Cómo se califica la designación directa durante este gobierno de 35 personas, muchas con vínculos políticos partidarios, en la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande? Para el canciller Omar Paganini se trata de “errores” o de un uso “discrecional” de fondos públicos y atribuciones políticas, pero en ningún caso de “corrupción”. El Frente Amplio (FA) y Cabildo Abierto (CA) consideran en cambio que sí es “corrupción”, mientras que el diputado del Partido Independiente, Iván Posada, lo ve como “un caso de clientelismo político grosero”. Por su parte, el único diputado del Partido Colorado (PC) que ayer participó de la Comisión Permanente en la que compareció el canciller por este asunto, Omar Estévez, lamentó que legisladores jueguen “con la necesidad de 35 trabajadores”, pidió a los parlamentarios que se pongan “en sus zapatos” y recordó que “cuesta mucho conseguir trabajo en Uruguay”.

La asistencia del canciller al Parlamento fue un coletazo de la interpelación realizada en octubre al entonces ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, y a la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, por estas designaciones directas. Unas semanas antes, quien era presidente de CTM de Salto Grande, Carlos Albisu, había renunciado al cargo por el ingreso a la comisión binacional de, entre otros, 10 ediles de su sector, Aire Fresco, del Partido Nacional (PN). Al cierre de aquella interpelación, Diputados declaró que “resulta imprescindible el cese inmediato de quienes hayan sido contratados y se desempeñan como ediles de la Junta Departamental de Salto”, reclamó la renuncia de los tres delegados uruguayos en CTM y una auditoría de la gestión.

El canciller informó ayer las soluciones alcanzadas en el intento de desvincular a quienes ingresaron de forma directa e indicó que la “delegación uruguaya viene trabajando para un llamado a licitación para la selección de una empresa internacional” que realice la reclamada auditoría. Sin embargo, desestimó el pedido de que renuncie la delegación uruguaya, un reclamo sobre el que insistieron legisladores del FA y CA.

“Nosotros entendemos que la responsabilidad política de lo actuado ya la asumimos con la renuncia de Albisu, que era el presidente de la delegación, y creo que los demás delegados están trabajando bien, de acuerdo a las directivas que ahora les venimos dando y en ese sentido apoyamos que se queden”, dijo Paganini a El País tras su comparecencia parlamentaria en régimen de comisión general.

La delegación uruguaya de CTM está integrada por Martín Burutarán (quien la preside y renunció a su cargo presupuestado en CTM, pero sigue como edil salteño de Aire Fresco, PN), Nicolás Irigoyen (vicepresidente, PC) y Daniel Arcieri (delegado, dirigente de Aire Fresco en Paysandú).

La decisión del Poder Ejecutivo de mantenerlos en el cargo no conforma a Cabildo. “Hoy hablamos de corrupción porque el clientelismo político es una forma de corrupción”, dijo el senador cabildante Guillermo Domenech y agregó: “Aquí hay que hacer justicia con esa población importante del país que gana menos de $ 30.000, y la política no le puede dar al país el espectáculo lamentable de que hay quienes nos dedicamos a la actividad política y pretendemos sueldos despampanantes, retiros anticipados, indemnizaciones millonarias”. De todas maneras, Domenech felicitó al canciller por lo que “ha hecho”, aunque aseguró que “puede rendir más”.

Paganini le respondió que “no se constataron comportamientos apartados de la ley”, sino que “se han reconocido problemas de discrecionalidad” “Es evidente que aquí se cometieron errores, que se están corrigiendo, que tuvieron consecuencias políticas para quienes los cometieron. Esto ya pasó y se tomaron acciones para resolverlas. Entendemos que el puede y debe rendir más no nos corresponde. Nos hemos hecho cargo y no pueden caber dudas”, aseguró.

Aunque el respaldo de Paganini a la delegación uruguaya en CTM fue explícito en diálogo con El País, ninguno de los tres delegados acompañó al canciller y al subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores, Nicolás Albertoni, en su comparecencia en el Parlamento, a diferencia de lo que sucedió durante la interpelación a Bustillo y Arbeleche en octubre. Las ausencias de ayer fueron advertidas como una señal por parte del diputado Nicolás Viera (FA).

Legisladores del PN alertaron que lo político no está por encima de lo jurídico, por lo que, como dijo Paganini, el tratado con Argentina impide que se despida a los funcionarios cuyo ingreso es cuestionado cuando los involucrados se oponen o la delegación del país vecino se resiste al cese por razones de servicio.

Paganini informó que de los 35 ingresos directos quedan 12 “situaciones no resueltas hasta el momento”. El resto fue cesado o sus contratos terminarán en febrero de 2025, mientras que uno se jubila en marzo. Hay cuatro ediles que siguen como funcionarios permanentes, y de ellos tres renunciaron a la Junta. “Solo una reviste el doble rol de funcionario y edil”, dijo, quien insistió en que “avanzó hasta donde pudo”, lo que conforma a los socios de la coalición, a excepción de Cabildo Abierto.

Foto: Leonardo Mainé