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Fenapes presentó sus descargos ante la investigadora de horas sindicales

El sindicato rechaza lo actuado por la comisión y sostiene que la Cámara de Representantes no debe aprobar las resultancias "por ser fruto de una ostensible y grosera ilegalidad".

José Olivera, presidente de Fenapes, en la comisión parlamentaria. Foto: Francisco Flores
José Olivera, presidente de Fenapes, en la comisión parlamentaria. Foto: Francisco Flores (Archivo)

La Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundara (Fenapes) presentó este martes ante la comisión investigadora de horas sindicales un escrito con sus descargos sobre la acusación de los parlamentarios respecto a una serie de posibles delitos como: fraude, estafa, falsificación, entre otros. 

El sindicato aclaró que esto no implica un reconocimiento a la comisión, que se considera “ilegal” por ser Fenapes una persona jurídica de derecho privado.

El texto —firmado por José Olivera, Virginia García Montecoral, Marcel Slamovitz, Ana Pascetto, Alejandra Vespa, Florencia Altamarino, entre otros— pide que la Cámara de Representantes "no apruebe las resultancias de esta comisión, por ser las mismas, fruto de una ostensible y grosera ilegalidad".

En el documento se manifiesta que los miembros de la coalición de gobierno integrantes de la comisión investigadora "no han cumplido con la obligación constitucional y legal de respetar el debido proceso y mucho menos el derecho a defensa".

"Pretender cumplir con dicho mandato, atribuyendo responsabilidad por la presunta comisión de conductas con relevancia penal, sin precisar qué ilícito penal se le atribuye a cada una de las personas que se enumeran en la parte resolutiva de la resolución, de ninguna manera garantiza el derecho de defensa contenido en el macro principio del debido proceso de fuente constitucional y demás instrumentos internacionales de los Derechos Humanos ratificados por nuestro país", señala.

El escrito, a su vez, destaca que se obstaculiza el derecho de defensa y a la configuración probatoria de descargo, de modo que "convierte dicha resolución en absolutamente nula, ya que atenta contra derechos fundamentales".

También señala: "Un acto jurídico que nace nulo por manifiesta ilegalidad no puede irradiar efectos jurídicos válidos, por lo que corresponde a derecho que el pleno de la Cámara de Representantes no apruebe las resultancias de esta comisión, por ser las mismas, fruto de una ostensible y grosera ilegalidad".

"Presenciar cómo legisladores sin pudor alguno avasallan derechos fundamentales de defensa, a la libertad sindical, cuando al momento de asumir en sus cargos juran defender la Constitución, es una clara manifestación del irrespeto que se le tiene a las instituciones como sí también al pueblo que dicen representar", concluye.

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