La política exterior, y puntualmente la gestión que lleva adelante la Cancillería, constituye uno de los ejes del gobierno de Yamandú Orsi al que en el equipo del presidente le prestan especial atención, porque también lo hace el Frente Amplio en la medida en que se trata de una de las áreas que más reclamos viene generando en su militancia, cuyas muestras de desencanto quedaron de manifiesto en las últimas recorridas dirigenciales por comités y coordinadoras de Montevideo.
Sabido es que algunas decisiones tomadas en política internacional, sobre todo aquellas vinculadas al relacionamiento de Uruguay con Estados Unidos, y en forma bien particular la postura oficial que se ha mostrado en relación a la guerra que Israel libra en la Franja de Gaza, están lejos de convencer al militante de a pie, e incluso a una gran cantidad de dirigentes de la fuerza política.
El propio Fernando Pereira, presidente de la coalición de izquierda, dijo a En Clave País el pasado martes que entendía que “la política exterior del Uruguay tiene algunos puntos que entran en contradicción con las posiciones de los frenteamplistas”, y que ese era un problema que había que “resolver”. Pero ese camino no podía pasar por la destitución del canciller Mario Lubetkin, sino “explicando con claridad hacia dónde va la política exterior del Frente Amplio”.
“Claramente tenemos que explicar el tema Medio Oriente, tenemos que explicar nuestra clara solidaridad con Cuba (...) y tenemos que explicar los problemas en el mundo para que la gente pueda entender el contexto en el que Uruguay está definiendo posiciones”, siguió argumentando el presidente del partido de gobierno, que consideró a esa tarea explicativa un papel crucial para que, en definitiva, la izquierda logre “vehiculizar” los logros de la Cancillería -entre los que mencionó la consolidación de lazos con China y otros países asiáticos- y no se quede con la percepción de que se lleva adelante, en este rubro, “una política de mala calidad”.
En la Torre Ejecutiva, mientras tanto, y conscientes de la complejidad que tienen los ponunciamientos internacionales de Uruguay, que deben seguir una línea y coherencia diplomática no siempre apegadas ciento por ciento a lo que la línea de la fuerza política marca, monitorean en detalle las expresiones oficiales de la Cancillería, y también las otras: las que se hacen, por ejemplo, en medios de comunicación.
Y una de estas salidas, de las últimas horas, generó cierto nivel de preocupación. No fue una manifestación del canciller Mario Lubetkin, que desde que se intensificó semanas atrás la polémica por el diálogo que se mantiene con Estados Unidos para la eventual recepción de deportados ha dosificado sus apariciones públicas, sino de la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi.
En una entrevista con el programa de streaming Al Weso, la vicecanciller mostró su postura personal sobre lo que ha sucedido en Gaza desde octubre de 2023, usando términos y expresiones que superaron la “tonalidad” oficial que ha empleado la Cancillería para construir el posicionamiento de Uruguay en esa guerra y que, a juzgar por fuentes ministeriales y de la Torre Ejecutiva, dejaron en evidencia una intención de perfilamiento político de la funcionaria -al buscar un explícito alineamiento con ciertas reivindicaciones de las bases frenteamplistas- que no cayó bien en la Torre Ejecutivca.
Uruguay ve con preocupación el avance de Trump contra la CPI
La Corte Penal Internacional (CPI), su incidencia global y su espacio institucional en el multilateralismo es otro territorio que la administración de Donald Trump busca debilitar o al menos enfrentar fuertemente, al tiempo que mantiene su explícito alineamiento con el gobierno de Benjamín Netanyahu en Israel y la guerra que viene librando en Gaza.
En Uruguay han observado con atención cómo, y por poner un ejemplo, en las últimas horas Washington decidió imponer sanciones financieras contra la presidenta de este organismo, la japonesa Tamoko Akane.
La medida adoptada por los norteamericanos, que entraron en vigor ya esta semana, se deben al papel que ha jugado la CPI en sus investigaciones dirigidas tanto contra el personal militar estadounidense en Afganistán como contra dirigentes israelíes, lo que además ha derivado en las órdenes de arresto contra Netanyahu y Yoav Gallant.
