El Frente Amplio (FA) busca un “gran acuerdo” para establecer por ley -como quiere hacer Cabildo Abierto por vía constitucional- un mecanismo de reestructura de la deuda de personas físicas, que incluya además un tope a las tasas de interés en los créditos. Para eso la bancada opositora en el Senado presentó un proyecto de ley con el que apuesta a alcanzar el aval del Partido Colorado, lo que permitiría contar con los votos para aprobarlo.

El primer acercamiento es con el senador colorado Adrián Peña, con quien se negoció un texto en común. El senador Charles Carrera (MPP) dijo a El País que, por diferencias “técnicas y doctrinarias”, ese objetivo aún no se logró.

Peña presentará su propio proyecto y ahora el plan es limar esas diferencias en la Comisión de Constitución y Legislación de la cámara alta.

Una vez ocurra, habrá cuatro iniciativas que por diferentes vías buscan lo mismo: una solución política al problema del endeudamiento en la sociedad.

El camino planteado por el FA en 41 artículos propone un mecanismo al que podrán acceder deudores que no sean titulares de un inmueble o que el que tengan no supere un valor actual de $ 4 millones, bienes muebles de más de $ 435 mil o ingresos anuales superiores a $ 870 mil.

El procedimiento estaría a cargo de la Unidad de Defensa del Consumidor. El eventual acuerdo entre deudor y acreedor deberá ser refrendado por un juez, que igualmente podría imponer una “reestructura judicial forzosa”.

El texto del FA, en tanto, considera usura cuando la tasa implícita supere en 35% al promedio publicado por el Banco Central. En su propuesta sería de 20% cuando el crédito sea pagado a través de retenciones a salarios y pasividades. En caso de mora, se considerará usura cuando supere en 60% al promedio fijado por la autoridad monetaria. El FA propone además que la generación de intereses moratorios en deudas por préstamos de 50 mil unidades indexadas (hoy unos $ 291 mil), caducará automáticamente a los 24 meses.

Por otra parte, el FA plantea prohibir la limitación en el acceso a la titularidad de servicios básicos en función del historial crediticio. Allí se incluye, luz, agua, telefonía, conectividad y garantías de alquiler.

Además prevé la “actuación culpable del acreedor” si al otorgar el crédito no le proporciona al deudor toda la información correspondiente, si realiza prácticas abusivas para su cobro, o toda vez que las cuotas exigidas superen el 50% de los ingresos declarados por el tomador de la deuda.

El proyecto de los senadores del FA cita también al BCU al recordar que un informe de ese organismo indicó en 2022 que cerca de un millón de personas registraban algún tipo de atraso en el Clearing de Informes. A su vez, cerca de 300 mil tenían la peor calificación en la Central de Riesgos Crediticios de la institución. La oposición habla allí de una “gran mayoría” de uruguayos “acorralados” y “embargados” en “plena época de crisis”.

Cabildo Abierto, en tanto, promueve una solución que se incorpore en la Constitución. Para ello se propuso juntar 270 mil firmas antes del 27 abril, y así plebiscitar la propuesta en paralelo a las próximas elecciones nacionales. “Tenemos la esperanza de poder terminar antes, en marzo”, afirmó la semana pasada en una audición partidaria la senadora Irene Moreira, que remarcó la disposición de su partido a acordar con otras fuerzas políticas una ley que colme sus expectativas, sin que eso implique dejar de recabar las firmas. Hasta ahora, los cabildantes anunciaron que llevan más de 100 mil, según dijo su líder, el senador Guido Manini Ríos.

La propuesta cabildante plantea incorporar en la Constitución una disposición transitoria para que el interés máximo que se pueda cobrar por todo concepto se fije en una tasa efectiva anual de 30%. También que todas las deudas que hayan sido contraídas antes del 18 de julio de 2023 podrán ser canceladas a través del pago del monto inicial del crédito más una tasa efectiva anual de 4%. Al monto total se le descontarán los pagos ya efectuados por el deudor. Las deudas no podrán superar las 200 mil unidades indexadas, equivalentes hoy a $ 1,2 millones. Para que la reforma constitucional sea aprobada deberá obtener la mayoría absoluta de los votos emitidos en la elección, y comenzaría a aplicarse el 1° de marzo de 2025.

En paralelo, el Senado discute otro proyecto de ley, presentado por la senadora blanca Carmen Asiaín. En su caso se propone un mecanismo acordado, sin que un juez pueda ordenar una reestructura forzosa de deudas. Su iniciativa es más restrictiva ya que exige que la deuda tenga más de cuatro años y que los deudores no tengan propiedades con un va- lor mayor a $ 2,3 millones e ingresos de más de $ 812 mil anuales.