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Piden archivar caso Marset por entender que no hubo delito en entrega del pasaporte: ¿cuáles son los argumentos?

En un escrito que presentó el abogado Jorge Barrera ante el fiscal Alejandro Machado se hace referencia al tiempo transcurrido desde que se inició la investigación sin que se encontrara aún irregularidades.

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Jorge Barrera
Jorge Barrera.

El abogado Jorge Barrera, defensor de una de las personas indagados en el caso de la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset, presentó en las últimas horas un escrito ante la Fiscalía solicitando el archivo de esta investigación.

Según indicaron fuentes judiciales a El País, el defensor de Pauline Davies —quien durante el trámite que inició Marset para obtener el documento estando preso en Dubái era directora de Asuntos Consulares de la Cancillería— entiende que el tiempo transcurrido desde que se comenzó a investigar ya ha sido más que suficiente (un año y medio) y que de momento no se encontró ninguna violación de tipo penal.

De hecho, Barrera especificó que la entrega del documento —en noviembre de 2021— fue respetando la legislación vigente y sin que hubiera “ningún impediente legal” para otorgar el pasaporte al narcotraficante que entonces se encontraba detenido por portar documentación paraguaya apócrifa.

Asimismo, Barrera definió en su escrito —que lo analizará el fiscal del caso, Alejandro Machado— que el debate jurídico que se ha dado hasta entonces en el marco de esta investigación no ha conducido a ninguna parte y tampoco tiene en su conclusión —cualquiera sea— “reproche legal” alguno: a saber, quién es el responsable administrativo de otorgar un pasaporte en el exterior, si la Cancillería o el Ministerio del Interior. Sobre esto están planteadas las dos posturas, pero el fiscal Machado entiende que quien otorga el pasaporte cuando este es solicitado fuera de fronteras es el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Barrera, según supo El País, planteó también que, en el caso puntual de su clienta, la jerarca actuó ajustada a derecho y que nadie podía exigirle que actuara en forma “arbitraria” interfiriendo en un trámite iniciado en regla y con el solicitante cumpliendo “los requisitos legales” para obtener su pasaporte, o que incluso asumiera ella misma un rol policial que no le correspondía. Esto en relación a que su defendido en su momento informó a Interpol sobre la situación del narcotraficante mientras se desarrollaba este trámite.

La entrega del pasaporte tiene a varios indagados más, entre ellos los exministros Luis Alberto Heber y Francisco Bustillo, quienes hasta pocos días atrás conducían el Ministerio del Interior y la Cancillería, respectivamente. Asimismo, están indagados los exsubsecretarios Guillermo Maciel (Interior) y Carolina Ache (Relaciones Exteriores). Todos estos han renunciado a sus cargos tras cuestionamientos de parte de todo el arco político.

Desde la semana pasada hay, además, una segunda línea de investigación que abrió el propio Machado, para indagar si hubo delito en el intento del gobierno de Luis Lacalle Pou de no otorgar a la Justicia un intercambio vía WhatsApp entre Ache y Maciel sobre la peligrosidad de Marset mientras tramitaba el pasaporte, y para determinar si efectivamente el asesor presidencial Roberto Lafluf destruyó un documento con estos mensajes que ya formaba parte de un expediente de la Cancillería, tal como declaró Ache en Fiscalía.

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