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historia reciente

Asamblea General reflexionó sobre el “febrero amargo” de 1973

En una sesión extraordinaria y con público en las barras –pese a que los partidos habían acordado no achacarse las responsabilidades de entonces–, se abrió la discusión sobre el pasado reciente y el papel que jugó cada uno en el Parlamento.

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Sesión extraordinaria reflexiona a 50 años del "febrero amargo"
Sesión extraordinaria reflexiona a 50 años del "febrero amargo".
Foto: Francisco Flores

A pedido del Partido Colorado, la Asamblea General recordó ayer el “febrero amargo” de 1973. Este es el nombre con que el senador Amílcar Vasconcellos designó la serie de sucesos que desembocó en la disolución de las cámaras el 27 de junio de ese año, en particular la insurrección militar del 9 de febrero.

Pese a que los partidos habían acordado no achacarse las responsabilidades de entonces, la sesión de ayer abrió la discusión sobre el pasado reciente y el papel que jugó cada uno.

Los colorados reivindicaron la actuación de dirigentes como Jorge Batlle, Jorge Sapelli y el propio Vasconcellos, que resistieron el golpe de Estado. El senador Germán Coutinho destacó que estas figuras despertaron su “compromiso militante con la democracia, con el ejercicio concreto en una república institucional”. “No de la boca hacia afuera con un acting electoral y demagógico, sino con la fe de preservar -en el ejercicio democrático, en el diálogo, en la tolerancia, en la acción republicana- el sostén de la ley y la Constitución de la República”, acotó.

Los legisladores del Frente Amplio enfatizaron la necesidad de tener en cuenta el contexto mundial, regional y, por sobre todas las cosas, los hechos previos al “febrero amargo”.

Vistiendo la remera con la consigna de “Todos somos familiares”, el senador comunista Óscar Andrade recordó las torturas y asesinatos que se dieron desde el mandato de Jorge Pacheco, presidente colorado entre 1967 y 1972. “El deterioro institucional no nació en un día”, dijo, y recordó que en 1962 el Parlamento se negó a instalar una comisión investigadora sobre las torturas. También rememoró la votación del Estado de guerra interno, la colocación de bombas en locales frenteamplistas y la aplicación de medidas prontas de seguridad para “criminalizar la protesta”.

A su turno, su correligionaria Sandra Lazo, del Movimiento de Participación Popular, citó al investigador Álvaro Ricco y planteó que antes de 1973 se había dado un “proceso de brutalización de la política uruguaya, con el desarrollo de prácticas autoritarias de poder en las que permanentemente se invocaba un estado de necesidad para defender la soberanía interna”. Lazo dijo que, en los años previos al golpe de Estado, se pavimentó el “camino democrático hacia la dictadura”.

El senador Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto, dijo que “sin dudas” los acontecimientos del 9 de febrero fueron “el corolario o el desenlace de un largo proceso que debe dejar enseñanzas”. “De nada sirve recordar esa fecha si no terminamos aprendiendo nada de lo que pasó en la historia del país”, apuntó, y destacó la “tremenda soledad con la que el sistema político, salvo algunas excepciones, dejó al presidente”.

“Yo no creo que hoy debamos pasarnos factura, (...) pero vale esta iniciativa para recordar a aquellos que se plantaron firmes y no se marearon o confundieron en aquellos tiempos. Y los hubo en todos lados”, destacó el senador blanco Jorge Gandini, que llamó a valorar el sistema actual.

Contexto

El 8 de febrero de 1973, el entonces presidente Juan María Bordaberry pretendió sustituir al ministro de Defensa, Armando Malet, por el general Antonio Francese. Con este cambio buscaba controlar la injerencia creciente de las Fuerzas Armadas en la política nacional, denunciada por algunas pocas figuras como el senador Vasconcellos. La resolución fue resistida por el Ejército y la Fuerza Aérea, que la desconocieron públicamente. No obstante, el jefe de la Armada, José Zorrilla, acató el mandato presidencial y ordenó bloquear la Ciudad Vieja para defenderlo.

Cuatro días después, en medio de presiones, Bordaberry firmó el Pacto de Boiso Lanza, que consagró el rol de los militares en la vida política uruguaya. Este acuerdo originó el Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) y dio pie a la designación de nuevos ministros de Defensa e Interior. En paralelo el Ejército y la Fuerza Aérea redactaron los comunicados 4 y 7, donde justificaron su intervención con consignas como la redistribución de la tierra y la erradicación de la deuda externa y del desempleo. El Popular, periódico del Partido Comunista, catalogó al contenido como “en general” positivo en su editorial del 11 de febrero, recordado ayer.

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Asistieron García, comandantes de las FF.AA. y Sanguinetti

La sesión fue seguida desde el palco de honor por Julio María Sanguinetti, primer presidente tras la reapertura democrática, que seis meses antes del golpe de Estado renunció como ministro de Educación y Cultura.

También asistió el ministro de Defensa Nacional, Javier García, que extendió la invitación de los legisladores a los principales mandos militares. Por lo tanto, lo acompañaron Mario Stevenazzi (Ejército), Jorge Wilson (Armada), Luis Heber de León (Fuerza Aérea), Rodolfo Pereyra (Estado Mayor de la Defensa) y los contralmirantes de la fuerza de agua.

García contó a El País qué lo motivó a convocarlos al Parlamento: “Me pareció que era un gesto institucional muy fuerte, que al mismo tiempo habla de las Fuerzas Armadas del siglo XXI, que son absolutamente constitucionalistas y democráticas”.

“Se conmemora un hecho en la Casa de la Democracia. Cuando los cadetes hacen el juramento para recibirse de oficiales, juran defender la patria, la soberanía y la Constitución y las leyes”, agregó.

Consultado sobre cómo han procesado las Fuerzas Armadas su rol en la caída de las instituciones y en los acontecimientos de la época, García señaló que los militares fueron “una de las partes”. Y además, que hubo militares constitucionalistas, como Zorrilla.

El ministro de Defensa destacó que las Fuerzas Armadas hayan iniciado una revisión de los planes de historia del pasado reciente, a pesar de que “no fueron las únicas protagonistas” de estos sucesos. García valoró que en esta acción se refleja “una actitud analítica mucho más profunda que la que ha habido en sectores políticos que fueron protagonistas y nunca han hecho una autocrítica de su papel”. En el palco también se encontraba el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, y el vicecanciller colorado Nicolás Albertoni.

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