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En marzo de 2022 se dieron una serie de hechos que sacudieron al sistema judicial, uno de ellos involucró a la jueza penal de Tacuarembó Carla Gómez. La magistrada fue sumariada y apartada del cargo a principio de año por denuncias presentadas en su contra. Y la Suprema Corte de Justicia (SCJ) evalúa su accionar.

Entre las denuncias realizadas aparece una broma en la que supuestamente ordenó a efectivos policiales detener a una compañera y las amenazas que propinó a la esposa de un constructor al que contrató para realizar obras en viviendas.

Para su abogada, Ana Irabedra, la jueza ha sido sometida a una “violencia injustificada” de un tiempo a esta parte, por la “filtración de datos erróneos” que la colocan ante la opinión pública como culpable.

La situación que advirtió la abogada, llevó a que Gómez enfrentara una “depresión profunda”, por la que se encuentra certificada hace unas semanas. Según Irabedra, esto ha dificultado el diálogo con su defendida, pero ha permitido comprender lo suficiente para “desmentir algunas acusaciones”.

En primer lugar, se refirió al caso de la broma en el patrullero. Gómez es acusada de ordenar que detengan a una funcionaria y que la llevaran esposada, a modo de gracia por estar próxima a jubilarse. La abogada de la jueza desmintió que conociera lo que harían los efectivos policiales al momento de solicitar la orden.

“Ella sabía que iban a buscar a esta señora, pero no en qué la iban a buscar, ni en qué condiciones”, aseguró la abogada.

Desde su perspectiva se trató de una “broma infeliz” en la que participaron varias personas y que pretendía ser una despedida a una compañera que se jubilaba.

Por otra parte, sobre Gómez también recaen denuncias de maltratos hacia funcionarios. Irabedra dijo que son afirmaciones “sin testigos” y destacó que no se condicen con el accionar de una profesional “intachable” como definió a la jueza.

Rafael Pereyra Chagas fue la primera persona que presentó una denuncia contra Gómez en 2021. El constructor fue contratado para realizar refacciones en tres viviendas y luego de una mala experiencia denunció amenazas de la magistrada y una persecución para ponerlo tras las rejas.

Consultada sobre este caso, la abogada indicó que “hay pruebas suficientes para desacreditar los dichos de este señor”.

Sin embargo, en diálogo con El País Pereyra aseguró que “por denunciar a una persona influyente en la Justicia” está en “la cuerda floja”. Además, afirmó que la magistrada buscó afectarlo “armándole un caso”.

A pesar de la defensa hecha por la abogada, estos casos llevaron a que la SCJ esté investigando a la jueza por sus acciones.

Es que, según relató el constructor, tras su denuncia sufrió represalias. Y relató que tiempo después el esposo de la jueza lo denunció, acusándolo de estafa, porque según declaraba el denunciante las obras no se habían finalizado. “En aquel momento trabajaba en la construcción de casas, pero por la denuncia quedé como un timador”, afirmó.

Y a esto se sumó, siempre según el relato de Pereyra, una visita de la jueza a su casa, en la que amenazó a su esposa diciéndole que lo metería preso.

Pereyra fue absuelto después de un año, por un Tribunal de Apelaciones, pero aseguró haber sido víctima de una “persecución” desde ese momento. “Me denunciaron de forma anónima por violencia a mi hija dos veces y se demostró tiempo después que esto era falso”, dijo.

Hoy Pereyra trabaja en una radio comunitaria de Tacuarembó. Su objetivo en la denuncia a la SCJ es que la jueza no trabaje “al menos” en Tacuarembó, aunque remarcó que aspira a que la jueza “sea destituida de sus funciones”.