"Después de los siete, no tengo posibilidad de que me adopten": titular del INAU contó lo que los niños le dicen

Redacción El País
La presidenta del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), Claudia Romero, advirtió en la Comisión de Presupuesto del Senado que "cuanto más tiempo esté un niño dentro de una institución, más agravio vamos a hacer a su vida". El objetivo central de su gestión es reducir drásticamente la institucionalización de niños y adolescentes, buscando incluso erradicarla por completo para los menores de tres años.

Romero explicó que, si bien las adopciones han mostrado un incremento —pasando de 106 en 2020 a 141 en 2024—, este aumento "no soluciona el problema" de la institucionalización masiva.

Una particularidad destacada es que la población que más se adopta son los niños menores de dos años. Esto se refleja claramente en las cifras de 2024: de las 141 adopciones, 81 correspondieron a menores de 2 años (el 57%). El resto se distribuyó entre 3 a 5 años (29 casos, 21%), 6 a 9 años (23 casos, 16%), y apenas dos niños con más de 10 años (1%). Romero no brindó detalles sobre la edad de los seis restantes.

La jerarca enfatizó el impacto emocional, citando a los propios niños: “Ellos mismos nos dicen: ‘Después de que cumplí los siete, ya sé que no tengo posibilidad de que me adopten’”.

Calificó de "bajo" el porcentaje de niños y adolescentes adoptados en ese período en comparación con la cantidad total en condiciones de serlo.

"¿Hay que trabajar en adopciones? Sin duda. ¿Es una herramienta fundamental para que se proteja el derecho a vivir en familia? Sin duda. Pero no va a ser la herramienta que tenga mayor impacto en la totalidad de los niños que hoy atendemos", advirtió.

En este contexto, la prioridad del INAU es la erradicación de la internación para menores de tres años. Esto se logrará ampliando el modelo de acogimiento familiar (ya utilizado para bebés hasta un año) para eliminar el "cuidado residencial" y el "sistema de protección de 24 horas", en favor de alternativas de base familiar y comunitaria que permitan un egreso progresivo del sistema.

Carmen Rodríguez, asesora del INAU, comenzó su exposición ante la comisión de Presupuesto explicando la implementación del sistema “Los pasos que damos”. Este programa fue creado en 2018 para dar solución a un “problema histórico”: los bebés menores de un año que quedaban internados en hospitales al no poder ser recogidos por el sistema de protección.

El proyecto, que se inició a modo de prueba con 20 menores, ya ha alcanzado los 226 niños, y un número idéntico de familias de acogida se han vinculado al programa.

Del sistema, destacó que solo hubo “un problema de confusión de roles” en algunas familias, pero calificó a este como exitoso. La mitad de los bebés fueron luego a una familia adoptiva, y la otra mitad retornaron a su familia de origen. El tiempo en que se demoró en resolver cada situación no fue mayor a los cuatro meses.

Rodríguez recordó que el modelo actual se sustenta en un nuevo reglamento diseñado en 2017, que buscó "revertir el efecto de un modelo de cuidadoras que había mostrado su agotamiento histórico y que prendía muchas alarmas". Sin embargo, la institución enfrenta desafíos de gestión.

La asesora reconoció problemas en la dotación de recursos humanos suficientes para llevar a cabo los protocolos, lo que genera grandes demoras en el proceso de selección de familias de acogida interesadas. "Vamos en esa dirección" de fortalecer las unidades de selección, afirmó.

Al cerrar su participación, Rodríguez abordó la discusión sobre los distintos mecanismos de protección (adopción, acogimiento, trabajo con familias). Subrayó que el "rol fundamental de los profesionales es discernir caso a caso cuál es la mejor medida de protección".

“Esta no es una decisión universal ni ideológica sino ética, porque toca sutilmente cada vida”, indicó, enfatizando que se debe tener la capacidad institucional para complementar medidas.

El Presupuesto prevé la asignación de $ 51 millones para fortalecer la política de acogimiento familiar, y una partida incremental de $ 172 millones en 2026 (hasta casi $ 400 millones), destinada a la desinternación de niños de 0 a 3 años a través de organizaciones de la sociedad civil.