MINISTERIO RESISTE CUMPLIMIENTO DEL FALLO

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) recusó al juez que obligó a la cartera a pagar una multa de $ 4 millonespor no haber dado todavía una casa a una familia del asentamiento Nuevo Comienzo, como dispuso la Justicia en dos sentencias que dieron lugar a un recurso de amparo.

En una resolución emitida días atrás, el magistrado Daniel Erserguer -juez de Familia de 13er Turno- había desestimado el reclamo del MVOT contra la sanción económica por los días transcurridos sin dar solución habitacional a la familia. Además, tampoco había aceptado la alternativa propuesta por la secretaría de Estado de subsidiar un alquiler con hasta 12 Unidades Reajustables mensuales ($ 16.076, en valores actuales), ya que el organismo no cuenta con viviendas como para entregar en forma inmediata.

Ahora, la cartera liderada por Irene Moreira decidió plegarse a la sugerencia de su departamento jurídico, que recomendó presentar un incidente de recusación en el entendido de que el juez Erserguer incurrió en “prejuzgamiento”, algo previsto en el artículo 325 del Código General del Proceso. La norma define que “será causa de recusación toda circunstancia comprobable que pueda afectar la imparcialidad del juez por interés en el proceso en que interviene o afecto o enemistad en relación a las partes o sus abogados y procuradores, así como por haber dado opinión concreta sobre la causa sometida a su decisión (prejuzgamiento)”.

En la cúpula ministerial consideran que de esta manera el MVOT está cumpliendo con el mandato del presidente Luis Lacalle Pou, quien consultado por la resolución de Erserguer, días atrás, sostuvo que había que “agotar las instancias” jurídicas antes de acatar la sentencia.

En rigor, el mandatario dijo: “Es un fallo judicial, y como tal se deberán agotar las instancias y respetarlo”. Pero en Vivienda no observan una contradicción al plantear la recusación contra el magistrado, sino lo contrario. “Estamos cumpliendo, porque eso es lo que estamos haciendo: agotando todas las instancias”, dijo una fuente del MVOT.

Juan Ceretta, abogado de la familia, declaró a El País que espera que “la cartera de Vivienda rectifique esta actitud y se honre la palabra del presidente”. A su entender, “la resistencia institucional a cumplir fallos de la Justicia afecta el funcionamiento democrático”.

En el escrito presentado por el ministerio, al que accedió El País, se cuestiona que en la resolución de Erserguer del 19 de mayo el magistrado se refiera “a cuestiones que son ajenas a los recursos sobre los que se pronuncia, expresándose claramente a favor” del reclamo de la familia, lo que configuraría “clara hipótesis de prejuzgamiento”.

Las abogadas del ministerio Marcia Senattore y Daiana Da Silva -quienes firman el documento- denuncian que el juez adelantó “su opinión concreta sobre la causa”. Lo hizo, señalan, al afirmar en su dictamen que el MVOT no había cumplido con la condena al ofrecer la alternativa del subsidio, y al decir que, “en los hechos”, los demandantes continuaban hoy sin haber “accedido a una vivienda” y “viviendo en insoportables condiciones de extrema vulnerabilidad”, entre otros pasajes citados en su escrito.

“Resulta entonces por demás evidente que el magistrado recoge y comparte los argumentos manifestados” por los demandantes, dicen las abogadas, quienes sostienen también que no se les dio “oportunidad” de presentar sus descargos.

El argumento de fondo para ir hasta las últimas consecuencias en contra de la condena de la Justicia -que fue ratificada en segunda instancia- sigue siendo la realidad material del MVOT, que no cuenta con “stock” suficiente de viviendas como para responder sin demora a fallos de este tipo, de acuerdo a lo que sostuvo Moreira en su momento.

Como una primera respuesta para atender esta situación, el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, presentó la semana pasada un proyecto de ley para dar una interpretación más acotada al artículo 45 de la Constitución, que es el que consagra el derecho de los uruguayos a “gozar de vivienda decorosa”.

La iniciativa de Manini busca dejar en claro que la Carta Magna “no establece el deber del Estado de proveer de viviendas a las personas que carezcan de ella, sino (que) le asigna el poder-deber de fijar políticas públicas a través de la ley, que propenderán a la obtención de una vivienda decorosa, higiénica y económica de todos los habitantes”.

El texto, que será abordado en comisión en la Cámara de Senadores, recién está siendo discutido por los legisladores en base a ese primer borrador.

Hasta el momento han sido tres las familias demandantes favorecidas por la Justicia, luego de recibir en marzo una orden de desalojo en el marco de una investigación penal por usurpación y robo de energía eléctrica, a cargo del fiscal Diego Pérez.