El comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, advirtió este martes sobre las consecuencias de aprobar el proyecto de ley que hoy se discute en el Senado y que plantea elotorgamiento en determinados casos del beneficio de la prisión domiciliaria en forma preceptiva.

Se trata de una iniciativa presentada por la senadora nacionalista Carmen Asiaín, que recoge a su vez una propuesta elaborada a inicios de esta legislatura por la bancada de Cabildo Abierto, y que siempre estuvo señalada como diseñada específicamente para beneficiar a los presos por delitos vinculados al terrorismo de Estado. Petit reparó en que, tal como indican sus propulsores, el contenido de la ley es "general y abstracto". Pero, sostuvo, "a nadie escapa que actualmente hay un grupo de mayores de edad, privados de libertad, por delitos muy graves".

"Proceder a aplicar un mecanismo de prisión domiciliaria que no tenga en cuenta las circunstancias de cada persona y cada delito, sería una fisura muy importante en el rol democrático de los actores del proceso penal", subraya Petit en un informe que presentó ante el Senado. En su visión, se generaría además una "enorme desconfianza en la ciudadanía", que podría creer que "se está queriendo favorecer a un determinado colectivo de personas" a través de un procedimiento inusual.

Al respecto, el comisionado parlamentario señaló que la redacción de una norma de este tipo debe ser muy cuidadosa para que un mecanismo humanitario de sanción penal como la prisión domiciliaria no sea visto a nivel ciudadano como "un vía de impunidad".

En su informe, al que accedió El País, Petit recuerda que la normativa vigente prevé hoy que, en caso de enfermedad u otras circunstancias especiales que lo ameriten, se puede tramitar la prisión domiciliaria o la internación de la persona en un establecimiento adecuado.

El análisis fue presentado este martes ante la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, que estudia el tema. Petit fue especialmente crítico con el artículo 2 del proyecto, que establece que la prisión domiciliaria se impondrá, de oficio y sin más trámite ni procedimiento cuanto se trate de personas mayores de 70 años de edad.

"Este artículo nos genera fuertes reparos y creemos que no debe ser aprobado", afirmó el comisionado. "Le hace mal o contamina la norma", indicó. Allí señala que la prisión domiciliaria es una media que cuya valoración juegan diversos factores y dimensiones, que requieren un análisis en el que participen las partes y en donde un tercero neutral, el juez, defina.

Petit señala que este análisis es perfectamente posible en el sistema actual: según sus datos, en prisión hay en Uruguay hoy 90 personas que tienen entre 65 y 69 años de edad. Otros 95 presos superan los 70 años. Y, apunta, los registros son claros en cuanto a qué delitos cometieron.

A fines de 2021 y al comentar el proyecto original, presentado por Cabildo Abierto, el comisionado había advertido sobre ciertos efectos "extraños e inquietantes" de otorgar prisión domiciliaria preceptiva en muchos de estos casos. Según las cifras que citó en esa oportunidad, el 40% de los presos mayores de 65 años estaban encarcelados por delitos sexuales.

En su informe, el comisionado dijo ahora no comprender la "grilla" de delitos establecidos como "filtro" para el nuevo régimen propuesto. El texto propuesto por Asiaín excluye de esta posibilidad los casos de abuso sexual o violación. También los delitos de lesa humanidad, aunque los previstos en la ley vigente desde 2006. Eso deja fuera de la exclusión las acciones cometidas por los exmilitares y expolicías presos en la Cárcel de Domingo Arena. Petit señala que tampoco están previstos los casos de homicidio, privación de libertad o abuso de autoridad.

Petit recuerda que el instituto de la prisión domiciliaria ya está presente en el derecho uruguayo en diversas disposiciones y ante la ocurrencia de diversas circunstancias. Está, afirmó, claramente regulado como medida cautelar, aunque admite que no sucede lo mismo como alternativa al cumplimiento efectivo de la pena, lo que ha dado lugar a dos corrientes jurisprudenciales sobre el punto. El comisionado considera positivo establecer iguales o similares posibilidades para las personas condenadas.

El informe señala al respecto que, de aprobarse, la nueva ley implicará una disminución de la protección para las mujeres embarazadas. Según afirma, si se aplica el texto propuesto en los casos en que aún no exista condena solo podrían acceder a la prisión domiciliaria siempre que acrediten riesgo para su salud o para la continuación del embarazo. Petit recuerda que en régimen actual no se requiere acreditar más que la condición de gestación en su quinto mes.