MIDES Y ONGS

El ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, le respondió ayer a la exsubsecretaria Ana Olivera, y afirmó que eran 15 las ONG involucradas en el impago de alquileres de locales de refugios en un “esquema armado” y que en la cartera “no había intención de cuidar los dineros del Estado”. Esto después que El País informó el domingo que se detectó un desvío millonario de fondos, en el inicio de las auditorías del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

Allí detectaron una fuga de casi $ 10 millones por el impago de alquileres de refugios que debían efectuar las ONG. Eso derivaba en que, según las actuales autoridades, el Estado debía efectuar un doble reembolso, ya que al que pagaba el Mides a las ONG se sumaba el del Ministerio de Vivienda que, como garantía del alquiler, pagaba la cuota a los propietarios.

En menos de una semana de pesquisas, también se detectaron más de 28 inmuebles con escasos controles en el Programa Nacional de Discapacidad (Pronadis) y $ 4 millones en multas por incumplimiento de Uruguay Trabaja con el BPS.

Olivera publicó el domingo en su cuenta de Twitter que “no hay ningún desvío de fondos” y que “las deudas de las ONG fueron informadas a las actuales autoridades” durante la transición.

La exsubsecretaria también indicó que la pasada administración había realizado una primera denuncia penal a una organización y en febrero hubo una segunda denuncia. “En 2018 se creó un sistema de control de la gestión financiera, con apoyo del Ministerio de Economía, que comenzó con las ONG”, escribió.

A Bartol le preguntaron ayer en el programa “Primera mañana” de radio El Espectador por esas declaraciones de Olivera respecto a que las deudas ya habían sido informadas. “Lo leí ayer (la respuesta de Olivera) y hago memoria y memoria y no recuerdo. En los papeles no lo tengo. No recuerdo un comentario de ella (que tuvimos varias reuniones) hablándome de esto”, indicó el ministro. Pidió que le mande “dónde estaba” o “en qué momento” se lo dijo, y después sostuvo que con Olivera tiene una excelente relación.

Pero también agregó: “Además ella habla de que se hizo una denuncia y que ya se sabía, cuando son 15 ONG. Da la impresión que era casi un esquema armado”. Entonces explicó que “los propietarios no reclamaban”, iban contra el Ministerio de Vivienda y cobraban. “Hace que el ministerio, al no controlar, no sabía que ese dinero no se estaba volcando al pago del alquiler. Cuando ves que son 15 llama mucho la atención, no es un caso aislado de una denuncia penal”, agregó.

Además, apuntó: “Aquellos que le pagaste expresamente para pagar el alquiler del local se la están quedando o no se sabe lo que están haciendo. Hay que ver dónde está ese dinero, qué hicieron”.

Adelantó que tiene que haber auditorías sobre esas ONG: “Qué dinero reciben, qué hacen con el dinero, a dónde va a parar, eso nos preocupa”. Y sostuvo que, más que subsidios, eran “apropiaciones indebidas”, al no pagar los alquileres.

Las auditorías en el Mides eran una prioridad del hoy presidente Luis Lacalle Pou, según había anunciado en la campaña electoral. Bartol dijo que Mides era lugar relevante para hacer esas auditorías por varias razones: no se permitió una investigadora parlamentaria, era el ministerio más observado por el Tribunal de Cuentas y “hace tres años que no dejaban entrar a la Auditoría General”. Entonces aseguró: “Había un bloqueo de información muy grande, el ánimo es transparentar y que la gente sepa qué sucedió. Esto es lo que sale de empezar a abrir cajones; no empezó la auditoría aún”, explicó.

Y aseguró que “los controles eran pobrísimos” en el Mides durante el gobierno anterior, “no había intención de cuidar los dineros del Estado”.