Expolicías y exmilitares colombianos, particularmente del Valle del Cauca, integran grupos criminales radicados en Montevideo y el interior del país que se dedican a la usura, bajo la modalidad del llamado préstamo gota a gota, con intereses diarios y semanales, un fenómeno detectado en Uruguay hace cinco años.
La información fue aportada ayer por el subsecretario del Interior, Guillermo Maciel, y el director de la Policía Nacional, el comisario general retirado José Azambuya, ante la comisión de Constitución y Legislación del Senado. Por este escenario, Maciel anunció que la cartera prepara un proyecto de ley para habilitar la deportación del país de estos delincuentes, lo que, por el tipo de delitos que cometen, hoy no está permitido.
La Policía puso en marcha dos operativos para enfrentar este fenómeno, que se manifiesta en préstamos de $ 10.000 y $ 15.000 con tasas de usura. En ambos procedimientos se formalizó la investigación por usura y asociación para delinquir, lo que permitió delinear un perfil de los delincuentes e intercambiar información con la Policía de Colombia y de otros países de la región donde también se presenta el mismo modus operandi.
“La mayoría de los involucrados son ciudadanos colombianos y provienen del Valle del Cauca, que es de donde son originarios; muchos de ellos fueron integrantes de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Aérea, de la Marina” de Colombia, informó ante los senadores el director de la Policía Nacional, quien agregó que esta formación militar llamó la atención de los investigadores. El subsecretario de Interior agregó que “en muchos casos han recibido capacitación policial y militar”. Entre los delincuentes hay expolicías colombianos, confirmó El País con fuentes policiales.
Tres niveles
La Policía identificó tres niveles dentro de las organizaciones delictivas, las que están integradas mayoritariamente por ciudadanos colombianos, aunque también se han identificado venezolanos y cubanos. “El primer nivel, el grupo mayoritario, es la base de la pirámide”, explicó Maciel, que aseguró que este estrato está formado por individuos que vinieron a Uruguay “supuestamente engañados y terminaron dando préstamos”.
El subsecretario sostuvo que “en un segundo nivel están los coordinadores, que son personas que llevan más tiempo en la actividad, han subido de rango y se encargan de coordinar a quienes tienen menos experiencia”; y en el tercer nivel se encuentran “quienes están al frente de la organización, mayoritariamente ciudadanos de nacionalidad colombiana”. Estos cabecillas “operan cerca de la frontera, básicamente con Brasil”, lo que “les permitiría una rápida huida o cambio de territorio”, informó Maciel.
Otra particularidad de estas organizaciones es que “la inmensa mayoría” de sus integrantes “está documentada en nuestro país”, es decir, tienen cédula de identidad y residencia registrada. El subsecretario destacó estos registros como “un factor positivo”, ya que habilita la identificación de los sospechosos y de sus huellas dactilares, entre otros datos.
Engaño
El director de la Policía Nacional puntualizó que muchos llegan a Uruguay desde Colombia con la promesa de que van a realizar un trabajo diferente al que finalmente son destinados: prestamistas. Azambuya ejemplificó en comisión que a algunos se les prometió trabajar en comercios o en plazas de comidas, pero al arribar a suelo oriental, esas promesas se esfuman. “Cuando llegan a Uruguay ellos se enteran que van a realizar otro tipo de tarea, pero entonces ya adquirieron una deuda con la organización, que les mandó el pasaje y una cantidad de dinero para sobrevivir al inicio. Cuando se enteran qué tarea deben realizar, inmediatamente se los coacciona a ellos, en el sentido de que tienen una deuda, que van a trabajar, y que eventualmente si no lo hacen, quedaron sus familiares en Colombia...”, agregó el director de la Policía ante la comisión.
El subsecretario aclaró luego en conferencia de prensa que han recibido varias denuncias sobre usura y asociación para delinquir, pero que ninguna se refiere a amenazas en caso de no pagar las deudas.
Presentarán iniciativa para echar del país a homicidas extranjeros
La Ley de Migración, aprobada en el año 2008, establece en su artículo 45 siete causales de rechazo al ingreso a Uruguay de una persona, entre las que se destaca “haber incurrido o participado en actos de Gobierno o de otro tipo que constituyan genocidio, crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad o cualquier acto violatorio de los derechos humanos establecido como tal en los instrumentos internacionales ratificados por el país”, y/o “haber sido objeto de condena por delitos relacionados al tráfico y trata de personas, lavado de activos, tráfico de estupefacientes y tráfico de armas en el país o fuera de él”. Por otra parte, el artículo 51 de la misma ley estipula seis causales de expulsión del país, entre las que menciona las dos anteriormente citadas.
El Ministerio del Interior considera que los motivos por los que un ciudadano extranjero puede ser expulsado del país son pocos, y busca ampliar la cantidad de delitos cuya comisión justifique su deportación al país de su nacionalidad. El subsecretario de Interior, Guillermo Maciel, lo anunció ayer en la comisión de Constitución y Legislación del Senado, donde describió cómo operan usureros colombianos en suelo oriental. El jerarca informó que “hoy están muy limitadas las medidas de expulsión del país, la posibilidad de deportación”, por lo que la cartera pretenderá, a través de un proyecto de ley, “ampliar esa nómina de delitos” mencionados por la Ley de Migración, para que también figuren “el homicidio, el secuestro, los que tienen que ver con delitos sexuales” y también algunos de carácter económico, entre los que quedarían comprendidos los usureros colombianos.