Funcionarios que denunciaron a Alejandra Casablanca fueron trasladados y comienzan a declarar hoy

La directora de la Secretaría de Derechos Humanos del Pasado Reciente fue acusada por cinco trabajadores de ejercer violencia psicológica en el ámbito laboral. Como medida cautelar, fueron transferidos.

Alejandra Casablanca
Alejandra Casablanca
Foto: Archivo El País.

Cinco funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos del Pasado Reciente, organismo dependiente de Presidencia de la República, fueron trasladados en los últimos días a otras dependencias a raíz de la serie de denuncias por acoso laboral que se presentaron contra Alejandra Casablanca, actual directora del organismo.

Según supo El País, la medida se tomó con el propósito de resguardar a los denunciantes mientras avance la investigación administrativa —de carácter reservado—, en cumplimiento de la medida cautelar prevista en el protocolo de actuación.

Para la indagatoria, fueron convocados a declarar por el Departamento de Servicio de Prevención y Salud en el Trabajo de Presidencia entre este jueves y viernes.

Al menos cinco funcionarios denunciaron a fines de noviembre a Casablanca por situaciones de acoso laboral en el trabajo. Anteriormente, algunos de los trabajadores con los que habló El País mencionaron “insultos”, “destratos” y “violencia psicológica” por parte de la jerarca.

Los consultados coincidieron en describir "un clima laboral tenso y muy complejo", marcado además por amenazas de ser enviados a otras dependencias estatales, dado que la mayoría del personal trabaja en pase en comisión u ocupa cargos de confianza política.

En el Protocolo de Prevención y Atención de Situaciones de Violencia en el Ámbito Laboral de Presidencia —aprobado en febrero de 2020— se declara “a la violencia, discriminación y/o acoso, como prácticas inaceptables en el ámbito laboral”.

En el caso del acoso moral, se lo define como “cualquier comportamiento (acción u omisión) hostil, reiterado, realizado por un individuo o un grupo de individuos, de entidad suficiente para lesionar bienes jurídicos protegidos por el ordenamiento jurídico (dignidad, intimidad vidas privadas, honor, integridad física o psíquica de la persona) susceptible de causar daño al trabajador o perjudicar el ambiente de trabajo”.

Y agrega en base autoras citadas: “El acoso moral en el trabajo se define como toda conducta abusiva (gesto, palabra, comportamiento, actitud) que atenta, por su repetición o sistematización, contra la dignidad o al integridad psíquica o física de una persona, poniendo en peligro su empleo o degradando el ambiente de trabajo”.

El documento sugiere, como ocurrió en los hechos, que previo a la presentación de una denuncia formal se consulte y pida asesoramiento al Servicio de Prevención y Salud.

Luego de formalizada las denuncias y de la adopción de medidas cautelares (el traslado de los funcionarios denunciantes), la persona acusada tendrá cinco días hábiles para realizar sus descargos. Ese plazo ya pasó. Mientras tanto, los actuantes en la investigación contarán con un plazo de 10 días hábiles para tomar otras declaraciones —que puede involucrar también a testigos— y otros 10 para elaborar un informe.

Una vez finalizados los plazos estipulados, el documento deberá ser remitido a las jerarquías correspondientes. Según supo El País, la investigación está a cargo del prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, quien tendrá cinco días para tomar una decisión e instruir una investigación administrativa o un sumario.

Casablanca, que ya fue denunciada por acoso laboral cuando estaba al frente de TV Ciudad, fue designada directora de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente por el presidente de la República, Yamandú Orsi, el 11 de marzo de 2025.

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