Cabildo Abierto (CA) tiene por estas horas serias dudas sobre un proyecto clave para los últimos meses del actual Poder Ejecutivo. Se trata de la aprobación de la adhesión de Uruguay al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), una iniciativa que, según el gobierno, permitirá a los investigadores uruguayos presentar una única solicitud de patente a nivel internacional, redactada en un solo idioma, facilitando así el trámite para la protección de sus invenciones.
Sus detractores, en cambio, apuntan a que dar ese paso implicaría serías consecuencias, lejos de favorecer a lo local. “Nuestra lectura es que le pega duro a la industria nacional”, aseguró el líder de Cabildo Abierto, el senador Guido Manini, a El País.
Si bien su partido habilitó a que el texto sea votado el próximo mes, el diputado cabildante Álvaro Perrone adelantó que, probablemente, se pida su retorno a comisión. Otra alternativa es que Cabildo Abierto reabra la discusión en el Senado. Por lo pronto, sus votos no están asegurados.
La situación tiene otras derivaciones. El diputado Iván Posada (Partido Independiente) recordó que la ratificación del PCT es una condición para que Uruguay pueda adherirse al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (Cptpp), uno de los puntales de política exterior de la actual administración. “Es un paso esencial y necesario para negociar cualquier tratado de libre comercio”, afirmó el Ejecutivo en el proyecto de ley.
El principal temor de los cabildantes pasa por el impacto que podrá tener este tratado en la industria nacional del medicamento. También sobre los efectos que la adhesión al acuerdo genere en el costo de los fármacos de alto costo y en los pequeños y medianos productores agropecuarios, por ejemplo en relación al acceso a semillas genéricas.
Los votos cabildantes son claves, dada la negativa del Frente Amplio (FA) a apoyar el tratado. Algo que fue duramente cuestionado por el oficialismo ya que un proyecto de similares características había sido enviado durante el último gobierno del Frente Amplio, con la firma de la entonces ministra de Industria, Carolina Cosse.
Posada reclamó al respecto saber “qué opinan” del tema los precandidatos del Frente Amplio. “Sería grave que la Cámara de Representantes no apruebe este tratado”, dijo por su parte el diputado nacionalista Rodrigo Goñi y agregó: “Esperamos contar con los votos de todos los legisladores de la coalición”.
El legislador blanco dijo que espera que la izquierda “recapacite” y “sea coherente” con la postura que los gobiernos frentistas adoptaron al enviar al Parlamento proyectos similares. Goñi coincidió con Posada en que resultaría inconcebible que la oposición -sobre todo los sectores que hoy apoyan a Cosse- no voten la iniciativa. Y citó a la precandidata que, recordó, varias veces expresó su “convicción de que el tratado es necesario para el desarrollo de la ciencia, la investigación y la tecnología en el país”.
La postura negativa del Frente Amplio fue definida en bancada, aunque no reúne la voluntad de todos sus integrantes. El diputado Gustavo Olmos, recién retornado a sus funciones, defendió en solitario la necesidad de que la coalición de izquierda apoye la iniciativa.
En diálogo con El País, Olmos aseguró que son varias e importantes las iniciativas de desarrollo nacional que han sido patentadas en otros países, aprovechando las ventajas que otorga el PCT. Entre ellas, detalló el trabajo del investigador Hamlet Suárez sobre rehabilitación vestibular, diversos dispositivos de biomédica, o los desarrollos en estimulación acústica durante el sueño para el tratamiento de tinnitus, por parte de Daniel Drexler y su equipo. El diputado frentista apuntó además a la compañía de diseño y desarrollo de fármacos impulsada por el Institut Pasteur Uruguay y la Universidad de la República.
Por su parte, la diputada Lilián Galán (MPP) fundamentó el rechazo mayoritario de su bancada, con argumentos que coinciden con los temores de Cabildo Abierto: el impacto sobre la industria nacional y los productores agropecuarios. Galán reparó en que ninguno de los acuerdos comerciales principales que negocia Uruguay -como China o Turquía- obligan a adherir al PCT.
A nivel académico, la adhesión al tratado es apoyada por la Universidad de la República y por la Universidad Tecnológica (Utec). También la Cámara de Especialidades Farmacéuticas y entidades vinculadas a la propiedad intelectual y la investigación.
En contra de la conveniencia de aprobarlas, se han pronunciado la Asociación de Laboratorios Nacionales (ALN) y varias entidades vinculadas a productores agropecuarios.
La postura de otros países
El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) fue firmado en Washington en 1970, está vigente desde 1978 y ha sido suscrito, hasta ahora, por 157 países de los cinco continentes. Administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). En la región son varias naciones que siguen sin firmarlo. Entre ellas se cuenta a Argentina, Bolivia, Guyana, Paraguay, Surinam y Venezuela.
Sí lo han hecho los grandes actores del comercio mundial, como Estados Unidos, Rusia, China, Canadá, el Reino Unido y la Unión Europea. Los últimos en aprobarlo han sido, entre otros, Samoa, Mauricio, Irak y Jamaica.
Compleja relación con el gobierno
No es la primera vez que Cabildo Abierto tranca un proyecto del gobierno. Uno de los encontronazos que más resonó durante el periodo actual se dio en la discusión de la reforma de la seguridad social. Aunque los votos estuvieron, el partido liderado por Guido Manini Ríos mantuvo en vilo a sus socios.
Antes de eso, el vínculo entre Cabildo Abierto y el gobierno ya había tenido sus rispideces. Uno de los grandes conflictos que hubo -y que los cabildantes no perdonan- fue cuando el presidente Luis Lacalle Pou vetó la ley forestal, que Cabildo Abierto votó con el Frente Amplio.
Meses después, y con menos resonancia, Cabildo Abierto se plegó al Frente Amplio en el Parlamento para dejar sin efecto dos inversiones proyectadas en Río Negro y Rocha. Ambos departamentos tienen intendentes blancos, por lo que la posición de los cabildantes llamó la atención en su momento en las filas nacionalistas.
Fuera del Parlamento, en el Ministerio del Interior se creó una mesa interpartidaria entre todos los partidos con representación parlamentaria para discutir temas de seguridad. La idea era que de allí hubiera un trabajo en conjunto sobre cómo afrontar el problema. Ya llegando al cierre de la labor, la cartera presentó un informe preliminar con 15 medidas, de las que Cabildo Abierto solo acompañó cinco.
En un documento que presentó a su interna, y al que en su momento accedió El País, el partido criticó con dureza las medidas de Interior y presentó alternativas.
Otro portazo que dio Cabildo Abierto, más cercano en el tiempo, se trató de la decisión de impulsar un plebiscito para cambiar el sistema financiero -en especial lo vinculado a la usura y las tasas de interés- después de que no tuvieran éxito ninguno de los proyectos que aún continúan estudio en el Parlamento. La recolección de firmas sigue, a pocos días del plazo.
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