En un comunicado emitido este martes, la Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay se manifestó en forma crítica sobre los hechos que vienen ocurriendo en los últimos días en la Fiscalía General de la Nacióny el traslado de la fiscal Gabriela Fossati anunciado ayer. El texto expone "su profunda preocupación por las situaciones que se vienen generando y que afectan sustancialmente la imagen, credibilidad y funcionamiento" del organismo.

Esto, para la asociación, "demuestra la necesidad imperiosa que el sistema político adopte las medidas adecuadas para terminar con este estado e imagen de caos institucional".

Los letrados manifiestan además que no comparten "los criterios de digitación de fiscales y casos mediante traslados que no están basados, exclusivamente, en las normas que habilitan la abstención, excusación y recusación de los funcionarios". "No son argumentos válidos los invocados conflictos interpersonales entre fiscales, los propios pedidos de apartamiento del fiscal natural (que no se fundamenten exclusivamente en las causales legales) o el relacionamiento de los fiscales que integren “las cuartetas de turno”, puesto que esas causas no están previstas en la ley", agrega el texto. Estos puntos fueron los mencionados por el fiscal de Corte, Juan Gómez, como los que llevaron a definir el traslado de Fossati de la Fiscalía de Flagrancia de 12° turno a la de 16°.

La Asociación de Penalistas cuestiona también que han existido "acciones públicas y mediáticas de determinados actores de organizaciones políticas y sociales" que propician un "ambiente controversial que luego es utilizado para explicar decisiones de traslado de los fiscales".

"Cierto es que en el escándalo mediático vienen teniendo injerencia los propios fiscales mediante constantes declaraciones a la prensa, el uso y abuso de twitter y otras redes sociales que va en contra de las recomendaciones internacionales de prudencia sobre cómo deben comportarse en esos ámbitos este tipo de funcionarios públicos", agrega el comunicado.

En opinión de los penalistas, lo que está ocurriendo actualmente es un "triste fenómeno de 'farandulización' del sistema de Justicia".

Además de este punto, critican que los traslados de fiscales "generan una distorsión en el funcionamiento de las fiscalías puesto que estos cambios hacen que los nuevos titulares tengan que adaptarse al equipo de la fiscalía a la que llegan, reagendar audiencias y/o tomar conocimiento de los nuevos casos, lo que ocasiona otra nueva demora que afecta a víctimas, imputados y defensores de los casos existentes en ambas oficinas".

"El Sistema de Justicia, que integra la Fiscalía General, sólo puede tomar decisiones motivado en el cumplimiento de la ley, no en el ruido mediático que pueda ser generado por sectores interesados en los distintos casos", agregan los penalistas.

En la parte final de su comunicado, la Asociación, que es presidida por el abogado Juan Fagúndez, enumera tres acciones que, entiende, debe tomar el sistema político:

• "Implementar las reformas del Código del Proceso Penal que otorgue más garantías a víctimas, imputados y defensores a cuyos efectos hemos presentado ante el Parlamento nuestras propuestas"
• "Regular las incompatibilidades de los funcionarios que dejan sus cargos con las materias o las instituciones donde han ejercido cargos de poder"
• "Designar un fiscal de Corte y procurador general de la Nación que termine con esta situación de provisoriato que no hace bien al Sistema de Justicia, a la Fiscalía General, ni a quien hoy ocupa ese cargo".

Este es el comunicado completo de la Asociación de Penalistas.