UNIDAD TEMÁTICA

En 2020, el Frente Amplio celebró como un “hito” la aprobación de su protocolo de actuación ante situaciones de violencia política hacia mujeres basada en género. El manual le llevó a la Unidad Temática de los Derechos de las Ciudadanas (UT) tres años de trabajo, discusión y negociación, que quedaron plasmados en este documento que orienta al partido ante denuncias de militantes o dirigentes.

Ahora, sin embargo, a la interna hay quienes entienden que tiene “limitaciones” y están trabajando en una nueva redacción, que dé más margen de actuación. Concretamente, buscan instalar un marco normativo para actuar ante situaciones de violencia de género que ocurren en el ámbito privado, que no guardan relación con la actividad política del dirigente en cuestión, sobre las que la Justicia no ha laudado.

Silvana Ruggieri, coordinadora de la UT, dijo a El País que la versión final del protocolo incluyó “falacias”, como resultado de que ciertos dirigentes se negaron a abarcar las situaciones de violencia de género en el ámbito privado. De este modo, orgánicamente el partido tiene restricciones para proceder. “El Tribunal de Conducta Política (TCP) no tiene más remedio que pedirle a esa compañera que eleve la denuncia judicial o, si no, decir que es un acto de violencia privada y recomendar que el compañero vaya a un curso de sensibilización”, señaló Ruggieri.

La discusión es incipiente. Se enmarca en una revisión de los estatutos del FA, para aggiornarlos, y la UT lleva la voz cantante.

Encomendada por la Comisión de Género y Feminismo de la coalición de izquierda, esta unidad designó a tres delegadas para avanzar hacia ese proceso. En una primera etapa, Sara Vecino, Giselle Nogués y Susana Kaufmann hicieron una revisión de los estatutos para adaptarlo al lenguaje inclusivo. Vecino explicó que se elevará un borrador a la Mesa Política del FA y luego al Plenario Nacional, que resolverá. “La idea es que quede para el próximo Congreso” del partido, que se desarrollará en diciembre de 2023. A modo de ejemplo, dijo que se sugerirá cambiar “el presidente” por “la Presidencia”, sin aludir a ningún género.

La discusión sobre los límites para juzgar actos de violencia de género de dirigentes en el ámbito privado todavía no se dio formalmente. Ruggieri confía en que “se va a aprobar” la posibilidad de actuar en casos particulares sin que medie un fallo judicial, “porque la realidad es muy obvia” y muestra las limitaciones del protocolo actual.

Patricia González, que encabeza la Comisión de Género y Feminismo de la coalición de izquierda, dijo que todavía no se puede presentar una síntesis. “La reformulación del estatuto del FA es algo bastante grande y lo estamos tomando con mucha responsabilidad, sobre todo para poder tener una discusión pública sobre esto”, indicó a El País. Agregó que el análisis, en general, busca “contribuir al problema de violencia de género que tiene el país”, que afecta a todas las capas de la sociedad y por lo tanto su fuerza política “no está exenta”.

Uno de los casos más sonados es el del diputado del Partido Comunista, Gerardo Núñez, que en marzo se tomó licencia, se alejó de la actividad pública y se puso a disposición del TCP.

Pese a que este sábado el Plenario Nacional del Frente Amplio tratará entre tres y cuatro casos analizados por el TCP, no abordará el del legislador.

Fuentes comunistas indicaron que exactamente el sábado se cumplirá el plazo para que la Justicia evalúe el cumplimiento de las medidas interpuestas al legislador, que debió concurrir a un taller para hombres que ejercen violencia de género tras la denuncia de una expareja. El TCP esperará el pronunciamiento final de la Justicia de Familia para sacar conclusiones sobre el caso.