La Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) planteará en un informe que se divulgará hoy la necesidad de elaborar políticas interinstitucionales que atiendan de forma particular el desafío representado por un fenómeno en aumento: la situación de los jóvenes mayores de edad que están cumpliendo penas de encierro por delitos cometidos cuando tenían menos de 18 años.

Por ley y de acuerdo a la normativa internacional, los que cometen delitos siendo menores no pueden ir a cumplir su pena a una cárcel de adultos. Deben hacerlo en dependencias del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa). Cuando pasan a ser mayores de edad, continúan allí, por eso estos ya representan el 40% del sistema y la cifra “solo irá en ascenso”. Así lo indica el documento, al que accedió El País.

Esto se da por un factor concreto, a partir de un cambio normativo ocurrido hace más de tres años. Es que la Ley de Urgente Consideración (LUC) elevó de cinco a 10 años la pena máxima que puedan cumplir los menores en casos de delitos graves como homicidio intencional, abuso sexual o violación. Y eso lleva a que, si cometieron esos crímenes a los 17 años, puedan permanecer en el Inisa hasta los 27 años, cuando, alerta el Inddhh, ya están “en plena madurez y etapa productiva”.

El fenómeno había sido advertido este año en el Parlamento por la propia institución involucrada. A agosto de este año, 81 de los 283 jóvenes que cumplen medidas de encierro en el organismo son mayores de edad. La Inddhh apunta a un enfoque de atención específico para estos desde el punto de vista social, laboral y educativo. Lo que preocupa es que, al convivir adolescentes y jóvenes en un mismo centro, los planes de intervención resulten homogeneizados para ambos grupos, “a sabiendas de que las mismas actividades educativas, deportivas, de formación profesional y de esparcimiento despiertan un interés y representan una contribución al desarrollo dependiendo de la edad de las personas”.

La Inddhh también señaló que la adquisición de la mayoría de edad puede implicar el agravamiento de las condiciones de encierro. De ocurrir, se advierte, “se asimilaría a las medidas que reciben los adultos en las cárceles”.

“La separación de adolescentes de jóvenes mayores de 18 años solamente puede estar fundada en el interés superior de los primeros, y nunca en el agravamiento per se de las condiciones de encierro y ejecutabilidad de las medidas de los jóvenes por el mero hecho de cumplir 18 años”, agrega el informe.

Este tema había cobrado relevancia con el caso de Valentina Cancela, la adolescente de 17 asesinada en Maldonado por su exnovio en agosto de este año. El joven, de la misma edad, fue derivado a dependencias del Inisa. La Fiscalía pidió en su contra, justamente, una pena de diez años de reclusión. Fue el primer menor, desde que existe el Inisa con entidad independiente, en ser imputado por femicidio.

Si la condena pedida se concreta, estará allí hasta que cumpla 27 años. Lo que la Inddhh subraya en su informe es la necesidad de una respuesta a la problemática de los mayores encerrados en el Inisa, pero advierte que esta no debe ser únicamente habitacional o edilicia. Debe implicar, se afirma, la puesta en marcha de estrategias integrales adaptadas a las necesidades específicas en función de la edad.

Allí se incluyen circunstancias de todo tipo, que contemplen la “singularidad” de cada joven. En concreto, lo que plantea el informe es la creación de una mesa de trabajo, que partiendo de un diálogo constante” entre las instituciones involucradas, permita llegar a la elaboración de una propuesta sostenida para abordar este desafío. El documento, que se hará público hoy, plantea que esta discusión derive en una hoja de ruta que debería estar lista en menos de tres meses.