En el Palacio Santos visualizan con claridad que esta cruzada de Trump contra la CPI, que claramente se está intensificado en estos últimos días, es un componente más de la presión que a diario ejerce Estados Unidos en las zonas donde tiene su mayor influencia, obligando a los países a que abandonen esta institución, cuyo tribunal Washington ha definido como “corrupto y profundamente politizado”, además de que “se ha extralimitado en su mandato” y atacado la soberanía de los norteamericanos y de sus aliados.
En el diálogo bilateral entre Montevideo y Washington, que ha tensionado a la Cancillería uruguaya sobre todo en lo relacionado a la posibilidad, muy incómoda para el Frente Amplio, de recibir cubanos y uruguayos deportados en Estados Unidos, este tema no ha surgido hasta ahora en forma directa, pero fuentes diplomáticas “no descartan” que eso ocurra, y que sea un desafío a futuro.
“Por supuesto” que Benjamín Netanyahu debería ser detenido por Uruguay si el primer ministro israelí visitara este país, puesto que debería darse cumplimiento con la orden internacional de captura, comenzó diciendo. “Uruguay está obligado por sus compromisos ante la Corte Penal Internacional a ejercer y actuar sobre esa orden de captura internacional. Eso es indiscutible”, agregó la jerarca, que fue enfática: “La única opción es que te retires de la Corte pero, si no, Uruguay cumple con sus compromisos internacionales y (de) eso no hay duda alguna”.
Retirarse no está en agenda en Uruguay ni mucho menos, en cuyo actual gobierno tienen al multilateralismo como una de las modalidades prioritarias de relacionamiento, pero han asumido que esta puede ser otra carta más de presión de la administración republicana de Donald Trump en el vínculo bilateral (ver recuadro), como lo está siendo en otros casos.
Csukasi, que en otro tramo de la entrevista admitió que -“por qué no, algún día”- le gustaría ser canciller, insistió en que para el Estado “no es una opción” incumplir con esa orden de captura, en función de su tradicional posicionamiento a favor del “respeto del derecho internacional”, algo que para Uruguay es “ley de nivel constitucional”, subrayó. También fue consultada acerca de si Israel cometió o no “genocidio” en Gaza, como acusa buena parte de la comunidad internacional, y por qué el gobierno de Orsi no ha optado por usar esa definición que tanto reclaman sus bases. La Cancillería, explicó, eligió “hablar de la matanza, del exceso del uso excesivo de la fuerza, de los crímenes contra civiles que se están cometiendo, en particular sobre niños y niñas, (y) del exceso del uso de la legítima defensa, que hace rato, rato, rato dejó de tener sentido, porque no es proporcional ni en el tiempo ni en la intensidad”. Y agregó que el gobierno no ha usado el vocablo “genocidio” porque se parte de la base de que “no estaría configurado desde el Estado de Israel” que hubiera “un plan específico de llevar a cabo” ese crimen.
“Es la decisión que se tomó, qué querés que te diga”, reflexionó luego.
Un antecedente
Lo que hizo Csukasi, creen en el Poder Ejecutivo, fue “enviar un mensaje a la barra” de izquierda -que, justamente, está reclamando una postura más dura en el asunto de Gaza-, aunque sin transgredir la “línea de demarcación” que hubiera supuesta entrar en contradicción con la posición oficial de Uruguay, y transformar un problema político en algo más serio.
No obstante, en el gobierno también entienden que no es la primera vez que Csukasi hace declaraciones de este tipo. Este mismo año, por ejemplo, y según consignó también El País, la funcionaria de carrera opinó que no había nada que justificara que Uruguay tuviera “diplomáticos políticos en la cantidad que tenemos”, que en esta gestión son 20, número que, aunque menor que el de otros períodos, igualmente consideró una “exageración”. Estas expresiones se recibieron como, según calificaron entonces en Presidencia, “desconcertantes” y “llamativas”, puesto que fueron en contra de decisiones que tomó el propio gobierno en esa materia.