Un centenar de testigos tendrá que declarar por caso de partidas de nacimiento falsas

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Por Eduardo Barreneche
Las partidas de nacimiento de ciudadanos rusos, elaboradas en Rusia y redactadas en el idioma de ese país, son centenares. Esas partidas de nacimiento no son falsas. Están apostilladas y tienen sellos rusos verdaderos.

No obstante, en esas partidas constan nombres de por lo menos un centenar de uruguayos en forma apócrifa. Señalan que estos uruguayos tuvieron hijos e hijas naturales tras mantener relaciones con rusas. En las partidas constaban nombres de uruguayos de avanzada edad que figuraban como padres o abuelos de los rusos. La gran mayoría de ellos habían muerto pero otros no.

Esas partidas comenzaron a ser elaboradas en 2013, de ahí la elevada cifra de nombres que analiza la fiscalía de Flagrancia de 12° Turno, cuya titular es la fiscal Sabrina Flores y su adjunta, Gloria Nicolini.

¿De qué repartición uruguaya se enviaban esas partidas de nacimiento a Rusia? ¿Quiénes lo hacían?

Las respuestas a esas preguntas son investigadas por la fiscal Flores. En una audiencia realizada ayer ante el juez de garantías, Alejandro Asteggiante Blanco, la fiscal planteó que tendrá la necesidad de citar a testigos para corroborar dichas partidas de nacimiento.

“Estamos evaluando si hay testigos hábiles para una declaración anticipada. Hay algunos (testigos) que son de edad pero no son tan ancianos. Y habrá que hablar con ellos para ver cómo están de salud y ver que declaren como prueba anticipada o ya presentarlos para el juicio. Estamos haciendo ese filtro para ver en qué instancia vamos a presentar esa prueba”, dijo Flores en la sede.

En otro tramo de la audiencia, a cuyo audio accedió El País, Flores sostuvo que este es un proceso que “va a ser largo” porque “hay que preparar la acusación, entrar en la etapa del juicio oral y hay que valorar las declaraciones anticipadas”.

El juez Asteggiante Blanco dijo que, en definitiva, el único riesgo para la investigación es que alguno de los indagados se comunique con los testigos. En otro momento del proceso penal, recordó el magistrado, se habló de riesgo de fuga de alguno de los implicados.

Por su parte, el abogado defensor del escribano Álvaro Fernández, Edison González, recordó que la investigación sobre documentos uruguayos apócrifos lleva tres años y agregó que el expediente lo comenzó otra fiscalía y fue archivado.

Con esta fiscalía, ya pasó un año y tres meses de indagatorias. “Lo dijimos hace meses que los tiempos para investigar no le iba a dar a la Fiscalía. La prueba de ello la tengo ahora. Tampoco le va dar este año para culminar la investigación. De eso estoy seguro”, expresó el penalista.

En dos ocasiones, personas muy ancianas y con enfermedades terminales declararon en forma anticipada en el Juzgado. Ninguno dijo conocer al escribano Álvaro Fernández, a su esposa Patricia Medina ni al gestor ruso, Alexey Slivaev.

Uno de testigos, un anciano de 85 años oriundo de Río Negro y con problemas cardíacos, dijo en el Juzgado que jamás había viajado a Rusia ni había mantenido relaciones sexuales con mujeres de ese país.

El otro, un profesor de historia de 77 años que enfrenta una enfermedad terminal, también negó cualquier vínculo con mujeres caucásicas o con los hoy imputados.

Por su parte, el abogado González hizo hincapié en que, a su entender, “no está probada la no autenticidad de las partidas de nacimiento utilizadas por los rusos para acceder a la ciudadanía uruguaya”.

“Por eso, la táctica de la fiscalía será tener un montón de testigos que digan que no tuvieron hijos rusos o que sus hermanos o primos no tuvieron hijos de nacionalidad rusa”, afirmó durante la audiencia. Ello significa que por lo menos un centenar de testigos deberán declarar en la Fiscalía, dijo una fuente del caso a El País.

La normativa vigente establece que si se prueba que un ruso es hijo o nieto de un ciudadano uruguayo, en forma automática pueden solicitar la ciudadanía uruguaya y con ella luego acceder a otro tipo de documentos como pasaportes, cédulas y credenciales cívicas.

Las cifras de partidas de nacimiento elaboradas en Rusia con nombres de uruguayos apócrifos varían.

En una declaración ante la entonces fiscal de la causa, Gabriela Fossati, el escribano Álvaro Fernández dijo que desde 2013 se tramitaron miles de pasaportes uruguayos, los cuales fueron gestionados por uno de los cónsules hoy investigados por la Fiscalía. Cada pasaporte tenía un costo de US$ 20.000, según declaró Fernández.

El 27 de diciembre de 2022, Fossati imputó al excónsul en Moscú, Stefano di Conza, que se desempeñó en el cargo desde 2013 hasta 2015.

Se lo investiga por 14 delitos de fraude reiterados, en concurrencia con reiteración real con 14 delitos de suposición de estado civil.

El 7 de marzo de este año, el juez Asteggiante Blanco formalizó la investigación contra el cónsul Gustavo Piegas que también se desempeñaba en Moscú. Se lo acusa de presuntas irregularidades en por lo menos 104 pasaportes uruguayos emitidos en el consulado uruguayo. Además, es investigado por reiterados delitos de suposición de estado civil.

En 2020 la Dirección Nacional de Identificación Civil presentó 60 denuncias contra personas que obtuvieron la ciudadanía uruguaya en base a documentos adulterados, tras una extensa investigación realizada por la repartición policial.

El problema probatorio que enfrenta hoy la fiscal Flores es que los reconocimientos de los supuestos hijos naturales se realizó en Rusia. Los documentos fueron elaborados en idioma ruso y traducidos por una ciudadana caucásica.

En ese mar de supuestas irregularidades también surgen pasaportes uruguayos originales otorgados a rusos con cédulas de identidad cuyos números no existían en Uruguay.

Esto quedó en evidencia cuando los ciudadanos rusos que tramitaron esos papeles vinieron a Uruguay a radicarse. Gracias a ello trascendió que hay otros gestores rusos tramitando ciudadanías uruguayas operando desde Uruguay. Ese dato también deberá ser investigado por la Fiscalía.