Por Pablo Méndez
La familia de un hombre de 29 años que fue asesinado en prisión deberá ser indemnizada por parte del Ministerio del Interior. La víctima murió en el Penal de Libertad y sus padres ahora cobrarán US$ 60.000. La pareja solicitó de la cartera una indemnización mayor, de US$ 300.000, por daños morales a raíz del crimen.
El recurso, presentado por el defensor Diego Etcheverrito, señaló la responsabilidad del Ministerio del Interior por las fallas de seguridad en la prisión, donde los presos contaban con armas blancas y los oficiales carecían de elementos para controlar incidentes.
El juez Pablo Javier Gandini resolvió días atrás amparar la demanda contra el Estado, reduciendo sin embargo el monto que solicitaban los familiares del hombre asesinado.
Homicidio
A inicios de diciembre de 2016, Fernando salió de su celda en el Penal de Libertad. Su intención era tomar algo de sol cerca de la puerta que daba al patio, cuando varios hombres lo sujetaron, lo redujeron en el suelo y comenzaron a atacarlo. Con cortes carcelarios, uno de los reclusos le propinó varias puñaladas y estas fueron las que le provocaron la muerte.
Los atacantes estaban esperando a Fernando con los cortes -que según el expediente eran como “verdaderas espadas”- en el patio. Un hecho que según el escrito elaborado por el abogado defensor, Diego Etcheverrito, revela “gravísimas fallas de seguridad”.
Además, el accionar de los oficiales encargados de la custodia dentro del penal estaba condicionado, ya que al momento del ataque no contaban con el equipo de radio necesario para alertar a la guardia. Esto llevó a que realizaran disparos para alertar con los estruendos a los demás efectivos.
Entre los atacantes se encontraba un hombre de 42 años, señalado como el principal responsable de la muerte de Fernando y quien fue condenado ya por el homicidio.
El hombre era un reincidente, ya que cumplía en aquel entonces una condena por otros dos homicidios.
La muerte de Fernando fue denunciada por el Comisionado Parlamentario del Sistema Penitenciario, Juan Miguel Petit. El mismo que, tiempo antes, había advertido sobre el riesgo que representaban los reclusos que estaban en ese establecimiento.
Por su parte, los denunciantes y padres del fallecido, atravesaron una profunda depresión provocada por la ausencia de su hijo.
Según declararon diferentes allegados a la familia del fallecido, esto derivó en otras enfermedades y la necesidad de una asistencia psicológica que se ha extendido hasta ahora.
Resolución
El magistrado actuante condenó al Ministerio del Interior a pagar la cifra de US$ 30.000 a cada uno de los padres, con intereses desde el día en que murió su hijo y hasta que se abone el monto. Incluso desestimó el argumento del organismo público, que se excusaba en que el responsable del homicidio es el hombre que fue condenado por propinar el ataque y por tanto se trata de una muerte no imputable al Estado.
En su defensa, el ministerio aseguró que se realizan en todas las unidades penitenciarias requisas con el objetivo de encontrar cortes carcelarios y señaló que a través de este mecanismo se incautan grandes cantidades de estas armas.
Aún así, según figura en la sentencia del caso, “los privados de libertad se encargan de fabricar nuevos” con materiales de diferentes espacios de la prisión que son vandalizados.
Para desestimar el argumento, Gandini señaló que corresponde al Estado “la obligación de preservar la integridad física de los reclusos bajo custodia”, hecho que no se cumplió en este caso. A esto, dijo, se sumó la presencia de cortes carcelarios, que demuestran la falencia de las requisas que se realizan periódicamente.
Incluso, dentro de la sentencia, figura la declaración de Petit que señala que en el área donde ocurrió el homicidio los reclusos recibía, en 2016, un “trato cruel, inhumano y degradante”. Según el informe, en los patios los presidiarios se cruzaban entre sí sin que los guardias pudieran garantizar la seguridad, los “cortes” abundaban y los reclusos presentaban un exceso de encierro.