Por Pamela Díaz
Luego de varias idas y vueltas a nivel político, la reforma de la seguridad social está dando sus últimos pasos en el Parlamento rumbo a ser aprobada. El debate que generó entre los socios de la coalición oficialista, pasando por momentos en que no estaban asegurados los votos para su sanción, fue una primera etapa en la puesta en marcha de la reforma. Es que una vez el Parlamento apruebe el proyecto de ley, algo previsto para la próxima semana, su implementación implicará diversos cambios en organismos.

Los cambios al sistema obligarán al Banco de Previsión Social (BPS) y las Administradoras de Ahorro Previsional (AFAP) a realinearse, principalmente aplicando modificaciones en sus sistemas informáticos y capacitando a su personal o incluso con contrataciones. Pero también están a la espera de los aspectos del articulado que se afinarán en una segunda etapa, a través de reglamentaciones.

Aunque la reforma se vote esta semana, los cambios al sistema de seguridad social tardarán en materializarse. Algunos aspectos del proyecto serán de aplicación inmediata, como la posibilidad de continuar en el mercado laboral después del retiro, pero otros puntos demorarán más tiempo en implementarse, como son los cambios en la edad mínima de jubilación. Por lo tanto, la aplicación de diversas modificaciones en las organizaciones no serán necesarios de forma urgente.

En ese sentido, el presidente del BPS, Alfredo Cabrera, indicó a El País que, en una primera etapa de la implementación de la reforma, se va a continuar con el mismo sistema informático. No obstante, el jerarca aclaró que se le realizan mejoras para “desarrollar soluciones inmediatas” con los recursos internos de la institución y los proveedores actuales.

Sin embargo, reconoció que esa no será la “solución definitiva”. Para hacer frente a los cambios que implica la reforma, el BPS adquirirá un nuevo sistema informático. Para su compra -contó Cabrera- “razonablemente” se hará una “licitación”. Ya hubo conversaciones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), para “analizar cuál es el mejor camino”.

Hasta el momento no hay estimaciones de qué inversión económica se deberá hacer. El monto del gasto dependerá de varios aspectos. Uno de ellos será cuánto del sistema informático actual se pretende actualizar. Y es que las diferentes partes del organismo cuentan con distintos softwares. Entonces, una de las opciones que se manejan es aprovechar la oportunidad y también actualizar aspectos que no hacen directamente a la reforma de la seguridad social.

“Si me preguntás, querría mejorar lo mayor posible. Pero no necesariamente eso será lo que suceda. Hay un mínimo y hay un máximo. ¿Precisaría mejorar la parte de prestaciones de actividad? Y sí porque continuamente estamos mejorando el desarrollo”, comentó el presidente del BPS.

Pero este no es el único desafío que enfrenta el BPS. Una vez que se apruebe la reforma deberán generar mejores mecanismos de comunicación con otros organismos de la seguridad social. El proyecto tiende a una “unificación de los conceptos y a historias integrales”, explicó el jerarca, y continuó: “Si vas a tener una historia única al final del camino, hay que buscar la forma de que se comuniquen las cajas paraestatales con el banco, algo que hoy no es necesario”.

Hay otro factor no menor: las personas que ingresen al mercado laboral deberán aportar a las AFAP, incluso quienes aporten a las cajas paraestatales como la Profesional y la Bancaria, que hoy no están obligadas. Y habrá otra modificación: ya no se dividirá el dinero en partes iguales entre el BPS y las AFAP (algo que realiza la mayor parte de las personas). Sino que del 15% de descuento al trabajador, el 10% irá para el instituto estatal y el 5% a las empresas.

En esa línea, Cabrera remarcó que los “sistemas se van a tener que comunicar de otra manera”.

Es por ello que otro de los cambios que se aplicarán en el BPS es que se generará un área de asesoramiento y consulta a los beneficiarios de las nuevas reglas. Cabrera contó que están preparando la comunicación a los usuarios para “adelantarse a sus consultas” y a la incertidumbre que se generará en los “primeros tiempos”. Pero, aclaró, están a la espera de que se apruebe el proyecto de ley ya que quedan algunos temas pendientes por definirse.

