La Inddhh y Unicef alertaron por graves situaciones que atraviesan niños y adolescentes en centros del INAU

Redacción El País
Un nuevo informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh) y Unicef, que monitoreó la situación de niños y adolescentes que residen en centros de protección especial del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), concluyó que durante la última década “no se ha contado con las debidas garantías de protección” a estos jóvenes.

El reporte titulado “Panorama de las infancias y adolescencias en mirada regional. Niñas, niños y adolescentes en el sistema de protección”, del Mecanismo Nacional de Prevención (MNP), que se presenta este jueves en el Parlamento, realizó un seguimiento entre los años 2023 y 2025, de un 70% de los centros de todo el país, que arrojó una serie de “nudos críticos” en el sistema.

Por un lado, en los últimos 15 años, hubo un aumento de 67% en los jóvenes que, por orden judicial, fueron separados de su familia, de forma transitoria o definitiva, por situaciones de vulneración de derechos, que se encuentran en el sistema de protección especial.

Los jóvenes, bajo este régimen, sumaban 7.835, a marzo de este año. De esta cifra, 3.224 residían en un centro de protección y 4.601 vivían con una familia propia o ajena, con un seguimiento de equipos técnicos.

Uruguay, en tanto, registra la tercera tasa más elevada de institucionalización de jóvenes de América Latina (321 niños y adolescentes cada 100.000). Y pese a que el Código de la Niñez y la Adolescencia plantea que el ingreso debe durar el “menor tiempo posible”, estos permanecen, en promedio, siete años en el sistema.

Desde 2010, se señaló en el reporte de 96 páginas al que accedió El País, los jóvenes que están en el sistema de protección transitan en promedio por tres centros, pero se han visto situaciones de traslados por “más de 10”. Que involucran, inclusive, la “modalidad de trueque” de los niños y adolescentes, dentro y fuera de un mismo departamento.

Si bien los motivos por los cuales ingresan son similares a una década atrás, el nivel de daño “se ha profundizado”, sobre todo por el “aumento” de la violencia territorial. “Bandas y grupos vinculados a la criminalidad captan a niñas, niños y adolescentes antes, durante y después de su paso por el sistema de protección”, se alertó en el reporte.

Otro aspecto indicado es que las instalaciones están “sobrecargadas”. Un 40% de los centros planteó que en los últimos tres meses atendió a más jóvenes de lo que podían ocuparse por su capacidad. “Se observaron colchones en el piso, niñas y niños durmiendo en sillones, o en camas en los espacios comunes”, se graficó en el relevamiento.

Sigue siendo un problema la “escasa” formación y capacidad para brindar una atención de calidad del personal. Si bien en “muchos casos” hubo un trato adecuado de funcionarios, también se dieron “numerosos casos de malos tratos”, con actitudes estigmatizantes hasta “violencia psicológica y/o física".

También se registraron condiciones edilicias “deterioradas” en los centros, con diferentes ritmos de avance según el departamento, que conviven con “condiciones incambiadas” pese a varias advertencias. “La respuesta ha resultado insuficiente a la hora de pensar en escenarios que posibiliten el bienestar integral” de los jóvenes.

Otro punto está relacionado con el acceso. “Desde hace 10 años se constata que no existen líneas y pautas en relación con lo que se informa a las infancias y adolescencias en el momento que ingresan al sistema de protección”.

No solo no se les comunica el abordaje, sino que “tampoco son esperados y recibidos en el centro al que llegan”. Se van orientando en el lugar y conociendo las reglas de funcionamiento por “pares”, lo que deriva en una percepción de “falta de cuidado adecuado”.

Por la lógica de “cupo disponible” de los centros, no se responde a las características de los jóvenes, y se llega a la “separación de hermanos y traslados fuera de su lugar de origen”, algo planteado ya en 2015. “Son pocos los centros que albergan grupos de hermanos”, se indicó.

Los jóvenes dentro del sistema, marcados por la violencia y el abuso en muchos casos, padecen “excesivas” esperas médicas, tanto en Montevideo como en el interior, de “hasta ocho meses para una primera consulta”. Los problemas de salud mental son visibles, sobre todo ante el “daño acumulado”. Hubo 190 intentos de suicidio en el último año en los centros.

Más de la mitad (56%) de los centros de protección tuvo en el último mes un joven “hospitalizado” por razones de salud mental. También en más de la mitad (53%) de los centros hubo “situaciones de intento de autoeliminación”. Y en el mismo porcentaje estaban esperando el traslado de un joven a un centro especializado en salud mental o discapacidad.

“En promedio, los centros deben esperar nueve meses para que se concrete el traslado solicitado, y en algunas situaciones se han superado los 18 meses”, se afirmó en el reporte, que planteó la necesidad de una atención personalizada de salud mental, sostenida en el tiempo y de cercanía en el territorio.

Vinculado con la educación de los jóvenes, el informe advirtió por un “trato estigmatizante” en los centros educativos, que se tradujo en “reducciones horarias” para los niños y adolescentes por el “desajuste de la conducta esperada”, sobre todo en las escuelas especiales.

También se reportaron problemas en la asistencia escolar de estos jóvenes, sobre todo por “situaciones de consumo problemático y padecimientos de salud mental”. Y al mismo tiempo, se vio la “ausencia” de estrategias para acompañarlos en estos problemas, tanto desde INAU como en los centros educativos.

Además se marcó la exposición a situaciones de explotación sexual. El 35% de los centros registró estas situaciones como motivo de ingreso al sistema de protección. Y el 39% de los centros reportaron la sospecha de que sus jóvenes se habían “vinculado a situaciones de explotación sexual o trata”.

El informe agregó que cuando un joven no retorna al centro a una hora estipulada, se considera “salida no acordada”, y se realiza una denuncia policial, pero sin valoración de riesgo. Esto no permite diferenciar quienes están expuestos a situaciones de violencias, abusos, captación de redes de explotación sexual, trata o narcotráfico, y los que no.

En el 73% de los centros se reportaron salidas no acordadas en los últimos seis meses. El reporte constató desapariciones que se extendieron “de seis meses hasta el año, constituyendo situaciones muy graves”.

Entre los centros que reportaron que tenían al menos joven en salida no acordada en el último mes, en más de la mitad de estas situaciones “no se tenía conocimiento del paradero”, pero se consideraba que esa persona se encontraba “en riesgo”.

A la “ausencia” de una accionar articulado a nivel de organismos públicos para hacer una búsqueda activa de estos jóvenes, se suman las “escasas” herramientas interinstitucionales para la “protección” de los jóvenes.

En cuanto al acceso a la Justicia, se reportaron “demoras en los tiempos de investigación y la resolución de condena a los responsables”. Con casos que van desde la revinculación familiar por orden judicial “sin las garantías mínimas”, a egresos de adolescentes con personas mayores, pese a contravenir la normativa.

"El principal desafío es construir un sistema de protección que efectivamente proteja a las niñas, niños y adolescentes atendidos, que tenga la capacidad para interrumpir las vulneraciones que originan su ingreso y que, al mismo tiempo, repare el daño, restituya derechos y favorezca las condiciones para que puedan desarrollarse integralmente en el menor tiempo posible", remarcó el informe.