Cardama insta al gobierno de Uruguay al diálogo y advierte con acciones legales si no hay respuesta

Asesorado por estudios jurídicos de España y Uruguay, el astillero Cardama emitió en las primeras horas de este domingo un comunicado en el que cuestiona el anuncio del gobierno sobre la decisión de rescindir el contrato firmado en diciembre de 2023 para la construcción de las dos patrullas oceánicas.

“Francisco Cardama S.A. es una compañía de reconocida solvencia y seriedad, con más de 100 años de trayectoria empresarial ininterrumpida. Este astillero nunca se ha visto involucrado en procesos concursales o de insolvencia, lo que avala su capacidad y compromiso con cada proyecto. Cardama ha cumplido en todo momento con sus obligaciones contractuales. Por ello, resulta sorprendente conocer por vía pública una eventual intención de resolver el contrato sin que medie una comunicación o intercambio previo entre las partes. Tal circunstancia no se ajusta al principio de buena fe contractual que debe regir toda relación entre la administración y sus contratistas”, comienza el escrito al que accedió El País.

En línea con las declaraciones realizadas en las últimas horas por su propietario, Mario Cardama, la empresa sostiene que “continúa cumpliendo con sus compromisos de construcción, manteniendo el ritmo previsto de obra y la adquisición de materiales conforme al contrato”.

Respecto a la garantía de fiel cumplimiento —que, según denunció el gobierno y reconoció la empresa, no se presentó en tiempo y forma, además de que la firma financiera que otorgó el aval bancario no existiría—, el astillero, con sede en la ciudad de Vigo expresó que se compromete a brindar “plena tranquilidad a la administración” mediante la sustitución de la garantía de fiel cumplimiento —equivalente al 5% del contrato, unos 4,1 millones de euros— por una nueva que cumpla con las condiciones que el gobierno considere adecuadas.

Foto: Gabriel Porfilio.

“Las declaraciones públicas recientes han generado un impacto reputacional negativo e injustificado para el astillero, afectando también la percepción de confianza entre nuestros proveedores locales e internacionales. Esta situación, que lamentamos profundamente, podría repercutir indirectamente en los plazos del proyecto. Reiteramos que no existe incumplimiento alguno ni perjuicio para la administración, y manifestamos nuestra plena disposición a aclarar cualquier aspecto técnico o contractual pendiente”, agrega el texto.

Finalmente, la empresa hace un llamado al diálogo con las autoridades y advierte que, si ese intercambio no se produce, se "reserva el derecho de ejercer acciones legales" correspondientes para proteger sus "legítimos derechos e intereses"

Tras la conferencia de prensa del miércoles, en la que participaron el presidente, Yamandú Orsi; el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez; y el prosecretario, Jorge Díaz, el gobierno presentó una denuncia penal por posible “fraude o estafa al Estado” debido a la no constitución de la garantía, que —según constató Torre Ejecutiva— fue emitida por un presunto banco británico que habría sido disuelto, no tenía ninguna actividad económica y no estaba ubicada en la dirección que constaba en la documentación presentada.