Defensa capacitará a policías para que conduzcan los blindados: esto dice el acuerdo entre los ministerios

El Consejo de Ministros autorizó este viernes el acuerdo entre el Ministerio del Interior y Defensa para el préstamo de hasta 12 vehículos blindados que se usarán para patrullar barrios afectados por el crimen organizado. Este sábado, Presidencia divulgó el texto del acuerdo, que prevé, por ejemplo, que la cartera que encabeza Sandra Lazo capacite a los policías que conducirán estos vehículos especiales.

Como había adelantado el ministro Carlos Negro, el acuerdo también presenta la posibilidad de que, si fuera necesario, un militar también pueda hacerlo. Específicamente, el convenio dice: "En caso de ser requerido por el Ministerio del Interior, designar a personal militar capacitado en el uso de los referidos vehículos bajo los mecanismos legales correspondientes, a los efectos de la conducción de los mismos".

Este punto generó un cruce entre oficialismo y oposición, porque si bien Negro expresó que a su entender no es necesario cambiar ninguna ley para llevar adelante esta práctica, el exministro de Defensa, Javier García, consideró lo contrario. Se está "exponiendo al personal militar a defenderse en forma personal en caso de agresión y sin el amparo del Estado que le ordena una misión pero lo deja solo".

El acuerdo establece que, una vez puesto en vigencia, el Ministerio del Interior está comprometido a mantener los vehículos en condiciones y repararlos, a su costo, si fueran dañados, incluso si estos daños fueran generados por terceros, a solventar los gastos de combustibles y lubricantes, a prever su seguridad y a devolverlos anticipadamente "de existir razones de fuerza mayor o caso fortuito que obliguen al Ministerio de Defensa Nacional a exigir la devolución".

El contrato va a entrar en vigencia desde la fecha de su suscripción y culminará a los seis meses, aunque puede ser extendidos por el mismo lapso varias veces hasta que finalice el periodo de gobierno, el 1^o de marzo de 2030. El convenio puede rescindirse si se constata que alguna de las partes cumplió sus obligaciones y, ante la notificación de esta, no rectifica su error (ya sea acción u omisión).