POLÉMICA

Tras caso de alcalde enviado a prisión ediles colorados piden que sean intervenidos los municipios de Colonia

Afirman que quedó de manifiesto "la maquinaria político-electoral que han puesto a funcionar desde hace décadas algunos dirigentes del Partido Nacional”.

Una mujer pasa caminando frente a la entrada del Tribunal de Cuentas. Foto: Archivo El País
Tribunal de Cuentas. Foto: Archivo El País

Tras el caso del alcalde de Florencio Sánchez, Alfredo Sánchez, quien fue condenado a prisión por fraude, concusión y asociación para delinquir, la bancada del Partido Colorado en la Junta Departamental de Colonia emitió un comunicado en el que “propone impulsar una auditoría externa y solicitar la intervención del Tribunal de Cuentas de la República (TCR) en todos los municipios del departamento”.

Además, exhortan al intendente de Colonia “a la inmediata adopción de medidas que contribuyan a modificar radicalmente el modelo de gestión llevado adelante durante los últimos 30 años, que ha conducido a la comuna a la situación de falta de transparencia en la que hoy se encuentra”

“Han quedado en evidencia las graves fallas de gestión de algunas dependencias del Ejecutivo Comunal como así también ha quedado de manifiesto la maquinaria político-electoral que han puesto a funcionar desde hace décadas algunos dirigentes del Partido Nacional, y que explica, en gran medida, su permanencia casi a perpetuidad al frente de la Intendencia Departamental”, agrega el comunicado.

La bancada afirma también que entienden “necesario profundizar el combate a la corrupción, respaldando cuando ello fuere necesario la necesidad de instituir en el seno de la Junta Departamental comisiones investigadoras para un mejor control de la gestión del Ejecutivo y sus vinculaciones con las empresas de derecho privado”

“Ya es momento de entender que no importa a qué partido político se pertenece para que la Justicia actúe acorde a sus funciones y cometidos, y que, tratándose de arbitrariedades, malversaciones, fraudes o cualquier otro delito contra la Administración Pública, que signifique el mal uso de los dineros de los contribuyentes, nadie está por encima de la Ley”, finaliza el texto.

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