El MSP quiere crear una Agencia de Vigilancia Sanitaria y la oposición lo rechaza: qué es y qué se le critica

Redacción El País
En proyectos de presupuesto, además de reasignar, distribuir y aumentar recursos para las distintas reparticiones del Estado, los gobiernos suelen aprovechar para introducir cambios normativos o incluso crear organismos. En esta oportunidad, entre otras iniciativas, el gobierno de Yamandú Orsi propuso la creación de la Agencia de Vigilancia Sanitaria del Uruguay (Avisu). El tema ya comenzó a ser discutido en la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de Diputados, que recibió este martes a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, y por el momento solo recibió cuestionamientos de la oposición.

En concreto, y tal como lo resumió la titular del MSP, el gobierno pretende que haya un organismo independiente —público no estatal— que ejerza la "autoridad regulatoria nacional" y tenga "autonomía técnica, administrativa y financiera, dotada de competencias específicas para regular, autorizar, fiscalizar y monitorear medicamentos, dispositivos médicos, productos sanitarios y tecnologías de salud, incluyendo aquellas de base digital y con inteligencia artificial".

"Esta propuesta —dijo también Lustemberg— responde a una necesidad largamente reconocida por diversos actores del sistema de salud uruguayo: contar con una autoridad reguladora nacional especializada que sea moderna, eficiente, con legitimidad técnica, que garantice la seguridad, calidad, eficacia y trazabilidad de las tecnologías sanitarias que se utilizan y comercializan en el país".

Es, en definitiva, para la ministar, un proyecto que otorgaría un "fortalecimiento estratégico" del rol de rectoría del MSP, "en línea con los modelos propuestos por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud" y da respuesta a una necesidad que estaba dejando aislado al país.

"Uruguay no puede seguir siendo uno de los poquísimos países de la región que carezca de una agencia de este tipo", enfatizó sobre un tema que fue mencionado unas 120 veces por legisladores de los partidos Nacional, Colorado, Independiente e incluso Identidad Soberana. Todas referencias que constituyen cuestionamientos y preguntas a fondo que marcaron un claro rechazo inicial a la propuesta.

El primero en hacerlo, de acuerdo a la versión taquigráfica de la sesión, fue el diputado blanco José Luis Satdjian, subsecretario de Salud Pública en el período pasado. Su centró en dos aspectos: en que Uruguay nunca tuvo una agencia de este tipo y sin embargo "exporta medicamentos, y funcionan los laboratorios, y hay garantía sanitaria" que brinda el propio MSP. Y en que lo que se está haciendo con la creación de este organismo es una privatización. "Acá quiero hacer un hincapié: estamos privatizando, y no hay que tenerle miedo a la palabra, porque están privatizando, se pasa a una persona de derecho público no estatal, se saca del Estado, del derecho del Estado, va a pasar a estar en la esfera privada".

A algo similar se refirió el diputado Pablo Abdala, para quien no está claro si es una privatización o "tercerización", pero que de seguro implica un debilitamiento desde el punto de vista del cumplimiento de una función o de un cometido absolutamente primordial". "Porque ¿cuál es el fundamento? ¿Qué es lo que se gana creando esta persona pública paraestatal, respecto de la cual el Ministerio de Salud Pública solo será parte de su conducción, compartiendo la gestión? —se preguntó el nacionalista—. Yo creo que es una forma, en algún sentido, de ceder, por parte del Ministerio de Salud Pública, de renunciar a parte importante de su competencia, de abdicar de su función y finalidad primordial, que es velar por la salud de la población".

De modo que, para el Partido Nacional, lo que hay son "enormes incertidumbres", resumió el legislador Amin Niffouri.

Y las preguntas de los colorados apuntaron en la misma dirección.

"¿Por qué no se estipuló la posibilidad de fortalecer algún área del Ministerio de Salud Pública donde ya hay funcionarios que se dedican a esta tarea y se decidió crear una agencia paraestatal?", cuestionó Conrado Rodríguez, coordinador de la bancada de este partido, que subrayó: "Acá lo que vemos es una superposición de tareas y de recursos que se utilizan y que el Estado va a tener que abonar, lo que no nos parece de buena administración".

Como primer paso para solventar a Avisu, el gobierno propone una partida de $ 40 millones anuales, una cantidad que supera ampliamente el incremento dispuesto para atender la salud mental, lo que también fue remarcado por la oposición, cuando se criticó que no se dotara al organismo con funcionarios de la cartera. "Si uno lo compara, por ejemplo, con los $ 10 millones que se piden para salud mental", surge la siguiente pregunta, dijo por su parte del diputado blanco Andrés Grezzi de Armas: "¿No se podría hacer una reestructura con los funcionarios que tiene y que esta función que se plantea con la agencia la pudieran realizar?".

En nombre del partido de Gustavo Salle, su hija Nicole —con quien completa el total de parlamentarios de este partido—, cuestionó en tanto que la definición de Avisu como organismo "no estatal" tiene por efecto blindarlo de "controles democráticos, debilitando el control político y ciudadano sobre decisiones críticas de salud pública".

"Me resulta bastante increíble que la Agencia se cree dentro de la Ley de Presupuesto. Lo que debería discutirse con transparencia y profundidad en una ley orgánica se esconde en un artículo de Ley de Presupuesto, y así, bajo el contexto de eficiencia, se instala un modelo de gobernanza tecnocrática y supranacional que erosiona nuestra institución republicana", concluyó.