JUSTICIA CIVIL

El abogado penalista Gustavo Salle y el ex fiscal penal, Enrique Viana, solicitaron a la Justicia Civil que declare la nulidad del contrato firmado entre el Estado uruguayo y UPM.

En un escrito presentado ayer, Salle y Viana pidieron que, en un plazo breve, la Justicia disponga de una medida de no innovar y que ambas partes entreguen a la sede copias del contrato firmado el 7 de noviembre pasado y otros documentos relacionados con el mismo.

Salle y Viana entendieron que solo el gobierno uruguayo se compromete a otorgar una Zona Franca del Proyecto UPM, a extender el plazo de la autorización de explotación de Zona Franca de UPM Fray Bentos, a dar máxima prioridad a los procesos y trámites de las autorizaciones ambientales promovidas por UPM, a construir y mantener el proyecto ferrocarril que une al puerto de Montevideo con la ciudad de Paso de los Toros, entre otras obligaciones.

Según el escrito, UPM manifiesta que su proyecto de inversión es únicamente indicativo y no constituye obligación o compromiso alguno. "Todas esas cláusulas entrañan el cercenamiento de los poderes Judicial y Legislativo, en perjuicio de todos los habitantes de la República y en favor de los intereses de una corporación privada anacional. Se obra, por ende, en flagrante vulneración del orden público constitucional", agregó.