El Frente Amplio avanza en la adecuación de sus estatutos para contemplar, en lo que considera un buen comportamiento de militante, cuál debe ser la actitud en relación a las situaciones que puedan ser consideradas violencia y violencia de género tanto en actividades político partidarias como en la vida personal de cada frentista.

Abril de 2023 es la fecha prevista por el presidente de la coalición de izquierda, Fernando Pereira, para que el Plenario Nacional discuta la propuesta que elabora un equipo coordinado por la Comisión de Género y Feminismos del partido.

Un adelanto de este trabajo fue expuesto la semana pasada por Patricia González, la presidenta de la comisión, ante la Mesa Política del FA. Participantes del encuentro señalaron a El País que la meta es actualizar los estatutos vigentes bajo una perspectiva de género, partiendo de la necesidad de contar con “lineamientos claros” para promover conductas y acción política “en el marco de una cultura no discriminatoria, respetuosa de las diversidades y contraria a cualquier forma de violencia”.

De aprobarse lo adelantado, la coalición de izquierda explicitaría que, para garantizar una “convivencia integradora, inclusiva y democrática”, es necesario “combatir toda forma de violencia y discriminación”. Esto abarca “cualquier forma de exclusión de personas y grupos sociales” por aspectos de clase, género, orientación sexual, raza o generación, sin importar que ocurran “en los ámbitos domésticos, políticos, institucionales (o) comunitarios”.

Casos como el del diputado comunista Gerardo Núñez, denunciado por su expareja ante la Justicia por violencia de género, o del exedil salteño Roque Barla, enviado a la cárcel por abusar de su nieta -y luego expulsado del partido-, habían generado debate sobre los alcances de los protocolos actuales. Silvana Ruggiero, coordinadora de la Unidad Temática de los Derechos de las Ciudadanas, dijo a El País en noviembre que el “protocolo de actuación ante situaciones de violencia política hacia mujeres basada en género” contiene “falacias”, por las limitaciones para perseguir estos casos.

Ahora se sugiere enmendar dicho manual, estableciendo que el Tribunal de Conducta Política necesariamente debe consultar las normas de actuación que rigen para los frenteamplistas que ocupan cargos políticos o de confianza, en vez de ser solo una opción.

Dirigentes vinculadas a este proceso señalaron que el trabajo continúa y que, hasta que no haya terminado, no harán declaraciones.

Según supo El País, uno de los cambios sugeridos es que el Frente Amplio se declare explícitamente “antipatriarcal y antirracista”, en consonancia con lo resuelto en el Congreso Rodney Arismendi de 2016. Estos conceptos se sumarían a la definición de la coalición de izquierda como un partido “de concepción nacional, progresista, democrática, popular, antioligárquica, antiimperialista”.

La siguiente incorporación apunta a una definición global del partido, alineada al documento “Principios y valores compartidos” de 2016. De estos valores y principios, dice la propuesta, “deriva una postura ética” que supone “lealtad a los intereses de las mayorías sociales y al programa comprometido con la ciudadanía”. “La libertad, la igualdad, el trabajo, la justicia social, la solidaridad, la democracia, la paz, los derechos humanos, la honestidad y la austeridad republicana constituyen valores sobre los cuales esta fuerza política ha asentado su pensamiento histórico y su identidad, y orientan la conducta política de dirigentes”, agrega el texto.