Redacción El País
Hace dos años, el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) ordenó una investigación administrativa para esclarecer la “errónea” liberación el 30 de mayo de 2021 del recluso Maycol Orgiola, quien debía quedar excarcelado hasta el 30 de julio de 2023 por haber sido condenado por delitos violentos. Así lo señala un expediente del Juzgado de Ejecución y Vigilancia de 4° Turno de Montevideo al que accedió El País.

El 29 de abril de 2021, el Juzgado Letrado de Chuy de 1er Turno, cuya titular es la jueza Susana Mattos, envió un oficio al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) informando que la liquidación de pena de Orgiola por “un delito de autoevasión” vencía el 30 de mayo de ese año.

Dos meses más tarde, el 28 de junio de 2021, un oficio del Juzgado de Ejecución y Vigilancia de 4° Turno de Montevideo comunicó al INR que el nuevo vencimiento de pena para Orgiola “por una rapiña” era hasta el 30 de julio de 2023.

Además de rapiña, Orgiola había sido condenado por la jueza Mattos por tráfico interno de armas, porte de arma de fuego y receptación. Debía cumplir cinco años de penitenciaría. Fue enviado al penal de Santiago Vázquez, hoy llamado Complejo de Unidades.

Es decir, pese que la Justicia le imputó todos esos delitos, Orgiola fue liberado el 30 de mayo de 2021. O sea, dos años y dos meses antes de que cumpliera la pena, según consta en el expediente judicial al que accedió El País.

Tras detectar el error, un fallo del Juzgado de Ejecución y Vigilancia de 4° Turno dispuso “el inmediato reintegro” de Orgiola a prisión. Así, libró una orden de captura nacional e internacional (alerta roja) “en carácter urgente”, haciendo constar su carácter de condenado y de que debía “cumplir el saldo de pena pendiente”. Posteriormente, se remitió un documento a la Fiscalía de Flagrancia para que investigara los motivos por los que Orgiola quedó libre mucho antes de lo previsto en una sentencia.

Ante la irregularidad constatada, el INR inició una investigación administrativa, la que concluyó que “no surgen elementos” que puedan responsabilizar por el accionar a funcionarios del Complejo de Unidades, dado que los oficios emitidos por los juzgados hicieron referencia al preso Maycol Orgiola y a la necesidad de liberarlo.

Otro informe del INR coincide con las conclusiones de la investigación administrativa. “Se concuerda con las conclusiones del dictamen confeccionado por el instructor (de la investigación administrativa), no habiéndose encontrado dolo, negligencia o cualquier tipo de intencionalidad de los funcionarios, habiendo sido inducidos a error por una comunicación defectuosa del Juzgado”. El informe fue firmado por el Coordinador General del Complejo de Unidades N° 4, el comisario Jorge Camargo.

Lo que viene después parece extraído de una película. El 13 de abril de 2023, luego de estar dos años prófugo, Orgiola contrató a dos abogados de Rocha para que lo representaran, según consta en el expediente.

Ante esta situación, la jueza de Ejecución de 4° Turno, Viviana Galletto Farro, dispuso el 15 de junio de este año que las defensas de Orgiola debían informar el domicilio actual de su defendido “teniendo en cuenta” que sobre él pesa una orden de captura nacional e internacional.

El 15 de julio pasado, un mes después de este reclamo, la jueza Galletto Farro señaló, en el expediente, que las defensas del recluso fugado no concurrieron a la sede a brindar información del domicilio del penado, lo que se informó a la Fiscalía para que tomara medidas si correspondían.

Una de las defensas de Orgiola respondió a la magistrada que “desconocía” el paradero de su cliente, ya que este la había llamado por teléfono para asesorarse sobre su “futura” entrega a la Policía. Esto no llegó a efectuarse y Orgiola, a más de dos años de su errática liberación, continúa prófugo.