PARLAMENTO

Tal como estaba previsto, la moción que presentó el Frente Amplio en el Senado para solicitar la censura contra el ministro Luis Alberto Heber por el acuerdo en el puerto quedó por el camino, ya que solo fue votada por los 12 senadores de la oposición. Para que la resolución prosperara se necesitaban los votos de la mayoría de la cámara.

En una discusión que duró cerca de dos horas y media, los argumentos utilizados por el Frente Amplio para fundamentar la resolución fueron prácticamente los mismos que se emplearon durante la interpelación realizada a Heber el 18 de agosto.

El senador Charles Carrera, quien había sido el miembro interpelante, insistió en que el gobierno no contó con “informes jurídicos y económicos” que respaldaran el acuerdo alcanzado con Katoen Natie, empresa que logró la extensión de la concesión de la terminal especializada en contenedores hasta 2081. Es un contrato que la coalición de izquierda considera ilegal e inconstitucional, además de que propicia la creación de un supuesto monopolio presuntamente irregular a favor de una multinacional.

“Tuvimos que recurrir a la Justicia para poder acceder a la poca documentación que existe en torno a este acuerdo, que fue realizado con mucho secretismo, falta de transparencia y opacidad”, dijo el legislador del MPP.

En la misma línea se manifestó el senador Mario Bergara, que calificó al contrato de “nefasto” por las consecuencias que tendrá, y dijo que surgía de un “expediente vacío”. Es así que la oposición, como ya lo adelantó, llevará el tema a la Justicia, por lo que el tema “no terminó”, según advirtió Eduardo Bonomi. “Lo vamos a seguir por todos los medios legales posibles”, dijo el exministro del Interior.

Otro de los legisladores del FA que fundamentó a favor de la moción fue Óscar Andrade, quien afirmó que Uruguay está expuesto a la “nulidad del contrato”, ya que la empresa competidora de Katoen Natie, Montecon, presentó recursos ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo cuestionando los decretos que materializaron el acuerdo. Esto, dijo Andrade, “significaría para Uruguay, no para el gobierno, no para el ministro Heber, no para la coalición ni un sector del gobierno que participó activamente del contrato, una circunstancia bochornosa”.

Del lado de la coalición de gobierno intervinieron cinco senadores —Sergio Botana, Gustavo Penadés, Sebastián Da Silva, Jorge Gandini y Juan Straneo—, quienes defendieron la legalidad del contrato y los beneficios en términos de infraestructura que tendrá el puerto con la inversión en obras —por un total de US$ 455 millones— que está llevando adelante la firma como parte del pacto.

En ese sentido, Botana destacó la necesidad de llevar adelante una inversión de ese porte para que el puerto pueda recibir barcos de más de 370 metros de largo, que cada vez son más usados por las líneas marítimas. “¿Es mejor pagarlo con endeudamiento externo? ¿Eso están proponiendo? ¿Endeudar al país? ¿Hacer la obra nosotros? ¿Qué experiencia tenemos nosotros en la conclusión de este tipo de obras?”, se preguntó.

A su turno, Gandini dijo que el debate implicaba “una vez más” el enfrentamiento entre “el cambio y la resistencia”, rememorando el debate parlamentario de 1991, cuando se discutía la ley de puertos, y que entonces también tenía al Partido Nacional en el gobierno promoviendo la norma y al Frente Amplio rechazándola con argumentos similares a los empleados hoy por la actual oposición.

Al Partido Nacional, dijo por su parte Penadés, “la coherencia en estos temas se le debe ser reconocida y respetada”. Y sobre el contrato con la firma belga, aseguró: “¿Quién se anima a decir lo que va a pasar dentro de 15, 20 o 30 años? Es una sociedad (comercial) que es positiva, en la que el Estado participa, y que va a generar en el puerto de Montevideo la posibilidad de una infraestructura que atraiga carga, negocios y comercio”.