Redacción El País
El presidente del Banco Central (BCU), Diego Labat, salió al cruce de la propuesta de Cabildo Abierto de convocar un plebiscito para reformar la Constitución y establecer una reestructuración de deudas.

Labat habló en una actividad en la Universidad Católica, donde recordó que sobre el tema de las dificultades para pagar de una parte de los uruguayos y las tasas de interés que se cobran por los créditos ha habido proyectos de ley de todos los partidos políticos.

“Plantear que no ha habido soluciones es incorrecto, primero porque desde que asumí en el Banco Central se han tomado varias medidas que buscan mejorar el mercado de créditos”, afirmó y apuntó que “lo que no ha habido es consenso para que se votara una ley”.

El presidente del BCU reconoció que “hay cosas para corregir” y que “hay propuestas arriba de la mesa” (como la de Cabildo Abierto). Pero, en una referencia crítica a estas iniciativas expresó que “tienen que estar bien fundadas y buscar soluciones que ya sepamos que en otros lugares funcionaron”.

Señaló que es legítimo que preocupe el nivel de tasa de interés, pero también deben verse otros aspectos como el acceso al crédito, la formalidad del mercado, los plazos y las posibilidades de refinanciamiento.

Para Labat, la actual ley de Usura (18.212, del diciembre de 2007), planteó una solución “muy loable, pero el resultado fue exactamente el contrario”. Ejemplificó que en febrero de 2008 la tasa media (con la que se determina el tope para usura) para créditos mayores a 10.000 Unidades Indexadas ($ 58.089 actualmente) era 36%, que en diciembre de 2019 llegó a 92% y que en la actualidad se ubica en 59%.

También recordó que en la Central de Riesgos del BCU existe un registro de casi 2 millones de personas, de las que cerca de dos tercios tienen un comportamiento de crédito saludable.

Labat indicó que hay 660.000 personas que están calificadas como deudores de categoría 5 (irrecuperables para las instituciones financieras).

Sin embargo, “hay que poner cierta relatividad; porque de esos 660.000, 37% tiene una buena categoría en alguna otra institución” y aproximadamente 290.000 personas de la categoría 5 también mantienen incumplimientos en empresas que no son financieras, como por ejemplo servicios públicos, explicó Labat.