado", entre otros.

La auditoría dispuesta para Uruguay XXI, organismo encargado de la promoción de la inversión y la exportación de bienes y servicios se basó en la evaluación de si la administración y el uso de los fondos era eficaz y eficiente. Se tomó en cuenta el período entre el 1 de enero de 2018 y el 28 de febrero de 2020. Según el informe "existen debilidades que exponen al organismo a ineficiencias y ausencia de transparencia en el proceso de selección y contratación de servicios tercerizados y consultorías debido
a que la difusión de los llamados se realiza únicamente en la web del organismo, los términos de referencia no contienen los criterios de selección de los postulantes, no existe documentación respaldante que avale los méritos acreditados y no se evidenciaron controles respecto al cumplimiento de las formalidades (acreditación de la representación y certificación de firmas) en la celebración de los contratos con personas jurídicas". Asimismo se sostiene que Uruguay XXI "no logra medir la eficiencia del gasto a partir de una adecuada evaluación del impacto de las acciones que se llevan adelante" y que hay "carencias en cuanto al acceso a información relevante que permita medir la incidencia de las políticas ejecutadas" en materia fundamentalmente de exportación de servicios, monto y empleo de las inversiones extranjeras instaladas.

A esto se suma, según el informe, que respecto a las rendiciones de viáticos "no existe un criterio uniforme de rendición ni existe una descripción de los gastos, siendo difícil evaluar la pertinencia y control de los gastos en el exterior dado que se rinden comprobantes en otros idiomas".

En el caso de la Oficina de Víctimas del Terrorismo de Estado del Ministerio de Salud Pública se buscó evaluar el grado de avance en mejoras propuestas con anterioridad al nuevo gobierno sobre "la criticidad de los riesgos identificados" en una auditoría previa. El resultado del informe dio que en general "se adoptaron medidas considerando las recomendaciones efectuadas" y sostiene que en cuanto al manejo de la oficina es "esperable" que los procesos que se están implementando permitan mejoras. De todas formas plantea que quedan recomendaciones pendientes de implementar como "no haberse limitado de las prestaciones de apoyo científico y técnico a las víctimas directas, la no segregación de funciones incompatibles, la falta de procedimientos competitivos para la adquisición de bienes y servicios y de procedimientos para evitar pagos parciales".

En el caso de Loterías y Quinielas el foco estuvo puesto en verificar "el grado de exposición a los riesgos identificados en el informe de auditoría de fecha 22 de junio de 2018, referente a la evaluación de los controles implementados en el proceso de recaudación por concepto de aciertos no cobrados por los juegos concesionados a Agentes y Sub Agentes". Pero por resolución de la Auditoría Interna de la Nación "se dispuso calificar con carácter reservado el informe y los papeles de trabajo mientras subsistan las condiciones que dieron origen a la misma".