La coalición republicana hace un seguimiento atento de las novedades en torno a la Fiscalía General de la Nación, liderada por Mónica Ferrero como jerarca subrogante, y a quien han dado más de una vez su respaldo directo e incluso han ofrecido al oficialismo votarla como titular del Ministerio Público. En este marco, y luego de que el Ministerio de Educación y Cultura revocara dos sanciones internas dispuestas por Ferrero, el senador colorado Andrés Ojeda pidió hace unos días que fuera convocado el titular de esa cartera, José Carlos Mahía, para que diera sus explicaciones.
La propuesta del secretario general del Partido Colorado, enviada a la presidenta de la comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores, la nacionalista Graciela Biachi, plantea la convocatoria "a fin de que informe sobre las recientes resoluciones que dejaron sin efecto sanciones disciplinarias impuestas por la Fiscalía General de la Nación". Aclara también que "no se encuentra en discusión el contenido de la política educativa ni la gestión" del ministerio involucrado, sino analizar el "modo en que el Poder Ejecutivo, por intermedio del ministerio, ejerce la tutela administrativa prevista en el artículo 197 de la Constitución sobre un servicio descentralizado".
En este sentido, y tal como se consigna en el texto, los dos casos que preocuparon a Ojeda son la decisión de dejar sin efecto una sanción contra la fiscal adscripta Gabriela Aguirre —de quien se había constatado que hacía aportes a la Caja de Profesionales— y otra contra la fiscal Stella Alciaturi —quien imputó al intendente blanco Guillermo Besozzi, luego fue sobreseído, por presuntos delitos de corrupción que no llegaron ni siquiera a formalizarse—. A esta última se la había penado con 10 días de suspensión sin goce de sueldo, luego de que se probara que había realizado opiniones de carácter político, concretamente críticas al Partido Nacional, en sus redes sociales.
"La reiteración de estas intervenciones del Poder Ejecutivo", cuestionó Ojeda, "amerita que el señor ministro comparezca ante esta comisión a fin de explicar los fundamentos de dichas resoluciones, así como el alcance y la frecuencia con que ejerce esa tutela y sus posibles efectos sobre la autonomía técnica y funcional que se procuró asegurar a la Fiscalía al transformarla en un servicio descentralizado".
Estas críticas, a su vez, tienen lugar en momentos en que la oposición mantiene en el centro de mira al prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, sobre todo a partir de que este manifestara en diálogo con La Diaria que le parecía "razonable" que el fiscal Diego Pérez no asumiera al frente de la Fiscalía de Delitos Económicos que lleva adelante casos clave, y que el funcionario le respondiera luego —en declaraciones a El País— que el exfiscal de Corte estaba incurriendo en una "indebida injerencia".
Un comunicado del Partido Nacional solicitó el pasado viernes al presidente Yamandú Orsi que adoptara "las medidas necesarias para garantizar la independencia de la Fiscalía General de la Nación" y que hiciera cesar “de inmediato” cualquier presión, intromisión o injerencia del Poder Ejecutivo.