Aunque algunos artículos de las AFAP se quitaron a pedido de Cabildo Abierto -el presidente Luis Lacalle Pou le concedió la modificación al articulado y se tratarán aparte-, otros persistieron y las impactarán de manera directa. No obstante, están a la espera de que se reglamenten algunos aspectos del articulado, necesario para poder implementar los cambios.

El presidente de la Asociación Nacional de AFAP de Uruguay (Anafap) y gerente general de AFAP Sura, Sebastián Peaguda, indicó a El País que, “por lo general, la reforma incorpora varios ámbitos que aumentan los costos para las administradoras”. Y marcó que los “cambios más grandes” que se darán en las empresas están vinculados a la “inversión y los riesgos de inversión”, y la “gestión de las cuentas individuales y de atención a los clientes”.

Además, destacó como otra importante modificación la interacción que se generará entre las cajas paraestatales con el BPS -como mencionó Cabrera-, y las cajas paraestatales con las AFAP. A excepción de la Caja Notarial, que tendrá tres años por fuera del sistema mixto, momento en el que se evaluará su situación económica y financiera para evaluar si se la incorpora o no.

Peaguda dio como ejemplo la creación de un tercer fondo, algo que habilita la reforma de la seguridad social. El generarlo “implica la información del asunto en nuestros sistemas informáticos pero, más allá de eso, trae la necesidad de incorporar capacidades y competencias adicionales a las que ya se tienen”, comentó el presidente de Anafap.

Otro cambio que deberán afrontar será la necesidad de que los ahorros voluntarios y los ahorros obligatorios estén en diferentes fondos, algo que hoy no sucede. Para ello, deberán esperar a que se les indique cómo tendrán que manejar la situación, algo que será definido en la reglamentación.

Las cajas paraestatales son un capítulo aparte. La de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu) tendrá una ley propia. El directorio está a la espera una respuesta del gobierno al anteproyecto denominado “ley express” que le envió el 29 de diciembre de 2022. En un comunicado divulgado en marzo, la institución recordó que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) indicó que convocaría a una reunión para dar una devolución sobre el documento y, de esa manera, luego enviarlo al Parlamento.

En ese momento, desde la Cjppu comentaron: “Cada día y cada hora que pasa es vital para la viabilidad de la Caja, por lo que no podemos continuar esperando”.

Además, se trabaja en la creación de un proyecto de ley para salvar la situación de la Caja Bancaria. Hace un mes, el director de Seguridad Social del ministerio, Daniel García, dijo que se creó un grupo de trabajo integrado con representantes de la Caja, de Asociación de Bancarios del Uruguay y la Asociación de Bancos.

La Caja Notarial es una de las que se opuso a ingresar al régimen mixto. Esto implica, en concreto, que sus afiliados no deban aportar a las AFAP. Y después de tanto insistir, lograron de manera parcial su objetivo. Pese a que en las próximas horas se votará la reforma en la Cámara de Representantes, aún mantienen la “esperanza” de que les concedan una modificación más, explicó a El País su presidente, Miguel Ángel Corradi.

El Poder Ejecutivo les admitió ser excluidos del régimen mixto con dos condiciones. Una, que sea por un plazo de tres años, momento en el que se hará una evaluación económica y financiera de la institución para ver su viabilidad. Y así será sucesivamente: cada tres años se mirará con lupa la situación. Y la otra, que, de no ser favorable el análisis que se realice, entre al sistema mixto a través de un decreto.

Sobre esto es que Corradi pretende haya nuevas modificaciones, aunque el proyecto ya está cerrado y se espera que quede aprobado esta semana en ambas cámaras. Desde la Caja Notarial pretenden que el periodo sea de cinco años en lugar de los tres previstos.

También se apunta a que, si se vence el plazo y deben ingresar al sistema, se realice a través de una ley. ¿Por qué? Corradi explicó que en ese escenario tendrían la posibilidad de ir a las comisiones del Parlamento para demostrar la viabilidad.