El Gobierno denunció penalmente la garantía del astillero Cardama por "posible fraude o estafa al Estado"

Redacción El País
El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el prosecretario, Jorge Díaz, asistieron este viernes a la Fiscalía General de la Nación para presentar una denuncia penal vinculada a la garantía presentada por el astillero español Cardama, que había sido contratado por el Ministerio de Defensa Nacional del gobierno anterior para la construcción de dos patrulleras oceánicas.

La denuncia, que será asignada por la Unidad de Depuración, Priorización y Asignación, apunta a esclarecer la autenticidad de la garantía presentada por la empresa y las eventuales responsabilidades de los funcionarios que intervinieron en su aceptación.

“Estamos cumpliendo con lo que anunciamos hace algunas horas, en vista de que no tenemos una garantía porque, al parecer, la empresa es de papel”, afirmó Sánchez en rueda de prensa al salir de Fiscalía. Según explicó, la situación podría implicar un posible fraude o estafa al Estado, ya que “frente a un contrato millonario, la garantía parece ser de una empresa que no existe”, en referencia a Eurocommerce.

El jerarca subrayó que la denuncia busca que la Justicia determine las responsabilidades: “Estamos denunciando hechos. La Fiscalía, en su labor, convocará a quien trajo la garantía —la empresa— y a quien la aceptó, que fueron los funcionarios públicos que actuaron en ese otorgamiento. A nuestro entender, fue un error de gestión haber aceptado esta garantía, pero será la Justicia quien lo determine”.

Foto: Ignacio Sánchez/El País.

Por su parte, Jorge Díaz detalló que durante el proceso contractual se modificó una cláusula de la garantía sin respaldo administrativo. “El contrato establecía que la garantía debía ser por 30 meses durante la construcción y 12 meses posteriores. Sin embargo, se cambió por una garantía de 12 meses, sin ningún acto administrativo que lo justifique”, señaló.

El prosecretario agregó que, al vencerse el plazo de la garantía, el Estado intentó ejecutarla, pero descubrió que la empresa garante no existía. “Treinta días antes, la empresa debía comunicar y constituir una nueva garantía. No recibimos ningún tipo de comunicación y, al momento de ejecutar la garantía, solicitamos a la empresa inglesa que transfiriera el dinero al Estado uruguayo. La sorpresa fue que no existía ni la empresa ni la garantía”, explicó.

Díaz también reveló que minutos antes de la conferencia de prensa del gobierno recibieron un correo electrónico informando una supuesta renovación de la garantía “con la misma empresa que no existe y estaba en liquidación”. Por esa razón, afirmó, “hay muchos indicios para hacer esta denuncia penal y que Fiscalía investigue”.

Sánchez, en tanto, insistió en que el gobierno actúa en defensa del patrimonio público: “Estamos cumpliendo con la defensa del Estado uruguayo. Se debe investigar si hay cómplices o no en la administración pública. Estamos acá defendiendo los bienes públicos, que son de los contribuyentes. Fuimos a una empresa y no existía”.

El caso ya es objeto de una investigación administrativa en el Ministerio de Defensa Nacional, mientras la Fiscalía analizará los elementos presentados para definir los próximos pasos de la causa, por ejemplo, qué fiscal de Delitos Económicos tomará el caso. Además, a nivel parlamentario, se citará a la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados a la ministra Sandra Lazo con el fin de dar detalles de la rescisión del contrato.

Foto: Ignacio Sánchez/El País.