Redacción El País
El Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio se expidió sobre la situación del exdiputado comunista Gerardo Núñez, que se presentó voluntariamente ante este organismo luego de haber sido denunciado judicialmente por violencia basada en género.

El dictamen del TCP, que ya fue distribuido a los sectores y concluyó el 28 de marzo, presenta dos visiones, como informó Montevideo Portal y confirmó El País. Antes de que Núñez renunciara a su banca, la mitad de los redactores consideraba que el exlegislador había cometido una “falta” —por lo que debía alejarse de cargos de representación política hasta el final de la legislatura— mientras que la otra mitad entendía que no ameritaba que fuera sancionado.

No obstante, al final del informe, el TCP reseña que el 6 de marzo fue notificado sobre la inminente dimisión del exlegislador a su banca en la Cámara de Representantes. A su entender, esto hacía “inaplicable” la sanción propuesta por cuatro de los ocho integrantes del organismo.

Por lo tanto, el TCP elevó el informe al Plenario Nacional del Frente Amplio y recomendó “el archivo de todas sus actuaciones”. Es decir, que no se le aplique una sanción al exdiputado, que dio un paso al costado a mediados de abril pese a que la Justicia de Familia había archivado en enero la denuncia de violencia de género en su contra. Ya un año antes se había tomado licencia en el Parlamento.

El documento será abordado este sábado por el Plenario Nacional del Frente Amplio. Según supo El País, en el orden del día también se contempla la presentación de un informe de coyuntura y empezar a considerar la adecuación estatutaria sobre violencia y violencia de género.

¿Qué postura habían asumido dentro del TCP antes de la renuncia? “Para cuatro de sus integrantes, en su vida privada el compañero denunciado no ha tenido el manejo más adecuado, al no tener en cuenta las repercusiones que la misma tiene cuando se ejerce un cargo público de representación institucional, y correspondería su alejamiento del cargo de representación política hasta la finalización de la legislatura”, reseña el informe, al que accedió este medio.

Por otro lado, agrega que “para sus otros cuatro integrantes, no se han comprobado hechos que constituyan una falta en la actividad política, ni hechos de la vida privada del denunciado que por su gravedad pudieran tener repercusión sobre su reputación o el de la fuerza política, por lo que no corresponde la aplicación de sanción”.

• El 14 de junio de 2022, el TCP recibió una nota de la denunciante, “expresando a través de su abogada que no se encontraba en condiciones de estabilidad emocional de realizar el relato en forma presencial de los hechos que fueron motivo de su denuncia al Juzgado de Familia”. No obstante, aportó toda la documentación judicial a su alcance.
  
• El 28 de junio, el TCP recibió la declaración de Núñez, que días después amplió su testimonio por escrito.
  
• El 9 de noviembre, después de algunos avances en el plano judicial, “se recibe a la denunciante ante el TCP, quien amplía la denuncia escrita ya presentada”.
  
• “En la sesión del 13 de diciembre se da a conocer un material remitido por el denunciado, que da cuenta de una solicitud de la denunciante de suspensión de la audiencia que estaba prevista y la realización de un petitorio concreto, mediante el cual solicita la suspensión de la fecha para evaluación por equipo técnico y el archivo de las actuaciones”, indica el último informe del TCP.
  “Asimismo, se hace notar que nunca se recibió el expediente pedido a denunciante y denunciado. En la misma fecha se acuerda, por mayoría –cuatro integrantes y el desempate del Presidente del TCP, conforme lo dispuesto por el artículo 3 del Reglamento Interno del TCP del FA- el texto del Informe Preliminar, del que se dio vista a denunciante y denunciado, dejándose constancia de la discordia de los restantes cuatro integrantes del TCP”. Este documento recogía ambas posturas: la de quienes sugerían una sanción y de quienes creían que no correspondía.
  
• El 10 de marzo, consultado por El País sobre qué postura debería asumir el Plenario Nacional cuando tratara el caso, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, no quiso pronunciarse para respetar las garantías del debido proceso. Sin embargo, en línea con la recomendación que ahora se conoce del TCP, dijo que “una medida más dura que dejar la banca no hay”. “Lo otro sería un linchamiento y el Frente Amplio no lo hace ni lo permite”, subrayó entonces.