1/3:  haya 20060713 468x260 (AP)

2/3:  haya 20060713 468x260 (AP)

3/3:  haya 20060713 468x260 (AFP)

La Haya - La Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya rechazó hoy en forma casi unánime el pedido de Argentina de detener en forma provisoria la construcción de dos plantas de celulosa en Uruguay, al considerar que no existe una amenaza "urgente" de "daño irreparable" para el Río Uruguay.

De todos modos, la CIJ advirtió en su fallo que Uruguay asume "todos los riesgos" vinculados con la construcción de las papeleras, y dejó en claro que la decisión de no dar a lugar a la medida cautelar no significa que los argumentos de fondo de Argentina "han sido rechazados".

La decisión fue adoptada por 14 votos contra uno, indicó la presidenta del tribunal, la jueza británica Rosalyn Higgins, en un fallo seguido en absoluto silencio por las delegaciones de ambos países, separadas por apenas un metro de distancia en la gran sala de audiencias del Palacio de la Paz de La Haya.

"Las circunstancias, tal como fueron presentadas ante la Corte, no permiten requerir el ejercicio de su poder bajo el artículo 41 del estatuto (del Río Uruguay) para indicar medidas provisionales", indicó la jueza, en respuesta a la demanda presentada por Argentina el pasado 4 de mayo.

"Las condiciones de urgencia y daño irreparable no se cumplieron", agregó la magistrado, al referirse a los dos elementos sustanciales que deben ser demostrados para dictar medidas cautelares.

Además, Argentina no logró convencer a la Corte de la existencia de una "amenaza inminente" para sus derechos, ni tampoco de la necesidad de garantizar la cooperación entre ambas partes para proteger el medio ambiente del Río Uruguay.

La cuestión de fondo del contencioso es la construcción de dos fábricas de celulosa por parte de las empresas finlandesa Botnia y española Ence en la localidad uruguaya de Fray Bentos, junto al Río Uruguay que sirve de frontera con Argentina, un proyecto que significa una inversión de 1.800 millones de dólares.

Mientras el gobierno uruguayo avala las obras, su homólogo argentino afirma que el impacto medioambiental de las papeleras no fue debidamente estudiado, y por ello denunció a Montevideo por el incumplimiento del Estatuto del Río Uruguay de 1975, en vigor entre ambos países.

Sin embargo, y tras un mes de reflexión, la CIJ no encontró argumentos suficientes para aceptar la medida cautelar de paralizar las obras que había pedido Argentina durante los alegatos del pasado 8 y 9 de junio.

Argentinos y uruguayos se saludaron respetuosamente al final de la audiencia, que duró poco más de una hora y se llevó a cabo ante una sala repleta con más cien personas.

De lado uruguayo, estaban presentes en la sala los embajadores en Francia, Héctor Gros Espiell, y en Estados Unidos, Carlos Gianelli, además del embajador en Holanda, Carlos Mora.

Por Argentina, en tanto, se encontraban la consejera legal de la Cancillería, Susana Ruiz Cerutti; el director del Instituto de Servicio Exterior, Horacio Basabe; y el embajador argentino en Holanda, Santos Goñi Marenco.

El fallo de la CIJ, que comienza a definir la crisis de las papeleras, era aguardado con gran expectativa tanto en Buenos Aires como Montevideo, pero también en Gualeguaychú, la ciudad argentina ubicada frente a Fray Bentos y cuyos ciudadanos comenzaron a denunciar mediante cortes de puentes la amenaza medioambiental que a su entender representan las papeleras.

Según organizaciones argentinas de defensa de los derechos humanos y el medio ambiente, las dos papeleras extraerán durante 40 años 1.900 millones de metros cúbicos de agua dulce, "equivalente al consumo de la ciudad de París durante siete años", y contaminarán 1.500 millones de metros cúbicos de agua.

De su lado, Uruguay afirma que ha brindado información "abundante" sobre las fábricas y que la paralización de las obras será fatal para el desarrollo económico y humano del país.

AFP