“SE INVESTIGÓ DURANTE 9 MESES”

La coalición de gobierno acusó a seis sindicalistas de la cúpula de Fenapesde fraude, estafa y falsificación de documentos -por firmar certificados para que docentes obtuvieran licencias sindicales cuando no correspondía- y a los dos exconsejeros de Secundaria (Celsa Puente y Javier Landoni) de omisión, abuso de funciones y posible encubrimiento.

A todos ellos, la Comisión investigadora de Secundaria, que funciona en la órbita de la Cámara de Diputados, les otorgó un plazo 20 días corridos para que hagan su descargo por escrito, como se establece en al artículo 66 de la Constitución de la República. A eso se agrega una prórroga de 10 días. Esto fue aprobado por mayoría, sin los votos del Frente Amplio que cuestionó la resolución.

La decisión fue informada este lunes por los integrantes de la comisión y el miembro denunciante Felipe Schipani (Partido Colorado) en una conferencia de prensa en el Parlamento. El presidente de la investigadora Alfonso Lereté (Partido Nacional) destacó que “se investigó durante nueve meses” y se llegó a la conclusión que hay “presuntas omisiones e irregularidades administrativas y conductas con apariencia delictiva” previstas en el Código Penal (fraude, estafa, falsificación, abuso de funciones y encubrimiento).

“Aquel viejo axioma de que las investigadoras no tienen razón de ser ya es historia”, señaló Lereté al informar a la prensa de lo actuado hasta el momento. Luego de que culmine el plazo para hacer los descargos se elaborarán los informes (en mayoría y minoría) y se convocará a la Cámara de Diputados para aprobar las conclusiones. Allí está sobre la mesa la realización de una denuncia penal, algo que todavía no fue resuelto, pero que ya tiene consenso dentro de la coalición.

Los dirigentes que firmaron los certificados - que apelaban al artículo 70-10 y “convenio vigente”- para que las direcciones de los liceos les otorgarán horas para actividades sindical fueron: el actual presidente de Fenapes, José Olivera; el profesor de Historia Marcel Slamovitz -por el cual se abrió la investigación al faltar 250 horas en dos años en San José-; Virginia García Montecoral (exvicepresidenta del gremio); Graciela Almeida y Alejandra Vespa.

Fuentes de la coalición dijeron a El País que se presume que los sindicalistas incurrieron en fraude (al pretender engañar con los certificados para obtener un provecho que es el de cobrar horas que no se trabajaron y en algunos casos presentismo). Como este delito se aplica entre públicos, en caso de tomarse Fenapes como un privado podría corresponder la figura de estafa.

Para el caso de Puente y Landoni podría configurarse desde omisión (por no denunciar a la Justicia a los que presentaron certificados de Fenapes), abuso de funciones (justificación de faltas sin tener en cuenta un informe de Jurídica que decía no era legal ampararse en el artículo 70-10) y encubrimiento (porque en conocimiento de la falsificación pueden haber evitado la denuncia).

Una vez transcurridos los 20 días de plazo para hacer descargos, se volverá a reunir la comisión investigadora para adoptar la resolución final. “Estamos dando las máximas garantías a todos, como sucedió en todo el trabajo de esta investigadora”, sostuvo Lereté sobre la resolución adoptada ayer en la investigadora.

Luego, la Cámara de Representantes deberá expedirse sobre los informes, en mayoría y minoría, y eventualmente se aprobaría la realización de la denuncia penal a la Justicia.

En la conferencia de prensa de este lunes, el diputado colorado y exfiscal Gustavo Zubía opinó que “el delito fundamental es de fraude”, porque lleva a pagarle a los docentes por horas que no trabajaron. Es decir que obtuvieron un “provecho económico”. Además, Zubía destacó que en la comisión “estuvieron todas las garantías presentes”. Más allá de que el FA se retiró de comisión en varias oportunidades.

A su vez, también en la conferencia de prensa, el diputado de Cabildo Abierto Eduardo Lust relacionó lo sucedido en la anterior administración frenteamplista en Secundaria con el lugar que la izquierda le dio a los sindicatos, que según dijo ya fue subsanado por la Ley de Urgente Consideración (LUC) al eliminar a los delegados docentes en los Consejos de Primaria, Secundaria, UTU y Formación Docente.

El diputado denunciante Felipe Schipani (Partido Colorado) se mostró “tranquilo” por los resultados de la comisión investigadora. “Quedó absolutamente probado que se trata de una práctica generalizada de más de 130 dirigentes de la cúpula de Fenapes. (Marcel) Slamovitz era uno de los 130”, afirmó sobre la presentación de certificados 70-10 que hizo el profesor de Historia.

“Estamos hablando de más de 5.000 horas de clase que se perdieron y millones de pesos que se defraudaron al Estado”, afirmó. Además, Schipani señaló que “la situación de (José) Olivera es como la de (Raúl) Sendic porque sostiene que está el convenio (al que aluden para justificar las faltas por 70-10), pero el convenio no apareció”.

El coordinador del Frente Amplio Gustavo Olmos dijo que en la investigadora hubo un “objetivo político” de parte de la coalición y cuestionó que “se tomen atribuciones de la Fiscalía”.

“En Uruguay es la Fiscalía quien puede imputar delitos y además se extralimita en sus potestades porque no solo acusa a quienes tenían responsabilidades políticas, sino a quienes actuaron en derecho privado como dirigentes de instituciones gremiales”, aseguró.

Además, Olmos se quejó de que se “presenten un conjunto de delitos y un conjunto de personas”, pero nadie sabe de qué se tiene que defender cada uno. En ese marco, opinó que eso hace “inviable” el proceso.

La diputada del Movimiento de Participación Popular (MPP) e integrante de la investigadora, Lilian Galán, aseguró que está “indignada” con el planteo de la coalición, “porque es en Secundaria donde se debe resolver” lo sucedido. “Se imputan delitos como nunca, y la comisión investigadora no tiene esas funciones. Por eso volvemos a decir que esto tiene un fin político: es un circo para entretener mientras pasan cosas graves”, concluyó.