Diputados citan a comisión a la ministra de Defensa para que explique rescisión de contrato con Cardama

Redacción El País
Los diputados Gabriel Gianoli (Partido Nacional) y Maximiliano Campo (Partido Colorado) solicitaron este viernes que la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, comparezca ante la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados para explicar las razones detrás de la rescisión del contrato con el astillero español Cardama, encargado de construir dos patrulleras oceánicas (OPV) por un monto superior a 82 millones de euros (unos 92 millones de dólares).

El diputado colorado Maximiliano Campo señaló a El País que el pedido tiene como objetivo conocer “dictámenes, informes técnicos, comunicaciones con el astillero y los avances en las obras de construcción” de las OPV.

“Queremos recibir toda la información de primera mano y conocer las razones. Es un perjuicio para el país desde donde se lo mire. Ya pusimos 30 millones de dólares; o perdemos eso, o enfrentamos un juicio posterior. Hay que tener todos los elementos antes de sacar conclusiones”, afirmó.

Campo agregó que la secretaría de la comisión se comunicará con la ministra Lazo, quien ofrecerá las fechas disponibles para concurrir. “Esperemos que sea en la brevedad posible”, indicó.

Por su parte, el nacionalista Gabriel Gianoli expresó a El País su sorpresa ante la decisión de Defensa de cancelar el contrato, asegurando que el proceso de construcción se venía cumpliendo en tiempo y forma. “Nos sorprendió de sobremanera la decisión del gobierno. Se estaba cumpliendo con el contrato. Estando la ministra en funciones se pagaron los hitos correspondientes a la construcción de las OPV”, sostuvo.

Gianoli explicó que existía una garantía de fiel cumplimiento del 5% del valor total del contrato, y que el problema surgió por un aspecto administrativo accesorio, no por incumplimiento del contrato principal. “Nadie habla de que el contrato se haya incumplido para ejecutar la garantía. Se pagó el tercer avance de obra, que estaba respaldado por una carta de crédito entre el Banco República y el Deutsche Bank por 12,3 millones de euros”, detalló.

Según el diputado, la certificación del avance de obra estaba a cargo de la calificadora Lloyd’s Register, una de las más reconocidas del mundo, que “certificó los materiales y motores”. “Cuando Lloyd’s dice que se cumplió la etapa, se libera el pago, lo que ocurrió en junio. No hay incumplimiento, por lo tanto no hay ejecución de garantía”, enfatizó.

Gianoli cuestionó además la falta de comunicación entre el Ministerio de Defensa y la empresa Cardama. “No hubo contacto entre las partes para cambiar la garantía. Cardama vino a Uruguay el 12 de abril, con las empresas del consorcio que integran el armado de las OPV, y no los quisieron recibir. La obra tiene un avance del 60%. ¿Qué hacemos con esa nave a medio construir? ¿Seguimos acumulando chatarra?”, se preguntó.

El legislador recordó otros episodios de proyectos inconclusos, como “los aviones de Pluna o los pilotes de la regasificadora”, y consideró que el gobierno debería haber resuelto el problema contractual “a través de la garantía de fiel cumplimiento”.

Finalmente, Gianoli señaló que, según el contrato, la primera patrullera debía entregarse 18 meses después del inicio de la obra, en agosto de 2026, y que dos oficiales uruguayos debían estar presentes desde febrero en la construcción, pero recién viajaron en setiembre. “Por ese motivo también presenté un pedido de informes”, concluyó.

Foto: El País.