MAYORES DE EDAD CÓMPLICES

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El avance de la “Operación Océano” agrega ahora un nuevo elemento clave: por lo menos tres adultos cobraron giros que fueron enviados por imputados a tres adolescentes como retribución.

Según dijeron abogados defensores a El País, en las declaraciones de las víctimas en la Fiscalía surgen elementos de la eventual complicidad de adultos, los que recibieron el dinero en locales de cobranzas.

Mirna (nombre ficticio) declaró en calidad de víctima ante la fiscal adjunta de Delitos Sexuales Giuliana Realini. Dijo que un empresario la contactó a través de la página web Locanto y que luego la llevó a un hotel de Carrasco. “En el hotel no me pidieron documentos. El empresario no me conocía por mi nombre verdadero. Hubo intercambio en ocho ocasiones”, relató la víctima.

La chica sostuvo que una de sus amigas, Micaela (nombre ficticio), fue contactada por el mismo empresario. “Él le giraba dinero a la cuenta de la madre de mi amiga. Eso me lo dijo él”, testificó.

Otro caso también fue protagonizado por Mirna. En un escrito presentado por el abogado Nicolás Pereira ante el Tribunal de Apelaciones, se expresa que la víctima, entonces de 17 años, le escribió a su defendido: “¿Qué hacés hoy?”.

El hombre, de 71, le respondió: “Tengo que hacer familia. Pero no es lo que quisiera. Sería un día ideal para pasarlo juntos. Pero debo ser paciente y hacer las cosas bien”.

La adolescente le envió un video de ella. Luego le pidió que le pagara la compra de un pantalón y de un collar por la suma de $ 2.800. “Después, la próxima vez que nos veamos no me das esa plata”, dijo la chica según el escrito.

El imputado accedió y le giró los $ 2.800. Lo cobró un adulto. Cuando le confirmó el pago, le pidió a la adolescente: “Mandame una foto de tu linda carita, gracias”.

Otro caso en el que adultos cobraban giros de dinero de explotadores sexuales tiene como víctima a una adolescente de 13 años que reside en Pando. La llamaremos Julia.

El drama de la menor salió a la luz cuando desapareció durante varios días. Su madre vio una foto suya en una red social con una pastilla de éxtasis en la boca y en compañía de adultos desconocidos en Atlántida. Denunció la desaparición en la Seccional 7ma. de Pando. Una de las amigas de la chica declaró luego en la sede policial: “Yo me enteré hace una semana que Julia tenía descargada la aplicación Seeking para encontrar gente mayor de edad que te pague las cosas (ropas y calzados) a cambio de tener relaciones o para que los acompañes a fiestas. Y me pedía la cédula para recibir plata que los tíos le mandaban”, explicó.

Después agregó: “Hace un mes aproximadamente que recibe plata; una vez $ 3.000 y otra vez cerca de $ 2.000. La giran por redes de cobranzas. Ella falsificaba mi firma”.

Los giros refuerzan las hipótesis de las defensas sobre que personas allegadas a las víctimas tenían conocimiento o suponían que las adolescentes eran explotadas sexualmente por hombres de elevado poder adquisitivo o que intentaban obligarlas a prostituirse en su beneficio. La Justicia ya procesó a un individuo por proxenetismo en el marco de la “Operación Océano”.

Los abogados defensores también consideran que podría haber complicidad de adultos que hacen “vista gorda” a la explotación de las adolescentes. Por ello, los penalistas solicitaron a la fiscal del caso, Darviña Viera, que libre un oficio al Banco Central del Uruguay para que se les informe sobre las cuentas bancarias existentes entre diciembre de 2018 y la actualidad, donde figuren como titulares un familiar y una víctima. También pidieron los movimientos bancarios efectuados en ese lapso.

La fiscal Viera rechazó el pedido de las defensas.

Según una fuente del caso, en esa cuenta “se depositaban” los pagos realizados por los imputados a la adolescente. “Se trata de una cuenta interna. La abrió un familiar mayor de edad y la manejaba la chica. Algo tenía que saber ese familiar sobre lo que le ocurría a la chica”, agregó la fuente. Y añadió: “En un momento en esa cuenta llegó a haber $ 50.000”.

Con solo el caso de una víctima, la fiscal Viera logró la imputación de 31 personas de buena posición económica. Los procesados son empresarios, comerciantes, un diputado suplente del Partido Colorado, un ex juez penal y un catedrático de Derecho. Uno de los imputados ya alcanzó un acuerdo de juicio abreviado con la Fiscalía: admitió que cometió el delito de promesa o retribución económica a una menor a cambio de actos eróticos y logró una reducción de la pena. La “Operación Océano” se transformó en la mayor investigación de explotación sexual de la historia del país.

Citaron ayer a dos empresarios por una segunda víctima

La fiscal de Delitos Sexuales, Darviña Viera, solicitó a la jueza Adriana de los Santos que convoque a una audiencia en forma urgente a dos imputados por la “Operación Océano” en calidad de indagados.

Los dos citados son empresarios.

“La solicitud se fundamenta en que la Fiscalía tomó contacto con una nueva víctima que involucra a dos personas y solicita dicha audiencia a los efectos de pedir medidas de protección”, dice el escrito de la Fiscalía al que accedió El País.

Se le pidió, entonces, a De los Santos, que decretara medidas como la prohibición de que se acerquen a la víctima.

La “Operación Océano” tuvo cinco grupos de sospechosos: aquellos individuos que incurrieron en un delito de retribución económica a menor de edad a cambio de actos eróticos; los que entregaron a las víctimas dinero y drogas; los que solo dieron estupefacientes; los que prometieron pagar y aquellos que se quisieron aprovechar de las chicas.

El caso judicial puede dura unos dos años. Hasta el momento, la fiscal Darviña Viera logró la imputación de 31 personas en base al testimonio y los “chats” entre los imputados y la víctima, entre otras evidencias.

Semanas atrás, la Fiscalía de Delitos Sexuales emitió un video en el que solicitaba que víctimas de explotación sexual adolescente o aquellas personas que tengan información sobre esta temática se comuniquen a la línea de teléfono 091 507 531.

Hasta el momento se presentaron 19 adolescentes. Ello supone que el número de imputados crecerá con el correr de las semanas. Algunos de los que ya lo fueron, también se relacionaron con otras víctimas, lo que complica su situación judicial.