Redacción El País
La Comisión de Constitución y Legislación del Senado entró en la recta final del análisis de una de las iniciativas más polémicas de esta legislatura. A mediados de junio tendrá que definir qué pasará con el proyecto de ley que propone la prisión domiciliaria en forma preceptiva para los imputados o condenados mayores de 70 años de edad.

La versión que actualmente se discute fue presentada por el Partido Nacional, que buscó despejar los severos cuestionamientos que recibía el texto original, elaborado en 2020 por la bancada de Cabildo Abierto. La alternativa parece no haber rendido frutos, dado que a este miércoles el proyecto tal como está redactado fracasaría en la cámara alta por falta de votos, además de que sigue recibiendo críticas desde el punto de vista jurídico.

Descartado el apoyo del Frente Amplio, todo depende del respaldo que el proyecto tenga en la coalición de gobierno. Si se asume que están seguros los diez votos blancos y los tres cabildantes, no habría mayorías suficientes para su aprobación. La clave pasa por el Partido Colorado, varios de cuyos integrantes ya fijaron posición.

Este martes el senador y coordinador de Ciudadanos, Adrián Peña, dejó en claro en rueda de prensa que, tal como está redactado, el texto "difícilmente" cuente con su apoyo. En diálogo con El País, el legislador adelantó que en los próximos días planteará a su bancada una serie de propuestas que, de ser llevadas, podrían traducirse en un cambio de postura.

Peña dijo que, en primer lugar, habría que analizar si la prisión domiciliaria debería ser "preceptiva". La mayoría de los informes jurídicos que recibió la comisión indican que establecer eso por ley significaría un avasallamiento del Parlamento sobre la Justicia. El senador también dijo que está dispuesto a considerar un pedido efectuado por varias organizaciones vinculadas a familiares de víctimas de la dictadura y constituye una de las claves del proyecto: que el texto establezca en forma expresa que la eventual ley no permitirá la "libertad" de los exmilitares y policías presos por delitos vinculados al terrorismo de Estado.

"Allí hay un punto, en la medida en que no es recomendable legislar con nombre y apellido", sostuvo Peña. "Ni a favor ni en contra. Hay que poner todo sobre la mesa y decidir", dijo.

En Batllistas, en tanto, el tema sigue sin ser analizado. Ese sector había mostrado sus dudas con respecto al proyecto presentado originalmente por Cabildo Abierto, y ahora se sostiene desde allí que, llegado el momento, se fijará una postura. "Cabildo Abierto no nos va a venir a marcar la agenda", le dijo a El País el senador Germán Coutinho. El Partido Colorado cuenta con el voto de cuatro senadores.

A la comisión asistió este martes una delegación del Centro de Investigaciones y Estudios Penales del Uruguay Adela Reta, que se presenta como una institución dedicada desde hace más de dos décadas al estudio de las ciencias criminales desde una "perspectiva garantista en clave de derechos humanos", en base al legado dejado por la biblioteca de célebre jurista, docente y ministra colorada.

Uno de sus integrantes es el fiscal Ricardo Lackner, que ante los legisladores aseguró que este proyecto es merecedor de las mismas críticas que la iniciativa cabildante original. Por un lado, cuestionó que sus promotores digan que se trata de una regulación "general y abstracta" cuando, precisó, ese no es más que el carácter común de cualquier acto legislativo. También se que se mencionen diferentes "variables cuantitativas" para su aplicación, cuando en realidad la única del tal carácter que se toma en cuenta es la edad de los imputados. "Nos interesan los motivos expuestos y los implícitos, el propósito, lo efectos que se anuncian y los que se otorgarán efectivamente a un colectivo de autores de crímenes gravísimos", afirmó Lackner.

El fiscal señaló además que el proyecto es inconstitucional, dado que permite una "extralimitación" de competencias del Poder Legislativo frente al Poder Judicial. Lackner fue más allá y dijo que resulta de difícil defensa el "fundamento humanitario" del proyecto, ya que comprendería a personas que "no son, ni en número ni en las condiciones en que están recluidas, quienes deberían provocar la reacción humanitaria y sanitaria". Por el contrario, apuntó, se limitaría a un grupo muy reducido que está en menores condiciones que "gente joven que vive hacinada en cárceles indignas, donde ya ha muerto un número récord de reclusos". Por otra parte, agregó, la posibilidad de la prisión domiciliaria por esta clase de razones ya existe y se ha puesto en práctica en diversos casos.

"Aún las medidas humanitarias deben ser compatibles con los estándares internacionales de derechos humanos y no promover la impunidad", sentenció. En referencia a los casos vinculados al terrorismo de Estado, el fiscal fue concluyente: "si se aprueba, los pocos crímenes que se pudieron imputar y los que se puedan llevar a juicio quedarán, en los hechos, impunes".