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Redacción El País
Con una extensa exposición de motivos, el diputado de Cabildo Abierto Rafael Menéndez presentará tres proyectos de ley que apuntan a transparentar la función pública.

Una de las piezas centrales de esta tríada dispone que, quien se abogue un título académico que no posee o ejerza funciones que requieran una especialización sin tenerla, sea inhabilitado de la función pública. Esto sería posible mediante la modificación del artículo 167 del Código Penal, que hasta ahora solo contempla multas para la usurpación de títulos.

Menéndez explicó a El País que con estas iniciativas “intenta proteger la institucionalidad, para que no se produzca un descreimiento por parte de la población”. Si bien no terminó de redactar los proyectos de ley, adelantó que la inhabilitación y las multas que la Justicia le aplique al infractor podrían tener como agravante cuán jerárquico sea el cargo que ocupe.

Sin embargo, las iniciativas en las que trabaja el legislador, que tiene el visto bueno del partido, podrían afectar a uno de sus correligionarios: el director nacional de Calidad y Evaluación Ambiental, Eduardo Andrés, que al menos desde 2002 es presentado como biólogo o licenciado en Ciencias Biológicas, cuando en realidad no posee ninguno de esos títulos.

El jerarca ya estuvo en problemas en mayo de 2020, cuando el programa Santo y Seña informó que, al ser designado como director de Medio Ambiente, antes de que se creara el ministerio homónimo, se alegaba que era técnico en Gestión Ambiental, pero la Asesoría Jurídica no pudo acreditar que tuviera dicha formación.

De inmediato, el Ministerio de Vivienda, encabezado entonces por la cabildante Irene Moreira, emitió un comunicado alegando que la atribución de este título había sido un “error involuntario”. Desde entonces este funcionario, que comenzó su carrera pública en 1990 es presentado como “señor Eduardo Andrés” en las comunicaciones oficiales.

No obstante, según un relevamiento de El País, la atribución de un título que no posee se ha dado en reiteradas oportunidades desde el año 2002, por lo menos.

En el “Plan de protección ambiental del Río Uruguay”, un documento fechado el 29 de octubre de 2002, el director cabildante es presentado como “licenciado”. También figura así en el estudio de 2009 “Propuesta de delimitación y zonificación de futuras áreas protegidas en el Río Santa Lucía y Esteros de Farrapos e islas del Ríos Uruguay”, publicado tanto por el gobierno español como por el uruguayo.

Cuando el Lago de Paso Severino fue declarado área natural protegida, La Red21 consignó la noticia y mencionó al “biólogo” Andrés. Además, el portal local Florida al Día lo presentó en 2016 como licenciado en Biología.

El “error involuntario” también se puede ver en una serie de resoluciones del Ministerio de Vivienda, durante el período 2015-2020, e incluso en al menos dos boletines del Ministerio de Defensa, de 2017 y 2018, cuando Andrés fue instructor de Gestión y conservación de los recursos hídricos en el Instituto Militar de Estudios Superiores.

Menéndez, que desconocía el caso de Andrés y no quiso referirse puntualmente a él, señaló: “Este proyecto no lleva nombre y apellido, pero comprende a todas las situaciones. Si corresponde, que caiga quien caiga.”