“Ganó la institucionalidad versus la soberbia": diputados de la coalición cambian ley de deudores en UR

Los legisladores de la coalición tenían un desafío: lograr el quórum para poder levantar el receso y aprobar los últimos dos proyectos del periodo después de que el Frente Amplio anunciara que no iba a darlo. La dificultad se notó en los varios minutos después de la hora de convocatoria, a las 11:00, aunque, finalmente, tras llamadas y mensajes, consiguieron los 50 diputados en sala para poder iniciar la última jornada legislativa.

El último día de esta legislatura arrancó con la renuncia a la banca de la diputada del Partido Nacional Nancy Nuñez Soler para asumir como Intendenta de Paysandú, y finalizó con la aprobación de cambios a la ley de deudores en unidades reajustables del BHU y ANV y de promoción de empleo de liberados con un subsidio salarial para las empresas.

Aunque los legisladores del Frente Amplio ingresaron a sala durante la jornada, no estuvieron en ninguno de los momentos de votación por diferencias con el (actual) oficialismo.

La ley de deudores en unidades reajustables del BHU y ANV —que está en plena implementación— se aprobó —tras extensas discusiones y por unanimidad— en noviembre de 2023. El objetivo era que a algunos deudores en unidades reajustables les desaparecieran sus deudas (con más de 40 años) y otros se beneficiaran con una reducción de crédito por una baja de la tasa de interés (que puede descender hasta 0%).

Ahora se hicieron cambios que, según explicó la diputada del Partido Nacional Carmen Tort, son para que la “ley sea aplicable y dé soluciones a familias que siguen con la angustia” por las deudas. En ese sentido, aseguró que “se respeta el espíritu” de lo que se votó hace más de un año. “Hoy ganó la institucionalidad versus la soberbia —afirmó Tort— porque hubo un resultado electoral diferente (al de 2019). Tenemos que estar satisfechos. Seguramente requiera alguna modificación (lo que se vota) y, en el lugar que estemos, vamos a respaldar terminar con el sufrimiento”.

Por su parte, el diputado frentista Gustavo Olmos se mostró crítico con el proyecto al decir que “no hay una estimación del impacto” que tendrá su implementación, algo que “ha sido una constante”. Y añadió: “Esta legislación improvisada y sin elaboración ya la vivimos en este rubro, sin ir más lejos cuando se discutió la ley (inicial de deudores). Pero también cuando nos tocó sacar las castañas de fuego en horas al gobierno por la incapacidad que habían tenido el BHU, la ANV y el Ministerio de Vivienda para frenar las prestaciones cortas de crédito tras la LUC”.

La ley dice que una de las condiciones para ser amparado por los beneficios es que el “crédito original no haya superado los US$ 80.000 al valor de la fecha de su otorgamiento”, a lo que se le sumó que, en el monto, no se tomen en cuenta “rubros como seña, ahorro previo, pozo, ni ningún otro extra que no refiera estrictamente el préstamo a abonar”. Otro cambio está vinculado al estar al día en tributos nacionales y departamentales sobre el inmueble garantía del crédito, y un tercero al mínimo porcentaje de la suma de pagos.

Otro proyecto que se votó está vinculado a la promoción de empleo de las personas liberadas después de haber estado privadas de libertad. La propuesta es dar un subsidio parcial de hasta el 80% de la retribución mensual a los empleadores, en un plazo de contratación que no podrá ser inferior a seis meses ni exceder el año.

Una de las pautas es que el monto del subsidio no podrá superar el 80% de dos salarios mínimos nacionales.

En el proyecto se argumenta que las personas privadas de libertad tienen un “estigma y discriminación social” que es “difícil de superar” ya que “generalmente” están “asociadas con una propensión a cometer delitos, entendiéndose que no son confiables como trabajadores (lo que) hace que muchos empleadores duden en contratarlas”. En ese sentido, continuó: “Este prejuicio se convierte en una barrera fundamental, limitando de forma notoria las posibilidades de acceder al mercado de empleo, perpetuando la marginación económica y social de las personas”.