Cerro Largo: intendente Morel elevará a Fiscalía auditoría que detectó irregularidades en la gestión de Yurramendi

El gobierno departamental de Cerro Largo, liderado por el nacionalista Christian Morel, iniciará —a partir de los resultados de una auditoría externa que solicitó sobre la gestión anterior— varias investigaciones administrativas y enviará información a Fiscalía. Lo que se analizó el período 2020-2025, en el que José Yurramendi, también del Partido Nacional, se desempeñó como intendente.

Morel y su equipo presentaron este lunes los resultados de la auditoría en conferencia de prensa. Tras detallar la investigación, afirmó estar "convencido" de que cuentan con los elementos necesarios para "llevarlos a Fiscalía", aunque aclaró que aún no definieron los plazos para hacerlo. A su entender, ha quedado en evidencia "que había cosas que no se hacían bien" y destacó que, a pesar de pertenecer al mismo partido político, trabajaron con total tranquilidad y "sin presión de nadie".

De su equipo, el director de Jurídica, Daniel Gómez, ante la consulta de si se descarta un desvío de fondos de la intendencia, respondió: “No hay nada descartado”.

La auditoría se centró en compras, sueldos y partidas extrapresupuestales de la anterior administración. El ojo también está puesto en un incendio que hubo en el edificio de la intendencia, en el que pudo haberse perdido documentación.

Morel dijo, además, que se “detectó que en el 90% de las compras analizadas no se visualizó un proceso competitivo de proveedores”.

También se encontraron “compras donde no se identifica la dirección de la intendencia responsable de las mismas, es decir, que no se sabe desde qué dirección salieron” las órdenes para llevarlas a cabo. A eso se suma que, en algunos casos, “faltan requisitos formales en las facturas emitidas por los proveedores”.

Entre los hallazgos más relevantes, Morel destacó que cuatro de las licitaciones analizadas carecían de los informes del comité asesor, el órgano encargado de evaluar si se cuenta con los requisitos necesarios para avanzar en cada proceso.

Otro hallazgo fue que “el 87% de las compras realizadas por la intendencia durante el periodo analizado se concentran en 20 proveedores”, indicó Morel, y continuó: “Hoy nuestra intendencia le compra a 197 proveedores”.

Además, el intendente aseguró que su administración tiene “por lo menos tres convenios vigentes con diferentes ONG para la tercerización de servicios”. Sin embargo, no obtuvieron “documentación que compruebe que existió" un "proceso competitivo”.

Y añadió sobre estos puntos: “Para dos de las compras analizadas, notamos que, de acuerdo con el monto involucrado, deberían haberse llevado adelante mediante el proceso de licitación. Sin embargo, se realizó una compra directa y no se pudo observar una justificación al procedimiento seleccionado”.

Asimismo, aseguró que “existen ciertos proveedores de facturación mensual para los que se verifica una correlatividad numérica en la facturación emitida a la intendencia”. Esto significa, señaló el intendente, que son “proveedores que tienen boletas con las que solamente se facturaba a la intendencia”.

En cuanto a las remuneraciones, la auditoría detectó un incremento en los montos totales y promedios por funcionario. Según el informe, estas subas se dieron en rubros como "partidas de diferencias de sueldos, compensaciones, rendimientos, horas extras y jornales extra e insalubridad”.

El director de Hacienda de la intendencia, Alejandro Duarte, dijo que “hay indicios de que durante la campaña política hubo un aumento desmedido y discrecional de las compensaciones de sueldo y las diferencias de sueldo”.

“A quién se la dieron y cómo, no podemos juzgarlo nosotros. Pero eso se habla en el informe”, señaló Duarte, y añadió: “Llama la atención, pero no estamos hablando de que fue todo ilegal”.

El manejo de los fondos extrapresupuestales también quedó bajo la lupa. Al asumir el nuevo gobierno departamental, se constató que las cuentas corrientes de la intendencia no tenían saldos suficientes para cubrir los compromisos pendientes por convenios firmados con terceros.

Además, Morel reveló la existencia de dos expedientes en trámite donde un proveedor reclama el pago de $ 8.773.074 en facturas, a pesar de que la comuna no tiene registros de la transacción. Al respecto, el jerarca subrayó que la auditoría "detectó que no hubo el proceso de compra que debió hacerse" ni constancia alguna del procedimiento de pago.