A pedido de las bases de Montevideo, la Mesa Política del Frente Amplio acordó este lunes abordar la próxima semana la “preocupación” por la “negociación y las tratativas del gobierno uruguayo con respecto a los migrantes cubanos provenientes de Estados Unidos”, un asunto que ha generado rispideces entre la fuerza política y el Poder Ejecutivo desde que trascendió la existencia de un diálogo entre autoridades de ambos países.
A su vez, el presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, planteó una estrategia para fortalecer la organización, con especial énfasis en la convocatoria mensual de la Agrupación Nacional de Gobierno.
El ámbito contará con la presencia de jerarcas como la vicepresidenta, Carolina Cosse, y el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, además de los ministros u otras autoridades que sean convocadas. El sábado 15 habrá una actividad en el teatro El Galpón con el objetivo de “brindar información a los militantes de las coordinadoras y de los sectores del FA".
En el marco de la Rendición de Cuentas, mientras todavía persiste la incertidumbre sobre si el oficialismo logrará conseguir en Diputados los dos votos de Cabildo Abierto necesarios para aprobar el proyecto en general y habilitar así el pasaje a la discusión particular del articulado, desde la coalición de izquierda se convocó a movilizarse el próximo lunes, cuando está previsto llevar el proyecto de ley al pleno de la cámara baja, y "llenar las barras" en el Parlamento.
Comunicado de la Inddhh
Este martes, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh) emitió un comunicado sobre la posibilidad de que “el Estado uruguayo reciba personas deportadas desde territorio estadounidense".
En la misiva, marcó que Uruguay “tiene la oportunidad y la responsabilidad de abordar esta situación manteniendo como principio rector el respeto irrestricto a la dignidad y los derechos humanos de cada persona” y el Estado uruguayo debe comprometerse a dar las garantías para proteger esos derechos.
En esta dirección, sostuvo que para la recepción de personas deportadas deben cumplirse ciertas condiciones mínimas: entrevistas individuales a las personas candidatas al refugio, que no formen parte de programa de menores no acompañados, la aplicación de criterios de la Comisión de Refugiados (CORE) y que el traslado se realice con todas las garantías.
Como último punto, se sostiene que, en caso de concretarse, “las personas tengan acceso inmediato a la documentación que les permita regularizar su situación en Uruguay y garantizar su libertad de movimiento fuera del país”.