Apuntan a poder medir “cifra negra” de delitos: los que no fueron denunciados

El Ministerio del Interior presentó ayer a los partidos políticos el primer borrador de la “Estrategia de Seguridad Integral y Preventiva”.

Este es un plan de trabajo que el gobierno pretende diseñar con todos los lemas representados en el Parlamento, antes de mayo, después de haber intercambiado con la academia y organizaciones sociales. El objetivo es articular con las distintas instituciones para atacar “a largo plazo” las causas del delito, y de este modo poder prevenirlo mejor, según explicó el coordinador Diego Sanjurjo.

En un documento de 55 páginas, la cartera desarrolló 15 propuestas luego de haber procesado 79 iniciativas sugeridas por los delegados partidarios en la primera fase, entre diciembre y enero.

Una de ellas apunta a registrar con mayor precisión las “cifras negras” de la criminalidad, es decir, todos los delitos que no fueron denunciados y que suponen un desafío a la hora de desarrollar una estrategia integral de seguridad.

En un escenario en el que oficialismo y oposición se lanzan dardos sobre las estadísticas de la seguridad pública, con denuncias sobre un posible subregistro, el Ministerio del Interior propone implementar encuestas nacionales de victimización junto con el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Este instrumento se utilizaría anualmente o cada dos años. La medición recogería datos complementarios a los que ya recopila el Ministerio del Interior a partir de las denuncias. Los encuestados deberían responder, por ejemplo, sobre la voluntad de denunciar, los motivos por los que no denuncian, el temor al delito y la confianza en la Policía.

La inclusión de este punto al borrador fue celebrado por el Partido Colorado, que lo había sugerido en la etapa previa, al igual que el Partido Nacional. “Esto demuestra la honestidad intelectual del Ministerio del Interior. Que quiera saber cómo la gente se siente en materia de exposición al delito es un mensaje muy bueno, realmente denota que está afín a profundizar en los datos”, valoró Andrés Ojeda, delegado del Partido Colorado, en diálogo con El País.

Por su parte, Sanjurjo explicó que en el Ministerio del Interior están trabajando en la presentación de datos abiertos y otras acciones para dar mayor transparencia a las cifras. Esto se hace junto al INE y a la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic).

A largo plazo se aspira a que “deje de haber discusiones políticas sobre si están bien o no los números”, afirmó el coordinador.

Asimismo, el documento pone sobre la mesa la posibilidad de crear un Ministerio de Justicia, por iniciativa del Partido Colorado, como había adelantado El Observador.

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, valoró en conferencia de prensa que “no es una medida para implementar ahora” y recordó que el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, ya había dicho que “no existen condiciones” para fundar la nueva secretaría en este período.

Sin embargo, el Partido Colorado ve con buenos ojos que se haya abierto la discusión y espera avanzar en la comisión interpartidaria. “Deseo que esta sea una propuesta de todos los partidos políticos, inclusive el Frente Amplio, indicó Ojeda, y agregó: “Es mi anhelo que se vote la creación en este período de gobierno mediante una ley”.

El abogado penalista recordó que la idea fue apoyada por especialistas y dirigentes de todo el arco político en su momento. La lista abarca a la exvicepresidenta frenteamplista Lucía Topolansky; a la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse; a los senadores Graciela Bianchi (Partido Nacional) y Guillermo Domenech (Cabildo Abierto), entre otros. También cuenta con el aval del comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Juan Miguel Petit.

Consultado sobre los recursos que requeriría el nuevo ministerio, Ojeda señaló que esta discusión se podría dar más adelante. Aunque aclaró que instalarlo saldría prácticamente “gratis”, ya que concentraría muchas tareas que actualmente están bajo la órbita de otras instituciones públicas, por lo que solo habría que hacer una reasignación de fondos. Así ocurrió en buena medida con el Ministerio de Ambiente, que se separó de Vivienda y Ordenamiento Territorial en 2020, cuando se creó mediante la Ley de Urgente Consideración.

Después de haber conocido la devolución del gobierno, los partidos tienen ahora dos semanas para hacer sugerencias. Luego iniciarán una ronda de intercambio con jerarcas, especialistas y actores sociales vinculados a la materia.

En total el gobierno incorporó 10 propuestas del Partido Colorado, nueve del Partido Nacional, ocho del Frente Amplio y cuatro de Cabildo Abierto, según el documento.

También sumó ocho iniciativas del Partido Independiente, cinco del Partido de la Gente y dos del Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI).

El único planteo que solo fue traído a colación por el Ministerio del Interior fue la necesidad de implementar una estrategia integral de prevención de ciberdelitos. A partir de diversas acciones, el gobierno procurará dar una “respuesta criminal eficiente y efectiva contra las conductas ilícitas cometidas en el ciberespacio”. Por ejemplo, se buscará fortalecer las capacidades del Ministerio del Interior y de la Unidad de Cibercrimen. Sanjurjo señaló que este tema se incluyó en la estrategia por la “gran relevancia” que tiene en el manejo de la seguridad.

Por otro lado, los partidos también debatirán sobre la puesta en práctica de una estrategia nacional de reforma del sistema penitenciario, apuntando a la definición de “una política de Estado a largo plazo basada en un acuerdo político amplio y duradero”. Para ello se instalarían una secretaría técnica y otra ejecutiva, que tendrían distintas responsabilidades en el proceso. En un trabajo similar al que dio lugar a la reforma de la seguridad social que debate el Parlamento, representantes políticos y técnicos harían sus aportes.