PARLAMENTO 

El Ministerio de Economía y Finanzas anunció ayer en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Representantes una partida anual de $ 57.500.000 para la creación de tres juzgados letrados en el interior del país especializados en materia de violencia hacia las mujeres basada en género, informó en su cuenta de Twitter el diputado por el Partido Nacional, Álvaro Viviano.

Los juzgados, según confirmaron a El País desde la Comisión de Presupuesto, serán implementados en Rivera, Salto, Paysandú o Cerro Largo.

La creación de juzgados especializados es uno de los puntos claves que plantea la ley 19.580 de Violencia hacia las Mujeres basada en Género, vigente desde 2017.

La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, había dicho días atrás a El País: “Mi compromiso es que esté el presupuesto para implementar la ley cuanto antes. Es un tema muy delicado y la plata tiene que estar. Si la ministra dice que está, que se ponga expresamente en un artículo para que así pueda funcionar la ley”.

El cumplimiento de esta ley es, además, uno de los reclamos más persistentes que le han hecho al gobierno (tanto al interior como al actual) las diferentes organizaciones feministas, como la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual.

Natalia Fernández Pereira, doctora en derecho y ciencias sociales, maestranda en derechos de la infancia y políticas públicas e integrante de la Red, dijo a El País que no niegan que la creación de estos tres juzgados sea un avance, pero que todavía no es suficiente. “No cambia en nada la situación de las víctimas ni de los operadores que hoy se han cargado la aplicación de la ley en su espalda. La falta de recursos obliga a realizar verdaderos esfuerzos, para todos los técnicos involucrados, y no logra modificar el magro acceso a la justicia para estas víctimas que deben padecer la falta de sensibilidad, capacitación y de recursos de una justicia que a veces llega tarde y mal, y en otras ocasiones simplemente no llega”.

Si bien celebran la creación de estos juzgados cuestionan la falta de recursos para implementar más técnicos, “los cuales son esenciales para el funcionamiento de estas sedes”.