Un Tribunal de Apelaciones confirmó la condena de un recluso que apuñaló más de cien veces a su compañero de celda y estuvo a punto de decapitarlo. Su defensa aseguró que era "cuestión de tiempo" por los perfiles de los involucrados, que compartieron celda por una semana y estaban condenados por homicidios.
El 21 de junio de 2023, próximo a las 23:30, funcionarios penitenciarios del Penal de Libertad escucharon un "golpeteo generalizado" que partía de uno de los sectores. Solicitaron autorización para ingresar y se dirigieron hacia la celda 409 junto con apoyo policial.
La celda estaba cerrada y con el candado intacto. Dentro, estaban los dos reclusos que la habitaban. Uno de ellos estaba "nervioso", parado, mientras que el otro se encontraba inmóvil en el suelo y con las manos atadas a la espalda. Charcos y manchas de sangre en las paredes y colchones teñían la escena. Sobre el cuerpo encontraron una nota que decía: "Luisito (apodo del agresor) 666 ja ja ja".
Desde el primer momento los funcionarios repararon en la gran cantidad de heridas que había sufrido quien se encontraba en el suelo. Luego, la autopsia determinaría que fueron más de 100 y que habían sido provocadas con cortes carcelarios. Además, se determinó que la víctima estuvo a pocos centímetros de ser decapitada.
Según declararon los funcionarios luego ante la Justicia, al ingresar a la celda el agresor les dijo: "Yo lo maté, estaba de vivo".
La pericia psiquiátrica realizada meses después al autor del homicidio reveló que se trata de una persona con un trastorno de personalidad antisocial, con escasa empatía y tendencia a trasgredir normas.
"Cuestión de tiempo"
La Fiscalía de Libertad de 2do Turno, integrada por Cecilia Saavedra y Hugo Pereira, solicitó a un juez que se le imponga al agresor la pena máxima, de 30 años de penitenciaría. Además, pidió nueve años de medidas eliminativas de seguridad, debido a la peligrosidad del delincuente.
Durante el juicio, la defensa del hombre aseguró que él "podría haber muerto", según la sentencia a la que accedió El País. "Las condiciones de reclusión son inhumanas, personas con delitos graves son alojadas en la misma celda", aseguró su abogado y sostuvo que "era una cuestión de tiempo". "Uno de los dos iba a terminar muerto y el Estado lo sabe", concluyó. Según su criterio, la pena solicitada por Fiscalía fue "sumamente excesiva".
La defensa hizo mención al perfil de los involucrados, debido a que ambos se encontraban en reclusión por delitos graves. El agresor, Luis Enrique González Mesa —"Luisito"—, de 24 años, había sido condenado por dos homicidios, uno de ellos el del golfista Antony Macaris, que fue asesinado cuando intentaban rapiñarlo.
Por otra parte, el hombre de 30 años que fue víctima de las más de 100 puñaladas, Marcos Hermida Escobar, de 30 años, cumplía con una pena de 11 años y 11 meses por haber sido coautor de un homicidio y autor de tráfico interno de armas de fuego. En el asesinato que participó, la víctima había sido un joven de 25 años. Su cabeza fue encontrada por un vecino dentro de una bolsa de nylon en una cuneta, mientras que el resto de su cuerpo apareció en un lago pocos días después.
Al declarar ante la Justicia, "Luisito" dijo que no conocía a su compañero de celda previamente. Manifestó que compartieron celda durante una semana, luego de que él se enterara que "había un muchacho que estaba solo". Debido a problemas de convivencia y tras enterarse que su compañero le había cortado la cabeza a una persona, lo mató, según su declaración. "Sabía lo que corría yo ahí adentro", dijo.
Finalmente, la jueza Andrea Cora resolvió condenarlo a 28 años de prisión y cinco de medidas eliminativas por un homicidio muy especialmente agravado con un delito de vilipendio de cadáver agravado.
La sentencia fue apelada por la defensa, que solicitó al Tribunal de Apelaciones que baje la pena. Su argumento estuvo basado en que su defendido tuvo la intención de matar, pero no de vilipendiar ni mutilar al fallecido.
Finalmente, el Tribunal confirmó sentencia de la jueza de primera instancia, cambiando únicamente que las medidas eliminativas sean "entre uno y cinco años".
"La gravedad de los hechos es palmaria (..) demuestra un designio criminal y una absoluta falta de arrepentimiento, además de una frialdad extrema para ejecutar tales conductas", aseguraron los ministros en el escrito al que accedió El País.
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