Carrera declaró como indagado ante la Fiscalía por la atención irregular que recibió un civil en el Policial

Charles Carrera, exsenador del Movimiento de Participación Popular (MPP), declaró este martes ante la fiscal de Delitos Económicos y Complejos de 2° Turno, Silvia Porteiro, que investiga si hubo delito en la atención irregular dispensada en el Hospital Policial a un civil que no tenía relación con el Ministerio del Interior, entre los años 2013 y 2017 —cuando Carrera era entonces director general de Secretaría de la cartera de seguridad.

El dirigente frenteamplista asistió en condición de indagado, por lo que fue a la cita asistido por su abogado, Juan Manuel González Rossi, señalaron a El País fuentes judiciales.

Dado el compromiso con el criterio de la fiscal Porteiro de mantener el desenlace de la indagatoria en reserva, la defensa de Carrera no harán declaraciones por el lapso de "cuatro o cinco días", agregaron las fuentes consultadas.

Semanas atrás, y ante la falta de novedades sobre avances del caso, Carrera —que renunció a su banca en el Senado el 2 de octubre pasado, tras el pedido del desafuero que Porteiro había cursado al Parlamento el 25 de setiembre— pidió a la Justicia de Crimen Organizado que estableciera un plazo a la Fiscalía para que se pronuncie, o que resolviera directamente el archivo. Pero aquel día, 23 de diciembre pasado, el exlegislador —que mantiene su actividad política como coordinador del MPP— se fue con las manos vacías.

Según supo El País, Porteiro manifestó que aún le faltaba tomar declaraciones y cotejar lo dicho con evidencias documentales para luego definir si pide la imputación de Carrera o no.

Según informó entonces El País, Porteiro manifestó en aquella audiencia que aún le faltaba tomar declaraciones y cotejar lo dicho con evidencias documentales para luego definir si pedía la imputación de Carrera.

Lo que resolvió la jueza Diovanet Olivera fue limitarse a exhortar a la Fiscalía a que culminara la investigación en “un plazo razonable”, sin dar fechas precisas. Cuando la investigación no fue formalizada —que es lo que ocurre en este caso— la Fiscalía puede investigar todo el tiempo que quiera hasta que el delito prescriba.

“Nosotros lo que queremos es tener certidumbre”, fue lo que dijo Carrera a la salida de la audiencia.

Lo cierto es que, desde que Porteiro pidió el desafuero —instancia que se resolvió rápidamente con la renuncia de Carrera— la Fiscalía estuvo esperando cerca de un mes a que le enviaran la comunicación oficial de que el investigado ya no tenía la inmunidad parlamentaria. A partir de entonces, Porteiro tenía previsto tomar algunas declaraciones, pero la postura de la defensa de Carrera señala que el escrito que la fiscal elevó al Poder Legislativo indicaba que la solicitud se hacía “a fin” de imputarlo.

En el escrito de desafuero, la fiscal afirmó que Carrera había otorgado beneficios irregulares a Víctor Hernández, que quedó parapléjico en un incidente no aclarado en La Paloma ocurrido en 2012. Tildó la situación de “anómala, indebida e irregular” y que investigaba a Carrera por un presunto delito de abuso de funciones.

Las irregularidades que, según la Fiscalía, cometió Carrera, partieron del hecho ocurrido en Rocha en el año 2013. Hernández fue impactado por una bala perdida cuando estaba en su casa y se presume que el proyectil salió de una propiedad del Ministerio del Interior donde varios oficiales estaban celebrando una fiesta.

Carrera dispuso en respuesta que Hernández fuera atendido en el Hospital Policial, donde permaneció internado tres años, y en una oportunidad —al comienzo del caso— le otorgó a su familia tickets alimentación por $ 20 mil. En total, el gasto realizado por Interior fue de US$ 260.000, de acuerdo al cálculo de la Fiscalía.

Lo que hizo Carrera, para Porteiro, es ilegal, porque solo pueden asistirse en a ese centro de salud son los policías en actividad, retirados o pensionistas, aquellos que tengan un vínculo “funcional o previsional” con ellos o sean hijos, cónyuges, concubinos o padres a cargo del policía titular. Es decir, “no existe ninguna norma legal o reglamentaria que habilite a incluir como usuario a quien no encuadra en esos requisitos”.

El abogado de Carrera ya insistió en que los hechos ocurridos “no constituyen delito” y señaló que así lo han declarado en el caso “académicos de la máxima jerarquía”. De hecho, pedido de parte, Gonzalo Fernández, exsecretario de la Presidencia y grado 5 en Derecho Penal, realizó un informe que indica que no hubo arbitrariedad por parte de Carrera.