Mientras estaba en un hogar del Instituto de la Niñez y la Adolescencia (INAU), hacía lo que cualquier adolescente. Nada resaltaba especialmente. Pero cuando se fugaba del hogar, hacía todo lo que ahí no podía. En esas "salidas no acordadas", como lo nombran institucionalmente, iba siempre a lo del hombre que ella llamaba su novio.
Ella decía que "tenía una relación de pareja con el señor, que ella iba a la casa, ahí ella tenía un plato de comida, también tenía la droga. Nosotros le preguntamos qué consumía en ese momento y ella nos dijo cocaína", relató la coordinadora de este hogar del departamento de Durazno al declarar en el juicio.
La semana pasada el Tribunal de Apelaciones confirmó la condena de este hombre a ocho años de prisión por haber suministrado drogas, almacenado contenido pornográfico, explotado sexualmente y contribuido a que exploten a una adolescente de 16 años.
La denuncia la hizo la propia institución en marzo de 2023 cuando una amiga que también vivía en el hogar, alertó que la víctima hacía días que no aparecía y que tenía miedo por algunas cosas que ella le había contado. En ese momento, les dijo a las autoridades que en más de una oportunidad su amiga había convulsionado frente al agresor —al que ella mencionaba como su novio— producto de toda la cocaína que consumía y él, en lugar de llevarla al médico, intentaba despertarla con agua u olores fuertes.
Él, por estar con ella, le daba dinero, ropa, celulares y drogas. En una oportunidad, incluso, le llevó el dispositivo al hogar de INAU donde ella vivía. Como forma de "pago" ella tenía relaciones con él y, a su vez, era explotada sexualmente por otros hombres con los que él le concertaba el encuentro. Uno de ellos fue condenado por estos hechos. A su vez, ella se tomó imágenes de índole sexual con el celular del condenado y él enviaba esas imágenes para "promocionarla" con otros potenciales "clientes". Por ese motivo se lo condenó por almacenamiento de contenido pornográfico de menores de edad.
"Yo lo ayudaba a él a comprar la cocaína también (. ..) si estaba en la casa de él yo también quería poner algo, quería poner plata para comprar la droga, entonces me prostituía y le daba la plata para comprar más droga", declaró la víctima ante la Justicia. La Fiscalía contextualizó sus dichos y explicó que hay en ella "una normalización de una situación de explotación". Hizo énfasis en que ella no ejerció la prostitución sino que fue explotada sexualmente, dado que como menor de edad esa decisión no puede considerarse voluntaria.
Además, estaba supeditada a una profunda adicción que la víctima ya acarreaba antes de conocer al condenado. "Yo estaba mal por la cocaína, muy enviciada, y en donde había droga yo me quedaba", contó ella misma.
Luego de siete días ausente y, pese a que el agresor negaba que la adolescente estuviera con él, la Justicia mandató un allanamiento en su casa. La Policía encontró a la adolescente, escondida en el baño y usando poca ropa. En el lugar se incautó envoltorios con droga.
La defensa del imputado había aceptado la condena inicial de la jueza Patricia Hornes en cuanto a los cargos de explotación sexual, pero no así los de suministro de estupefacientes y almacenamiento de imágenes pornográficas. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones de 1er Turno —compuesto por Marcelo Malvar, Graciela Eustacchio y Dolores Sánchez— confirmó el fallo inicial en todos sus términos, incluida la pena: ocho años de prisión. Si quisiera, el condenado podría recurrir a la Suprema Corte de Justicia.
73% de los centros registraron "salidas no acordadas" en seis meses
Un informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) publicado en octubre de este año reveló que en seis meses, 73% de los centros INAU a nivel país registraron "salidas no acordadas". El año pasado, una adolescente de 16 años que era explotada sexualmente cuando se escapaba de un centro INAU en Rivera quedó embarazada y, en un contexto de falta de controles médicos., se convirtió en la primera muerte materna de ese año.
Este tipo de salidas, recoge el informe citado, "se presentan en todos los departamentos y regiones, pero en algunas de estas alcanzan una dimensión estructural, que requiere del despliegue de intervenciones mayores". Además, "se verificó que en varios centros hubo salidas no acordadas de niñas, niños y adolescentes en las que se registraron situaciones de riesgo".