Ejecutivo propone aplicar el IRPF a los activos de uruguayos afuera y un nuevo impuesto a las multinacionales

Redacción El País
Elproyecto de Presupuesto Nacional 2025-2029 incluye un paquete de modificaciones tributarias que, según la exposición de motivos, buscan modernizar el sistema uruguayo y alinearlo a las nuevas tendencias internacionales en materia fiscal.

Si bien se trata de ajustes puntuales y no de una reforma integral, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sostiene que los cambios permitirán localizar en Uruguay tributos que hoy se pagan en el exterior y reforzar la equidad entre los contribuyentes.

Los ejes más relevantes de las modificaciones concentran en tres áreas: la creación de un impuesto mínimo complementario en línea con el acuerdo internacional sobre tributación a multinacionales, la aplicación de IVA a las compras realizadas en plataformas web del exterior (ver aparte) —excepto las estadounidenses— y la extensión del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a los incrementos patrimoniales derivados de activos de uruguayos situadas fuera del país.

El gobierno reconoció que la irrupción del Impuesto Mínimo Global —un gravamen del 15% acordado en el marco de la OCDE y el G20 para empresas multinacionales que facturan más de US$ 750 millones— neutraliza “los beneficios tributarios que Uruguay ha venido concediendo para promover la inversión y el empleo”, según expresaron en el documento de exposición de motivos.

Según se explica en el documento, cuando una empresa extranjera instalada en el país se beneficia de exoneraciones locales, esas rentas igualmente pueden ser gravadas en la jurisdicción de la casa matriz, lo que termina significando que el sacrificio fiscal uruguayo se traduce en una transferencia hacia otros países. Para evitar ese efecto, el gobierno de Orsi propone la creación de un Impuesto Mínimo Complementario Doméstico, que no supone un incremento de la carga tributaria, sino un cambio en la localización del pago. Es decir, lo que hoy se tributa en el exterior, pasará a recaudarse en Uruguay.

Cosse y Oddone presentando el presupuesto. Foto: Darwin Borrelli.

El mismo razonamiento se aplica a la eliminación de ciertas exoneraciones sobre dividendos y utilidades que las empresas uruguayas distribuyen a accionistas no residentes, siempre que esos países otorguen crédito fiscal por el impuesto abonado en Uruguay.

En ambos casos, el contribuyente no pagará más impuestos en términos globales, pero el país asegura que parte de esa recaudación quede en su Tesorería y no en la de otras jurisdicciones.

Otro de los cambios centrales apunta a cerrar un vacío normativo en el IRPF. Desde 2011, Uruguay grava los rendimientos de capital mobiliario generados en el exterior bajo el principio de renta mundial. Sin embargo, la reforma de aquel año dejó fuera algunos ingresos relevantes: los incrementos patrimoniales derivados de la venta de los activos, así como los rendimientos de capital inmobiliario y las ganancias de capital asociadas a inmuebles fuera del país. El proyecto de Presupuesto propone corregir esa omisión, de modo que todos los rendimientos de inversiones en el exterior —financieras o inmobiliarias— tributen en condiciones similares a las locales. Según el Ejecutivo, esto busca asegurar que el sistema no discrimine a favor de las operaciones fuera del país, reforzando así la equidad horizontal entre contribuyentes.

Cosse y Oddone en la presentación presupuestal. Foto: Darwin Borrelli.

En paralelo, se introduce una cláusula antiabuso para impedir que la venta de empresas o inmuebles en Uruguay se canalice a través de transferencias indirectas en sociedades extranjeras, una maniobra que en los hechos elude los impuestos locales.